PLANETA CANARIO
El Gobierno de Pedro Sánchez, y en particular el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sigue sin dar una solución al caso de un agricultor palmero que perdió casi todo bajo la lava del Tajogaite y al que un Juzgado y el Defensor del Pueblo han reconocido su derecho a mantener la prestación por cese de actividad hasta que pueda volver a vivir de su cosecha.
Su hija, Patricia Suárez Calero, lleva dos años de lucha constante. Pese a haber obtenido una sentencia favorable —dictada en septiembre de 2024 por el Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife— y una resolución del Defensor del Pueblo, así como el respaldo unánime de la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, su padre continúa sin percibir una ayuda que, según afirma, “por sentido común, pero también por justicia”, le corresponde.
La solución exige una modificación de la normativa estatal mediante un cambio con rango de ley, una decisión que debe adoptar el Consejo de Ministros y convalidar posteriormente el Congreso.
Mientras esa modificación no se produzca, el caso permanece encallado a pesar de que el agricultor logró salvar solo un 25% de sus plataneras, mientras que el 75% restante quedó sepultado por lava y ceniza, lo que le ha impedido resembrar las fincas que durante décadas sostuvieron a la familia.
La sentencia obtenida por Patricia, graduada social de profesión, reconoce que su padre tiene derecho a la ayuda extraordinaria por cese de actividad prevista en el real decreto ley que prorrogó las medidas excepcionales tras la erupción, con efectos económicos desde el 1 de julio de 2023 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, por un importe equivalente al 70% de la base mínima de cotización hasta que obtenga una nueva cosecha.
Sin embargo, la mutua recurrió el fallo en octubre de 2024 y la resolución aún no es firme. Aunque lo fuera, solo cubriría los primeros seis meses de una situación que se prolonga ya durante años, lo que obligaría a esta familia palmera a iniciar nuevos procedimientos judiciales si no se modifica la normativa. Por ello, Patricia sostiene que “la ayuda debe reconocerse con efectos retroactivos, porque mi padre no ha tenido ingresos desde que el volcán se llevó nuestras fincas”.
En estos dos años, asegura haber llamado “a todas las puertas posibles”: ministerios, mutua, Cabildo de La Palma, Gobierno de Canarias y Gobierno estatal. Entre sus reuniones figura incluso la mantenida con el comisionado para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, según explica Patricia a ElValledeAridane.com, la web solidaria editada por Tierra Bonita gracias al libro benéfico Las otras historias del volcan.
Confiaba en que el caso de su padre se incluyera en el real decreto ley aprobado el 25 de noviembre, que permite al Gobierno canario emplear remanentes para indemnizar con 100 millones de euros a los agricultores, prorroga la suspensión de créditos y amplía la bonificación del 60% del IRPF.
Según explica la hija del afectado, “ese habría sido el momento ideal para incluir también la modificación que permita restablecer las ayudas por cese de actividad a quienes no tienen ingresos mientras esperan la cosecha y reconstruyen sus fincas, y hacerlo además con carácter retroactivo; pero nos han vuelto a ignorar y mi familia está muy indignada”.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, dio por finalizadas por ahora sus actuaciones después de que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones respondiera por escrito que asumía la recomendación de restablecer estas ayudas incluso de forma retroactiva para quienes, aun reanudando parcialmente la actividad, no tienen ingresos hasta recoger la fruta replantada.
Sin embargo, el propio Ministerio dirigido por Elma Saiz reconoció que la solución requiere una norma con rango de ley, como se ha hecho para otras catástrofes, incluida la del Tajogaite.
La Secretaría de Estado añadió que su aprobación podría “resultar dificultosa por la actual aritmética parlamentaria”, algo que Patricia interpreta como “otra excusa más”, y lamenta que “a veces pienso que no sirve de nada hablar con los políticos, porque no parecen interesados en los problemas reales; mientras tanto, una familia como la mía sufre las consecuencias de una norma injusta”.
Critica también la falta de eficacia de las oficinas de atención a damnificados, porque según afirma “se abren para dar información, pero cuando vas no saben nada, en lugar de servir para recoger los problemas reales, hacerles seguimiento y promover cambios normativos que reflejen la diversidad de situaciones que vivimos los afectados”. Insiste en que “no somos números, somos personas con nombre y apellidos que seguimos sufriendo el postvolcán en carne propia”.
El Defensor del Pueblo concluyó en junio que el Ministerio aceptó parcialmente su recomendación y anunció que mantendrá la vigilancia sobre la adopción de medidas que permitan que la prestación por cese de actividad cubra las distintas situaciones de vulnerabilidad generadas por catástrofes naturales.
Patricia rechaza que este sea un caso aislado y asegura que “no es cierto que mi padre sea el único afectado; él no fue el único agricultor que cobró el cese de actividad por suspensión total de la actividad”.
Sostiene que el problema pudo haberse resuelto en el real decreto de diciembre de 2023, que mantuvo una regulación deficiente, y le resulta frustrante que “incluso admitiendo el error, la Seguridad Social no lo haya corregido, pese a que hablamos de importes muy pequeños comparados con otras ayudas, y que esta prestación sale de los propios fondos de este organismo público”.
Ella y el resto de su familia se siente hoy abandonada por los políticos. Patricia asegura que “los integrantes de la Comisión Mixta para la Reconstrucción ya ni contestan; antes decían que lo iban a proponer, que es una idea interesante y que no ven impedimentos, pero la realidad es que nadie ha resuelto esta injusticia, y como ya no tienen excusas ni se ha incluido el caso de mi padre en el decreto ley, han cortado la comunicación conmigo; es lo que me ha llevado a tener que denunciar de nuevo públicamente esta situación”.
Afirma además que tiene constancia de que esta Comisión “nunca se puso en contacto con el Ministerio para abordar el caso”, lo que le lleva a preguntarse “para qué queremos representantes políticos si luego no trasladan las peticiones ni resuelven los problemas de los ciudadanos”.
Recuerda también que su padre arrastra retrasos en otras ayudas a los plataneros, como las indemnizaciones por pérdida de renta desde 2023. Considera que la bonificación del 60% del IRPF “no beneficia en nada a los pequeños agricultores porque tienen ingresos muy bajos y Hacienda ya les devuelve casi todo lo retenido”, y que la moratoria de créditos “no sirve de nada a quien no tiene ingresos y a quien ningún banco le va a prestar”. Además, las anunciadas indemnizaciones de 100 millones para fincas afectadas “son una tapadera para seguir dejando fuera los abonos por pérdida de renta desde 2023”.
Patricia cree que ninguna Administración ha sabido atender las necesidades reales de los pequeños agricultores afectados y cuestiona “por qué las ayudas al comercio o al turismo se gestionaron con mucho menos retraso, cuando la isla vive sobre todo de la agricultura”.
Recuerda que la erupción fue “una catástrofe de enorme magnitud” y que recuperar suelo, infraestructuras y fincas es un proceso lento y costoso.
A pesar del cansancio emocional y económico, la familia continúa esperando por una decisión política que ya está fuera de duda que es justa y necesaria. Han luchado desde cero, muchas veces en soledad, y no van a tirar la toalla, por lo que aún mantienen la esperanza (basada en su propia resistencia en seguir defendiendo sus derechos) de que su situación encuentre por fin una salida.
Patricia resume ese sentimiento en una frase: “Nos lo han puesto muy difícil, hemos sufrido económicamente mucho, pero no vamos a desfallecer hasta que nos escuchen de una vez el Gobierno de Pedro Sánchez y aprueben la modificación legislativa que reclamamos”.
