VICENTE PÉREZ
Al menos dos contrataciones para el alumbrado público en el Ayuntamiento de La Laguna han provocado en los últimos meses que la oposición municipal, cada grupo con su matiz, haya puesto el foco en esos expedientes ante indicios de que podrían existir presuntas irregularidades.
En este amplio reportaje PLANETA CANARIO va a recopilar lo que se sabe hasta ahora de estas adjudicaciones, una del año 2023, dotada con 900.000 euros (en un 85% de financiación europea DUSI), y que la empresa Effico ha recurrido ante el Tribunal Superior de Canarias, y otra de 2025, por importe de 18,5 millones, de momento recurrida, por la misma entidad mercantil, ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias.
Como ya publicara este diario, hasta ahora, toda la oposición municipal, con diferentes matices, ha exigido explicaciones: el PP, que está dispuesto a promover una comisión de investigación; VOX, que confiesa que está «muy preocupado» por la información que va conociendo; Unidas Se Puede, que fue el primer grupo en pedir los expedientes; y Drago Verdes Canarias, al que «no extrañaría que las acusaciones de irregularidades se confirmasen».
El gobierno municipal que preside en este y en el pasado mandato el alcalde socialista Luis Yeray Gutiérrez asegura que todo se ha tramitado por la senda de las leyes y defiende la honorabilidad de sus funcionarios.
Pero los pormenores que se conocen ya de estos casos, publicados en Canarias 7, El Día y ABC, además de la información recabada por PLANETA CANARIO, invitan a pensar que la polémica no se cerrará hasta que se aclaren numerosas incógnitas, y también hasta que los tribunales dicten sentencia. Sin embargo, todo este asunto podría no circunscribirse a la jurisdicción contencioso administrativa, sino acabar en la vía penal, según fuentes empresariales conocedoras del caso.
Un contrato presuntamente inflado 372.000 € para luminarias LED
El Ayuntamiento de La Laguna adjudicó en mayo de 2023, por procedimiento urgente, negociado y sin publicidad, un contrato de casi 900.000 euros a Imesapi, con cargo a los fondos europeos DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado).
Effico ha recurrido esta licitación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por considerar que el expediente está lleno de irregularidades que lo vician de nulidad de pleno derecho.
El objetivo del contrato, ya ejecutado, era cambiar, en barrios de la denominada zona EDUSI de La Laguna (El Cardonal, Las Chumberas, Ofra), un total de 1.444 luminarias de vapor de sodio por otras de tecnología LED, pero la realidad es que el 48 % ya habían sido sustituidas por otras de bajo consumo (LED) por la actual empresa contratista del alumbrado público lagunero. Esto significa que el Ayuntamiento, en un periodo de pocos años, pagó dos veces por poner luminarias LED en los mismos puntos de luz.
También llama la atención que la Concejalía de Servicios Municipales invitó a participar en la licitación a dos empresas del mismo grupo (Imesapi y Lumican-Etra) y una tercera, Emelsa, que no cumplía con los requisitos de solvencia exigidos para esta contratación, según la parte litigante.
Emelsa posteriormente se asociaría en una UTE con Imesapi para presentarse al concurso de mantenimiento del alumbrado público en La Laguna, y que ha resultado la adjudicataria de este contrato quinquenal de 18,5 millones de euros, según anunció el Ayuntamiento el 30 de abril de 2025.
Asimismo, resulta también extraño que las tres empresas invitadas presentaran ofertas a la baja anómalamente pequeñas, pero especialmente la de la empresa que se hizo con este contrato, apenas un 0,2 % de baja (839.290 € sin IGIC) frente a los 841.121,49 € del precio base, es decir, solo 1.831 € menos. Lo normal en este tipo de contrataciones es una rebaja de al menos el 20 %, según certifica el citado informe pericial.
Se da la circunstancia de que la jefa de servicio de dicha Concejalía y el delegado de la empresa adjudicataria son cónyuges. Aunque la funcionaria se abstuvo formalmente en este procedimiento, mantuvo su jerarquía respecto a los técnicos que lo gestionaron.
URGENCIA «INJUSTIFICADA Y ARBITRARIA”
A la empresa que presentó el recurso ante el TSJC le llama poderosamente la atención que el Ayuntamiento tramitara por vía urgente el cambio de luminarias alegando que tenía que mejorar la eficiencia energética para cumplir con la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética y para paliar las dificultades por la guerra de Ucrania. Para ello invoca que el Real Decreto-ley 14/2022, dictado por el Gobierno estatal a raíz de este conflicto bélico, permite adjudicar obras por la vía urgente.
