VICENTE PÉREZ
La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, ha resuelto ya de forma definitiva la declaración como «suelo contaminado para cualquier tipo de uso» de las parcelas afectadas por la actividad del campo de tiro de Ajabo, ubicado en las proximidades del barranco de igual nombre, en Adeje.
Así lo ha informado la Asociación de Amigos para la Defensa de Ajabo, el colectivo que presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra el Ayuntamiento de Adeje y el Consejo Insular de Aguas (organismo adscrito al Cabildo de Tenerife) por este campo de tiro.
Las diligencias fueron archivadas pero luego reabiertas por entender que los hechos pueden ser constitutivos de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La reapertura de la investigación judicial se produjo a raíz de una queja presentada por los denunciantes ante la Fiscalía General del Estado.
Según la asociación, el personal contratado por la Consejería ha determinado ya que se registran valores superiores a los establecidos para metales como el arsénico, animonio y plomo, debido a los residuos de munición encontrada, así como residuos de hidrocarburos que superan los límites establecidos por la gran cantidad de platos arrojados durante el tiempo de uso del campo de tiro. Esto podría ocasionar a los ecosistemas una situación de riesgo debido a las concentraciones de arsénico, animonio, plomo y de los hidrocarburos policíclicos aromáticos.
Cierre definitivo y un mes para el proyecto de descontaminar
De acuerdo con una nota de prensa del colectivo denunciante, la resolución del Gobierno canario anula todas las autorizaciones administrativas para cualquier actividad en la zona y obliga al Ayuntamiento de Adeje a realizar las tareas de limpieza y descontaminación de la zona, para lo que dispone de un mes para que presente ante la Dirección General de Protección de la Naturaleza un proyecto de limpieza y descontaminación acorde a los criterios establecidos al efecto, el cual debe contar con la aprobación de este organismo autonómico.
Asímismo, según la misma fuente, se exige al Ayuntamiento y al Consejo Insular de Aguas que realicen las gestiones necesarias para impedir el acceso de personas a la zona, debido al «gravísimo riesgo» que existe para la salud humana para cualquier viandante.
La Asociación Amigos en Defensa de Ajabo critica duramente en su comunicado a las administraciones involucradas en este caso «por su dejadez y cabezonería de mantener una actividad y unas instalaciones, altamente contaminantes». Un asunto que vienen denunciando desde hace más de cinco años, y se quejan de que solo han obtenido «silencio y reproches».
Primera vez que en Canarias se declara contaminado un suelo
Es así, lamenta este colectivo ciudadano, como se ha llegado ·a las graves consecuencias de esta situación, pues es la primera vez en Canarias que se declara un suelo contaminado y, a nadie le gusta que eso ocurra, y mucho menos en el municipio donde reside».
Por ello, estos vecinos piden al Ayuntamiento «que deje de poner obstáculos y proceda a la limpieza y descontaminación lo antes posible, prestado la máxima colaboración a la Consejería competente con el fin de minimizar, si esto es posible, el daño ocasionado».
Este grupo de ciudadanos hace una valoración «positiva» de la resolución gubernamental, pues con este acto queda cerrado el campo y suspendidas las actividades de tiro al plato y anuladas las licencias administrativas, lo que supone que no volverá abrirse.
Los denunciantes quieren que las causas judicial sigan abiertas
Pero al mismo tiempo, ven con «desilusión» comprobar que se ha llegado a tener un espacio natural contaminado «por el capricho de unos pocos, dañando gravemente el medio ambiente» y por «haber comprobado cómo los representante públicos, en lugar de proteger el entorno, se dedicaron al enfrentamiento y la cabezonería contra un grupo de vecinos que lo que persiguió desde el principio era la defensa y conservación del espacio natural».
Dejan claro los miembros de este colectivo que «continuarán vigilantes y atentos para que esta resolución se cumpla, especialmente en la parte de limpieza y descontaminación», al tiempo que harán todo lo posible por que continúen abiertas las causas judiciales, «sin descartar que se abra alguna más», ya que, aseguran, son «conscientes de que ningún cargo público va a asumir su responsabilidad política por lo que tendrán que asumir y acatar las decisiones judiciales por este grave delito ambiental.
