PLANETA CANARIO
Cinco años después del inicio de la erupción de Tajogaite, en la que no hubo evacuación previa, el Valle de Aridane vive entre carreteras abiertas sobre las coladas y pagos que han permitido a centenares de familias rehacer parte de su patrimonio, pero también aún familias en casas y contenedores, parte de las explotaciones agrícolas sin reconstruir y en Puerto Naos no se ha dado por concluidas las restricciones por la presencia de dióxido de carbono en concentraciones localmente elevadas.
La fotografía de 2026 no admite un balance simple. Las administraciones han movilizado cifras importantes de recursos económicos hacia La Palma. Pero la reconstrucción de la zona afectada es aún un proceso de largo recorrido. Los afectados que perdieron su primera vivienda han recibido una indemnización por el valor de lo destruido.
Las reacciones este 19 de septiembre han vuelto a proyectar dos relatos que no son incompatibles, pero sí difíciles de reconciliar: el de los afectados y el de los políticos.
Juan Fernando Pérez Martín, presidente de la Plataforma de Afectados por la Erupción, estima que la reconstrucción global ronda el 60% y recuerda que 60 viviendas modulares o prefabricadas de madera continúan ocupadas. De los 85 contenedores instalados en Los Llanos, 39 aún tienen inquilinos. Pérez Martín sostiene, además, que la emergencia psicológica quedó relegada después de la erupción. RTVE recogió este 19 de septiembre su testimonio y el de Goretti Álvarez, afectada de Todoque, quien reconoce que las ayudas llegan ahora de una forma más justa, pero advierte de que la emergencia emocional tardará años en sanar.
Fátima Ramos, de la misma plataforma, resumió la fase actual como una tragedia con la que se convive: reconoce que se han pagado ayudas para viviendas, segundas residencias y fincas, pero subraya que el precio del suelo, los materiales y la escasez de oferta impiden a muchas familias recuperar algo equivalente a lo perdido.
Marcelino Rodríguez, presidente de la asociación vecinal de La Laguna, valora también que las ayudas estén llegando, aunque lamenta que el barrio siga partido, que la respuesta colectiva se haya debilitado y que el volcán pueda terminar convertido únicamente en un negocio turístico.
El presidente de la Asociación Tierra Bonita, Francisco Rodríguez Pulido, sostiene que cinco años después de la erupción del Tajogaite siguen sin aclararse aspectos fundamentales de la gestión de la emergencia del 19 de septiembre de 2021. Critica la falta de evacuación previa de determinadas zonas, reclama el acceso a las actas y grabaciones del PEVOLCA y considera que el impacto humano, psicológico y social de la catástrofe no ha recibido suficiente atención.
Rodríguez Pulido cuestiona también el modelo seguido para la reconstrucción del Valle de Aridane, a su juicio con falta de planificación, de coordinación, de transparencia y de participación ciudadana. Denuncia que está justificada la declaración de emergencia administrativa porque dificulta fiscalizar el control de los fondos públicos por parte de la sociedad.
Finalmente, propone un cambio de modelo que dé más protagonismo a los afectados y preserve la memoria de los lugares desaparecidos. Entre sus propuestas figuran la creación de un consorcio único para la reconstrucción, el paso del semáforo volcánico de amarillo a verde, ya que considera injustificado el nivel de alerta actual, así como la creación de un Museo de la Memoria del Volcán Tajogaite, inspirado en el museo Eldheimar de Islandia.
La versión de los gobernantes
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recordó que La Palma demostró la fortaleza de un pueblo que reaccionó con serenidad y generosidad y sostuvo que la catástrofe obligó a las administraciones tanto a devolver a los vecinos lo perdido como a mejorar la preparación y la rapidez de respuesta. Prometió que el Ejecutivo autonómico seguirá junto a la isla hasta que la “recuperación total” sea una realidad.
El ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, admitió que la pérdida de casas, calles, plazas y recuerdos es imposible de compensar. Al mismo tiempo, reivindicó el esfuerzo público para salvar vidas e impulsar la recuperación y puso como ejemplo la lealtad entre administraciones gobernadas por partidos distintos durante la emergencia. Aseguró que el Consejo de Ministros continúa trabajando para lograr una “recuperación absoluta”.