Pero aún más llamativo en este sentido es que el jefe de Sección municipal, en un informe fechado en diciembre de 2023, justifica esta urgencia de no sacarlo a concurso por procedimiento abierto, como correspondería por importe y naturaleza de su objeto, «por “la elevada carga administrativa que se avecina con la tramitación de todos los expedientes de la Estrategia DUSI y el escaso marco temporal para la ejecución de los fondos destinados”.
Al respecto, según la parte denunciante ha expuesto ante el TSJC, no hay en la legislación de contratación pública ningún precepto que ampare el procedimiento negociado sin publicidad para evitar perder una subvención, cuando además la urgencia se debe a una falta de planificación del Ayuntamiento (que desde años antes podía haber puesto en marcha el concurso público).
En este punto cabe reseñar que en diciembre de 2022 la Asesoría Jurídica municipal advirtió sobre la ausencia de una memoria que justificara la necesidad del procedimiento negociado sin publicidad, “en los términos exigidos por el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público”.
Para los recurrentes, “de forma arbitraria y a sabiendas de su injusticia, el Ayuntamiento quiere dar la apariencia de urgencia, cuando no era en absoluto necesario” este tipo de procedimiento. “En definitiva: con tal inconsistente justificación, más que indiciariamente, se perseguía eludir el procedimiento de contratación abierto que garantizaba la libre concurrencia”, subraya el recurso presentado ante el TSJC.
“ABSOLUTO FRAUDE” CON CASI LA MITAD DE LAS LED
Una de las presuntas irregularidades más chirriantes tiene que ver con que casi la mitad de los puntos de luz que el Ayuntamiento contrata sustituir por LED en realidad ya eran de esta tecnología: un total de 693 de las 1.444 contratadas.
Y este «grave error», según el recurso promovido por Effico, se incorpora al pliego de contratación pese a que el Ayuntamiento disponía de una auditoría energética del alumbrado público actualizada hasta mayo de 2023, y a pesar de que el propio Consistorio había informado en una docena de notas de prensa de que estas luminarias ya se habían modernizado con LED.
La situación alcanza extremos “grotescos y absurdos”, se enfatiza en el recurso judicial, ya que Imesapi llegó a entregar a la empresa contratista del servicio de mantenimiento del alumbrado público las luminarias LED que había retirado (como muestran las fotos de este reportaje), sin que las nuevas, en general, mejoraran la eficacia de las sustituidas, e incluso en algunos casos se empeoró esa eficiencia.
En este punto, los servicios jurídicos de la empresa recurrente consideran que estos hechos se podrían considerar “un absoluto fraude a nivel de subvenciones por tener comprometidos fondos europeos, y con toda seguridad va en contra de los principios de eficiencia económica de las directivas europeas y exigencias legales” sobre contratación pública.
INFORME PERICIAL: DESCONCERTANTE SOBRECOSTE
Pero, por si esto fuera poco, un pormenorizado y exhaustivo peritaje realizado por un ingeniero técnico industrial colegiado ofrece unos datos que muestran un desconcertante encarecimiento de casi 372.000 € para las arcas públicas.
De acuerdo con ese informe pericial, el precio de cada luminaria suele rondar los 200 €, pero en esta licitación se ha elevado a 309,22 y 327,59 €. Así, el precio estimado de compra de 1.444 luminarias en el mercado actual es de 288.800 €, pero en este contrato asciende a la friolera de 539.240 euros (sin IGIC).
La situación se vuelve aún más extraña si se tiene en cuenta que esta división de la obra en 20 proyectos hace que se hayan comprado 60 botiquines, 200 trajes impermeables, 200 monos de trabajo, 300 chalecos y 300 cinturones de seguridad, “un número de unidades y cuantías totalmente fuera de los valores lógicos y coherentes”, según este ingeniero.
El mero “sentido común”, advierte este profesional del sector, permite apreciar que la cantidad de medios auxiliares está “sobredimensionada” y resulta “desmesurada”, porque implica que los operarios se habrían cambiado de guantes cada 7 luminarias instaladas, de cinturón cada 5, y de botas cada 4.
A este experto le desconcierta también que el Ayuntamiento valorara cada luminaria en 582,49 € cuando el valor promedio de licitación en estos casos ronda los 300 €, y, en el caso específico del Ayuntamiento de La Laguna, en licitaciones similares no pasó de 264,29 €.
