PLANETA CANARIO
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha asegurado este lunes que la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de estudiar la inclusión del conocido como Monumento a Franco en el catálogo municipal de patrimonio no tendrá efecto sobre el procedimiento iniciado por el Gobierno de España para su retirada.
Paralelamente, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMHT) ha rechazado con dureza la iniciativa municipal, al considerar que constituye una maniobra para retrasar el cumplimiento de la legislación de memoria democrática.
Torres respondió así al anuncio realizado por el alcalde santacrucero, José Manuel Bermúdez (de CC, que cogobierna con el PP), tras la reunión del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, en la que se acordó iniciar el estudio para conceder a la escultura un grado de protección integral por sus posibles valores artísticos.
El ministro, en declaraciones recogidas por EFE, restó trascendencia a esa decisión y afirmó que «no paraliza absolutamente nada» el expediente de retirada impulsado por el Ministerio de Memoria Democrática. «Estamos ante una vuelta de tuerca de un tornillo que ya no es capaz de sujetar nada», manifestó.
Bermúdez, en declaraciones a la RTVC, ha manifestado que el Ministerio «en su obsesión por retirar este monumento, se ha apresurado, y ha dado una instrucción al Ayuntamiento solamente valorando que el Gobierno de Canarias no puede nombrarlo BIC, porque así lo ha considerado una comisión técnica, pero es que hay otros grados de protección» posibles.
Torres recordó que el Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias ya concluyó que la escultura no reúne méritos suficientes para ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC), un criterio que, según indicó, coincide con el emitido por la comisión de expertos designada por el Gobierno de España.
A su juicio, el monumento constituye una exaltación del franquismo y cuestionó que el Ayuntamiento solo haya promovido ahora su posible catalogación patrimonial. «Si realmente consideraban que tenía valores artísticos, ¿por qué no iniciaron este procedimiento antes?», se preguntó.
El ministro fue aún más contundente al afirmar que la obra «no se debió construir nunca» porque, en su opinión, rinde homenaje a un dictador responsable de un golpe de Estado militar y de una dictadura marcada por la represión.
Por ello insistió en que el procedimiento administrativo continuará hasta su retirada y consideró que el alcalde debería respaldar esa decisión en lugar de intentar mantener la escultura en un espacio público.
«Escandalosas excusas para no retirar un monumento a un dictador»
Las declaraciones de Torres coinciden con la reacción de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, que ha calificado de «escandalosa» la decisión del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de estudiar la protección del monumento tras fracasar el intento de obtener la declaración de Bien de Interés Cultural.
La presidenta de la entidad, Mercedes Pérez Schwartz, lamentó que, «a casi veinte años de la Ley de Memoria Histórica y tras el reciente aniversario del golpe militar de 1936», las administraciones sigan buscando fórmulas para mantener un monumento que, a su juicio, supone una ofensa para las víctimas del franquismo y sus familiares.
La ARMHT recuerda que ya presentó alegaciones al expediente del nuevo catálogo municipal de protección patrimonial y asegura que el Monumento a Franco no figuraba inicialmente entre los bienes propuestos para su catalogación, por lo que afirma haber recibido con sorpresa la decisión adoptada por el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico.
Asimismo, la entidad reclama al Gobierno de Canarias que concluya el Catálogo Canario de Incumplimiento de Elementos Franquistas, cuya tramitación comenzó en 2021, y denuncia la falta de respuesta a las solicitudes de reunión presentadas por la asociación.
Finalmente, la organización anuncia que las familias de víctimas de la dictadura solicitarán al Ministerio de Memoria Democrática mecanismos de apoyo jurídico para poder intervenir en los procedimientos relacionados con el cumplimiento de la normativa memorialista, al considerar que carecen de recursos suficientes para afrontar posibles litigios si prosperan iniciativas dirigidas a mantener símbolos franquistas en espacios públicos.