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, introdujo un tono más crítico hacia el Ejecutivo central. En una entrevista en la Radio Canaria, afirmó que “al Estado le está costando entender que esto no es una cuestión política, sino de personas” y reclama al Ejecutivo estatal que aporte las anualidades comprometidas para la reconstrucción, unos 300 millones.
Desde la oposición insular, el secretario general del PSOE de La Palma y portavoz en el Cabildo, Borja Perdomo, señaló que la gestión de la recuperación se ha alejado de la unidad, la empatía y la escucha con las que, a su juicio, comenzó cuando gobernaban los socialistas. Su propuesta es recuperar esos principios, acelerar la respuesta a la vivienda y acordar un modelo económico sostenible.
Un territorio nuevo y 906,8 millones en daños
La erupción comenzó el 19 de septiembre de 2021 y se prolongó durante 85 días. El balance administrativo utilizado en la reconstrucción cifra en 1.218,87 hectáreas la superficie afectada, con 3.000 edificaciones destruidas, entre ellas 1.345 viviendas, 180 construcciones de uso agrícola, 75 instalaciones industriales, 44 inmuebles vinculados al ocio y la hostelería y 16 edificios públicos. La estimación conjunta de daños públicos y privados asciende a 906,8 millones de euros.
El Gobierno de España afirmó en septiembre de 2025 que había movilizado 1.100 millones de euros, “prácticamente” ejecutados. En ese perímetro incluía, entre otras medidas, 240 millones abonados por el Consorcio de Compensación de Seguros (cantidad que en realidad no es un ayuda pública, sino la indemnización a quienes tenían un seguro contratado), cuatro planes de empleo por 135 millones, ayudas a enseres, alquileres, vivienda, agricultura e infraestructuras. En febrero de 2026, el balance estatal elevó la inversión acumulada a más de 1.200 millones y dio por adelantados 53 millones para infraestructuras municipales e insulares: 18,3 millones al Cabildo y 34,6 millones a Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. Ambos balances constan en comunicaciones de La Moncloa de septiembre de 2025 y febrero de 2026.
Compensaciones por la pérdida de 800 primeras viviendas
Entre julio de 2024 y julio de 2025, el Gobierno canario emitió 16 órdenes de pago correspondientes a 800 viviendas habituales destruidas y 1.415 personas beneficiarias. El fondo fue de 200 millones: 100 aportados por el Estado con cargo a 2023 y otros 100 por Canarias en 2024 y 2025. Un total de 25 expedientes quedaron pendientes por dificultades documentales.
En 2026 comenzó el siguiente escalón. En marzo, la Consejería de Presidencia aseguraba haber tramitado más de 300 segundas viviendas, más de la mitad de las reconocidas en esa categoría, con una aportación autonómica anual de 50 millones.
Pero cobrar el valor reconocido de una casa no garantiza poder comprar otra. La escasez de suelo, el alza del precio de parcelas, alquileres y construcción y la pérdida del modo de vida asociado a una vivienda con huerta explican que todavía haya damnificados en soluciones provisionales. En Los Llanos de Aridane, el precio anunciado de venta pasó de 1.358 euros por metro cuadrado en agosto de 2021 a 2.543 euros en julio de 2026, un 87,3% más, según la serie de Idealista recogida por RTVE en su reportaje del quinto aniversario.
Aún familias en casas de madera y contenedores
Aún hay 60 viviendas modulares y prefabricadas de madera todavía ocupadas. En Los Llanos permanecen inquilinos en 39 de los 85 contenedores instalados; el resto de los realojados vive en las casas de madera de El Paso. No todos se encuentran en idéntica situación: algunos esperan una construcción propia, otros no acceden al mercado de alquiler y hay familias con necesidades de dependencia que requieren una solución adaptada. Por tanto, la cifra no debe confundirse ni con el total de damnificados sin casa ni con el conjunto de expedientes de vivienda pendientes.