En el expediente no consta ningún proyecto de ejecución presentado por Imesapi que abarque las 1.444 luminarias contempladas en la obra, ni el certificado de dirección y final de obra.
Tampoco figura en el expediente un informe justificativo del ahorro energético propuesto por las empresas, en el que se validen los porcentajes ofertados, lo cual, para la parte denunciante, resulta “especialmente grave”, al haber sido el criterio determinante para elegir al adjudicatario, que ofertó una rebaja «irrisoria» del presupuesto de licitación.
Igualmente, le extraña que el Ayuntamiento no invitara al procedimiento negociado a la empresa que ya tenía contratada para el servicio de mantenimiento y conservación del alumbrado municipal, y la que desde 2017 hasta 2023 había sustituido en la zona DUSI las luminarias antiguas por otras LED, conforme al contrato suscrito en 2018.
Este técnico hace constar que todas sus afirmaciones y conclusiones las formula “bajo su única responsabilidad” como profesional en la materia, “con la mayor objetividad posible” y sabedor de las sanciones penales en caso de incumplimiento de su deber como perito.
LA OBRA NUNCA SE PARÓ PESE A LA PRESUNTA IRREGULARIDAD
En los recursos e informes presentados contra la adjudicación con fondos DUSI, se considera sorprendente que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Públicos, licitara la obra en mayo de 2023 sin haber comprobado si en las calles y espacios públicos que abarcaba este proyecto ya estaban instaladas luminarias LED.
Desde junio de 2023 al Ayuntamiento se le empezó a notificar la documentación del recurso interpuesto contra esta licitación ante el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias. Tal es así que en meses posteriores de ese mismo año, en plena ejecución del proyecto, uno de los argumentos esgrimidos por la empresa recurrente era precisamente que en torno a la mitad de las luminarias ya tenían instalada tecnología LED, y, por tanto, todo el procedimiento estaba viciado por «un grave error no subsanable”, según puso de relieve uno de los escritos de la parte impugnadora.
A este recurso el Ayuntamiento se defendió con el argumento de que la empresa recurrente no había sido invitada a la licitación y no tenía legitimidad para recurrir. El citado tribunal, que es administrativo y no judicial, adscrito al Gobierno de Canarias, asumió la petición municipal, rechazando el recurso en diciembre de 2023, sin apenas entrar en el asunto del cambio de luminarias LED por otras LED, dando por buena, sin más indagaciones, la respuesta técnica del Ayuntamiento.
Resulta curioso que el informe con el que la Concejalía de Servicios Públicos se opone a este recurso especial administrativo se limite a indicar que no le parecía «apropiado» comparar el proyecto básico elaborado en 2021 para licitar esta obra con la situación del alumbrado en 2023, extrañamente pasando por alto que se iban a cambiar lo que ya estaba cambiado, es decir, LED por LED, en contra del pliego de condiciones, que establecía un cambio de vapor de sodio por LED.
COMPROMETEDORES EMAILS
Existe un intercambio de correos electrónicos entre técnicos municipales del área de Medio Ambiente y Servicios Públicos, que muestra cómo, el 5 de mayo de 2023 —casi dos semanas antes de que el gobierno local adjudicara el contrato a la empresa ImesApi— , funcionarios conocían la necesidad de «comparar» la situación real de los 1.444 puntos de luz objeto de esta contratación, con lo que recogía el proyecto de licitación, que buscaba sustituir luminarias de vapor de sodio por otras LED.
Yendo al detalle de los hechos que constan en los emails, el 5 de mayo de 2023 un técnico de Servicios Públicos y gestor del expediente, envió un correo al ingeniero director del Servicio de Conservación y Mantenimiento del Alumbrado Público solicitándole la última auditoría energética del municipio.
La razón no era otra que un requerimiento de Deloitte, la empresa consultora contratada por el Ayuntamiento para gestionar los fondos europeos, que indicaba la necesidad de esta información «para poder comparar lo que tenemos instalado actualmente con lo previsto en el proyecto de licitación de luminarias de la zona EDUSI», que incluyó los barrios de El Cardonal, Las Chumberas y Ofra.
Curiosamente la petición a Effico de la auditoría energética tiene lugar el mismo día, 5 de mayo, en que el Ayuntamiento le requiere a ImesApi el aval y la documentación como empresa propuesta como adjudicataria. Es decir, sigue adelante con la contratación de la obra sin verificar mediante esta auditoría si la sustitución de las luminarias ya estaba hecha.
Un hecho que llama la atención es que ese correo electrónico también fue enviado en copia a María Belén Hernández Molina, entonces jefa de Servicio de Medio Ambiente y Servicios Públicos del Ayuntamiento. Sin embargo, desde hacía seis meses, esta funcionaria se había abstenido formalmente de participar en este procedimiento administrativo, ya que su marido, era y es delegado provincial de Imesapi.
Uno de los remitentes en copia de esos correos fue un ingeniero de Effico, ya que el mencionado director técnico del servicio a su vez le solicitó una copia de la auditoría energética. Effico la remitió y el 12 de mayo de 2023 consta que el funcionario municipal envió al técnico responsable del expediente, Carlos Arozena, la parte del documento correspondiente a la Zona 3: Taco, el área donde se iban a cambiar las luminarias con cargo a fondos europeos.
Bastaba mirar ese documento para advertir que la mitad de la obra que se iba a licitar ya estaba hecha (las LED existentes en esa zona tenían una antigüedad de entre 1 y 6 años, habiendo sido instaladas la mayoría entre 2018 y 2020).
VÍNCULOS FAMILIARES ENSOMBRECEN CONTRATOS PÚBLICOS
Tanto en el referido contrato para el cambio de luminarias, como el resultado de la adjudicación, en abril pasado,del mantenimiento del alumbrado por 18,5 millones, llaman la atención los vínculos familiares. En este segundo procedimiento son aún más evidentes, a raíz de que el Ayuntamiento lagunero contratara la asistencia técnica del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife (COIITF) para que valorara las ofertas presentadas a esta multimillonaria licitación.
Aunque, según fuentes del sector, no es nada habitual este tipo de asesoramiento que incluso entre en otorgar puntuaciones con alta carga subjetiva más allá de lo estrictamente técnico, en este caso además lo que sorprende es la doble circunstancia de que la secretaria de esta entidad colegial, María Belén Hernández Molina, es la mujer del delegado de Imesapi, la empresa principal en la UTE que ha resultado adjudicataria del alumbrado, y quien además, como funcionaria del mismo Ayuntamiento, era la jefa de este servicio durante los preparativos del encargo de este asesoramiento.
Se apartaría de este puesto posteriormente, por lo que de firmar los informes de puntuaciones vinculantes, idénticos a los emitidos por el colegio profesional, se responsabilizó un nuevo jefe de servicio, Ricardo Manuel González Rodríguez, pero se da la circunstancia de que se trata precisamente del hijo del decano del COIITF.
El encargo realizado a este colegio profesional fue el de valorar o puntuar las ofertas presentadas en lo referido a uno de los criterios de adjudicación, el de «mejor memoria técnica de organización de los servicios», precisamente el único que no era evaluable mediante cifras o porcentajes, sino de juicio de valor. En los demás criterios lo previsto era que todas las empresas obtuvieran idéntica puntuación, como así ocurrió. Por eso la puntuación con juicio de valor de la memoria técnica sería la que en la práctica determinaría al 100% la adjudicación.
La valoración que propuso el COIITF fue asumida por los técnicos municipales, firmando en primer lugar el nuevo jefe de servicio, con vínculos familiares con el decano. En la puntuación de este criterio, Imesapi aventajó a la segunda clasificada, Effico, en apenas un punto (34,90 frente a 33,90), y la única diferencia de puntos se produjo precisamente en este criterio que había valorado el COIITF.
Otras tres empresas concursantes quedaron a una distancia sensiblemente mayor en la valoración en la puntuación total (Aceinsa 25,90; Etra 24,65, y Ferrovial 24,45), por lo que no resulta extraño que precisamente sea Effico –anterior contratista del servicio de mantenimiento del alumbrado– la única que ha recurrido esta adjudicación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, que aún no ha resuelto esta reclamación.
Durante el procedimiento de licitación, las empresas concursantes -según fuentes de esas entidades mercantiles- no supieron de la existencia del encargo al COIITF y, por tanto, no pudieron conocer las identidades de los técnicos del Colegio que iban a valorar sus ofertas, en contra de lo dispuesto en el artículo 326.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, de modo que no se dio la oportunidad a los licitadores de valorar si ejercer o no el derecho de recusación.