Las viviendas definitivas están por entregarse aún. El Gobierno de Canarias cifra en 78,5 millones su inversión en vivienda protegida en la isla y sostiene que existen más de 400 en diferentes fases. Esa bolsa atiende la crisis general de vivienda de La Palma; no todo el parque es exclusivo para los damnificados. Sí tendrán prioridad social los afectados que aún viven en módulos para acceder a 53 viviendas adquiridas en construcción en Los Llanos de Aridane, cuya finalización se prevé en diciembre.
El Cabildo ha comprado además otros dos edificios en El Paso, de 27 y 16 viviendas: en total, tres inmuebles y 96 unidades. A esa cartera se añaden 34 viviendas en Tazacorte y promociones de mayor tamaño licitadas o previstas en Los Llanos y Tazacorte. El dato decisivo sigue siendo la fase: adquirir, licitar o construir dista aún de entregarlas a los afectados.
Otros damnificados han optado por reconstruir sus viviendas. El Cabildo contabiliza más de 250 licencias para este fin en Los Llanos de Aridane. Esa cifra mide autorizaciones, no casas acabadas, y el ritmo sigue condicionado por la disponibilidad de parcelas, la financiación familiar, el planeamiento y el enfriamiento de algunas coladas.
Carreteras abiertas, obras en marcha y un túnel aún sobre el papel
La recuperación viaria muestra las dos velocidades de la reconstrucción. La carretera de la costa entre La Laguna y Las Norias, ejecutada sobre lava todavía caliente, permitió recuperar pronto una conexión vital. En 2026 el Cabildo trabaja en la configuración definitiva de sus cuatro glorietas mediante un proceso de participación ciudadana.
Distinta es la situación de la LP-2 entre Las Manchas y Tajuya. Las obras comenzaron en enero de 2026 para recuperar 2,3 kilómetros y restablecer la conexión norte-sur del Valle. El proyecto tiene una inversión de 24,1 millones de euros e incorpora estudios geotérmicos y firmes adaptados a temperaturas elevadas. La nota oficial de inicio fijó un plazo de 14 meses. La actualización publicada por RTVE este 19 de septiembre sitúa la ejecución por encima del 30% y la finalización prevista en el primer cuatrimestre de 2027. Por tanto, al cumplirse cinco años está en ejecución, no terminada.
El convenio estatal vigente para reconstruir infraestructuras dañadas ha transferido el 100% de sus 53 millones. De ese total, Tazacorte recibió 4,6 millones para doce actuaciones viarias, de abastecimiento y saneamiento; Los Llanos, 16,5 millones para 17 actuaciones y el cementerio de Las Manchas; y El Paso, 13,4 millones para seis actuaciones viarias, hidráulicas y deportivas. El resto corresponde al Cabildo. La corporación insular da por ejecutado y justificado su primer convenio, de 36,7 millones de coste total, y plantea un segundo paquete superior a 80 millones que todavía no estaba cerrado en el balance del aniversario.
El campo: compensaciones abonadas y una factura pendiente
La reconstrucción agrícola es probablemente el frente donde más se separan el dinero ya tramitado y el coste que el sector considera necesario. En diciembre de 2025, el Gobierno canario había firmado órdenes para fincas por 88.920.499 euros dentro de un paquete de 100 millones financiado con superávit autonómico. La propia consejera precisó entonces que ya había ingresos realizados y otros continuarían en enero; por eso el dato correcto es el de órdenes firmadas, no el de 100 millones íntegramente cobrados. Así se comunicó el 24 de diciembre.
Para la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (Asepalma), no basta. Su estimación de necesidades pendientes asciende a 223 millones de euros. Incluye unos 53 millones para completar el coste real de reconstrucción de las explotaciones —la compensación de 44 euros por metro cuadrado resulta insuficiente en muchos casos, sostiene la entidad—, además de redes de riego, empaquetados, granjas, cuadras, caminos y pistas agrícolas. Es una reclamación sectorial que Asepalma afirma haber contrastado con las administraciones, no una partida ya aprobada. La organización detalló su cálculo en julio de 2026.