Averiguados estos nombres de forma extraoficial, una vez publicado el informe de puntuaciones y propuesta a la UTE de ImesApi como adjudicataria, al menos una empresa concurrente, Effico, recusó a los ingenieros del Área Técnica del COIITF, al entender que no se cumplen en este caso las medidas preventivas necesarias que impidan ausencia de conflicto de interés, para garantizar los principios de transparencia, igualdad de trato y libre concurrencia.
Hay que subrayar además que la entonces jefa de servicio de Medio Ambiente y Servicios Municipales del Ayuntamiento lagunero pidió abstenerse en el procedimiento de contratación del Colegio de Ingenieros, dado su conflicto de interés al ser secretaria de esta entidad, si bien la resolución favorable de este trámite aparece fechada un mes después de formalizado el contrato
LA VERSIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS
Ante toda esta situación, varios ingenieros miembros de este colegio profesional se quejaron por escrito ante esta institución, y llama la atención que es el propio decano el que la responde, desestimando la reclamación, pese a tratarse de una queja que le afecta personalmente (por su relación de parentesco en primer grado con el jefe de servicio del Ayuntamiento). “Nos congratula saber que los técnicos del Ayuntamiento hayan asumido casi en su integridad el informe técnico presentado por el Colegio”, afirma, en alusión a su propio hijo en la Administración local lagunera.
Pero el decano da aún un paso más al dejar constancia de que la Junta de Gobierno del COIITF (que, cabe reiterar, él preside y en la que es secretaria la esposa del delegado de la empresa que resultó adjudicataria) “refrenda y asume” el informe elaborado por personal técnico con las valoraciones de las ofertas enviado al Ayuntamiento.
Sin embargo, en el comunicado público del Colegio de Ingenieros emitido posteriormente al saltar este asunto a los medios de comunicación, se omite este refrendo para asegurar que la asistencia técnica al Ayuntamiento se llevó a cabo “sin intervención alguna de la Junta de Gobierno y en estricto cumplimiento de los principios de objetividad, confidencialidad y profesionalidad que rigen su actuación”.
Lejos de que admitir que estos hechos constituyan algún reproche siquiera ético, la nota de prensa del COIITF no duda en proclamar que “todas las actuaciones se han desarrollado conforme al marco normativo aplicable y bajo los estándares éticos y deontológicos que rigen la labor colegial”.
Todo lo reduce el COIITF a “una campaña de desprestigio carente de fundamento que pretende alterar el resultado del procedimiento“, y cuestionar “la imparcialidad de esta institución mediante una narrativa interesada, sustentada en insinuaciones sin prueba alguna”.
Sostiene la directiva del COIITF que el informe de valoración de las ofertas presentadas lo elaboró «personal técnico cualificado» de esta institución, «sin intervención alguna» de la Junta de Gobierno, y que se trató de una «asistencia técnica independiente y no vinculante». Una versión que pone en tela de juicio la empresa que ha recurrido este procedimiento, de momento ante el Tribunal de Contratos Públicos -no judicial-.
Este diario ha ofrecido a la junta directiva de este Colegio de Ingenieros Industriales dar su versión de los hechos, pero su gerente, vía email, ha respondido que esta entidad «no puede ni debe hacer pronunciamiento alguno mientras el asunto se encuentre sub iudice», debido a que existe una reclamación presentada por una empresa ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.
Un caso similar en Puerto de la Cruz con los mismos funcionarios
Los ecos de estos contratos alcanzan también al municipio de Puerto de la Cruz. El motivo es que tanto la jefa de servicio como el técnico que figuran en las licitaciones bajo sospecha en la Ciudad de los Adelantados, coincidieron años antes en el Ayuntamiento portuense, donde protagonizaron unos hechos similares con el mismo desenlace: la empresa adjudicataria en ambos casos fue ImesApi, de la que es delegado provincial precisamente el marido de la funcionaria.
En La Laguna son al menos dos los contratos rodeados de circunstancias sospechosas, que suman cerca de 20 millones de euros y están bajo la lupa de la oposición municipal. En Puerto de la Cruz, el contrato tuvo un importe de 15,3 millones de euros.
Corría el año 2016 cuando esta ingeniera industrial se encontraba en el ayuntamiento de Puerto de la Cruz en comisión de servicios como jefa de servicio, y un técnico, también ingeniero, tenía un contrato temporal en ese consistorio. Como jefa de servicio en 2014-2015 había dirigido la fase previa del concurso público para la gestión energética integral del alumbrado público, edificios y dependencias municipales de uno de los principales municipios turísticos de Canarias.
En febrero de 2016, esta funcionaria se abstuvo formalmente en este expediente porque una de las ofertas sería presentada en diciembre de 2016 por su marido en nombre de ImesApi, al existir un claro conflicto de interés. A partir de ahí, la gestión del expediente quedó en manos del técnico que luego se iría al Ayuntamiento lagunero, aunque jerárquicamente seguía dependiendo de ella.
Convocado el concurso en octubre de ese mismo año, y dado que Hernández Molina se había abstenido en febrero de participar en el procedimiento administrativo, fue a partir de entonces cuando el técnico de marras firmaría los trámites y propuestas del resto del procedimiento como ingeniero municipal, apareciendo su correo electrónico en la convocatoria que aún puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado. Para ello contó con la asistencia técnica de una empresa externa que el consistorio había contratado en abril de 2015.
Esta licitación culminó con la adjudicación a ImesApi en septiembre de 2017, por 15,3 millones de euros del erario del Ayuntamiento portuense y una duración de 13 años. Una decisión que no estuvo exenta de polémica. Durante el proceso de licitación varias empresas plantearon recursos especiales al Tribunal Administrativo de Canarias: uno contra los pliegos, otro por una licitadora al ser excluida y un tercero tras la adjudicación a ImesApi.
El gobierno lagunero defiende que todo es legal
PLANETA CANARIO solicitó en su momento la versión del gobierno municipal sobre esta polémica, y remitió a este diario dos comunicados y varios documentos oficiales.
En primer lugar, el grupo gobernante afirma que al contrato del cambio de luminarias adjudicado por casi 900.000 euros invitó a tres empresas «si bien cualquier otra mercantil puede concurrir en este tipo de procedimientos», una afirmación que fuentes de este sector empresarial desmienten, ya que se trató de un procedimiento negociado y sin publicidad y ninguna empresa que no fueran las tres invitadas tuvo oportunidad de presentar ofertas.
El Ayuntamiento refiere también que una empresa que no fue invitada (no la cita, pero alude a Effico) recurrió esta licitación el caso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, que lo «desestimó en su integridad» . Fuentes de la empresa recurrente señalan que este tribunal, que no es órgano judicial, no entró en realidad en cuestiones como el sobrecoste o la presunta irregularidad de cambiar por LED luminarias ya cambiadas.
El gobierno lagunero asegura que el 31 de marzo de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC «resolvió inadmitir la demanda de la misma empresa contra el acuerdo de adjudicación de la Junta de Gobierno». Sin embargo, el auto del TSJC sí admitió parcialmente el recurso de Effico, si bien circunscribe el litigio a dirimir si fue legal o no el procedimiento urgente, negociado sin publicidad.
Conviene aclarar que el motivo de que TSJC excluya el resto de hechos sobre los que existen suspicacias no se debe a que haya verificado si se cumplió o no la legalidad, sino que ha considerado que Effico no tiene legitimación para poder impugnar las fases posteriores de la licitación, como el examen de las ofertas, la adjudicación y ejecución del contrato.
De ahí que fuentes próximas al caso señalen que no se descarta que este asunto acabe en vía penal, pues es donde se podrían dirimir los presuntos indicios de delito.
La imprecisa respuesta municipal a la OLAF
El Ayuntamiento alude también a que se presentó una denuncia ante la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) y que trasladó a este órgano toda la documentación relativa al expediente de contratación con fecha 13 de noviembre de 2023, sin que se recibiera ninguna comunicación más al respecto.
Se refiere en concreto el consistorio a la información que le requirió en 2023 la Secretaria General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda a raíz de este queja recibida.
En ese informe de respuesta a la OLAF, que ha sido facilitado a este diario por el Ayuntamiento, llama la atención la insegura o imprecisa respuesta de los funcionarios municipales a la cuestión clave de si se verificó, antes de la licitación, la situación real de las luminarias en las calles: «Quienes suscriben tienen conocimiento de que en torno a marzo del año 2021 se solicitó dicha información al responsable del contrato de mantenimiento de alumbrado público […]. Asimismo, creemos entender que dicho responsable se lo solicitó a la empresa Effico y que él mismo, le dio traslado al área de Medio ambiente y Servicios Municipales que a su vez remitió dicha información al Área de Hacienda y Patrimonio para facilitarlo a la adjudicataria de la asistencia técnica relacionada con esta actuación».