El último decreto estatal añade alivio, pues prorroga al ejercicio 2026 la deducción del 60% en el IRPF para residentes en La Palma, permite una nueva moratoria de seis meses —hasta marzo de 2027— para determinados préstamos agrarios, corrige el acceso de autónomos a la prestación extraordinaria para que las ayudas POSEI no computen como ingreso y habilita además 100 millones para nuevas ayudas, preferentemente destinadas a kilos improductivos de 2024 a 2026, infraestructuras agrarias y costes de reconstrucción de fincas .
La deducción fiscal tendrá un impacto estimado de 135 millones en 2026 y alcanzará a unos 35.000 contribuyentes, de acuerdo con los cálculos de Hacienda trasladados por el comisionado estatal. Se trata de una medida que beneficiará a todos los residentes en la isla, no solo a los damnificados por la catástrofe.
Situación geológica de la isla en la actualidad
El último informe semanal de INVOLCAN disponible al cierre de este reportaje, actualizado a las 00.00 horas del 18 de septiembre de 2026, mantiene para La Palma el semáforo volcánico en amarillo. En la definición del PEVOLCA que reproduce el boletín, amarillo significa permanecer atento a las comunicaciones de Protección Civil.
La anomalía que destacan los científicos es, sobre todo, la emanación de dióxido de carbono en Puerto Naos y La Bombilla, donde se han instalado 1.600 sensores, vigilancia permanente y 1.247 instalaciones autorizadas para el retorno de los habitantes de estas zonas costeras. Persistían sin autorización 57 viviendas en Puerto Naos y 99 en La Bombilla, además de 20 locales y varios garajes y ascensores. Al mismo tiempo, se han recuperado la avenida y la playa de Puerto Naos y se ha producido una reapertura progresiva de espacios.
La convivencia con el gas resume la nueva realidad del Valle: la mejora es medible, pero no lineal; una zona puede recuperar actividad mientras un edificio cercano continúa cerrado. Las autorizaciones dependen de mediciones y protocolos individualizados, no de una declaración general de normalidad.
Las asociaciones: vivienda, campo, transparencia y participación
Tampoco existe una única voz de los afectados. La Plataforma de Afectados por la Erupción pone el acento en que la compensación alcance para una solución residencial real, en el mantenimiento del apoyo a quienes siguen en provisionalidad y en las secuelas psicológicas y comunitarias. La asociación vecinal de La Laguna pide facilitar el regreso de quien quiera volver y preservar la memoria de los barrios dispersados, sin negar que las obras avanzan.
Tierra Bonita centra sus reclamaciones en la gobernanza. En el quinto aniversario denuncia falta de planificación y participación, pide que se convoque el Consejo Sectorial para la Reconstrucción Económica y Social de La Palma, reclama una autoridad o consorcio único que coordine a las administraciones y exige un plan transparente sobre las hectáreas que se protegerán, los usos turísticos del nuevo volcán y las expropiaciones de terrenos privados. También sostiene que la emergencia prolongada debe transformarse en un régimen estable de reconstrucción y memoria. Son demandas formuladas por su presidente, Francisco Rodríguez Pulido, en un artículo publicado con motivo del aniversario, no conclusiones técnicas del PEVOLCA.
La entidad mantiene además un litigio para acceder a las actas y grabaciones de los comités científico y director del PEVOLCA anteriores a la erupción. En septiembre de 2026 criticó que las universidades públicas canarias y el CSIC se personaran contra la divulgación. El procedimiento seguía pendiente de sentencia, de modo que la controversia debe describirse como una disputa judicial abierta, no como una ocultación ya acreditada. La petición cuenta con el apoyo de varias organizaciones vecinales y de afectados, según la información sobre el recurso.
Tierra Bonita reclama que se identifique a los beneficiarios de las compensaciones, mientras la Plataforma de Afectados defiende que los datos personales de los perceptores deben preservarse, como establece además la Ley de Volcanes. Sin embargo, esta ley, para Tierra Bonita y la propia comisionada de Transparencia de Canarias, arroja dudas sobre su adecuación a la legislación estatal, y ahora el asunto se tendrá que resolver en los tribunales, donde el Gobierno canario ha presentado un recurso contra el requerimiento de publicarlas.
