LOS PENSIONISTAS SE PREPARAN PARA UN OTOÑO DE LUCHA
El pasado 22 de julio el Congreso rechazó el documento de políticas sociales elaborado por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país. No es de extrañar, dado que las posiciones de las diferentes fuerzas políticas al respecto eran muy diferentes, cuando no totalmente contrapuestas, por lo que era muy improbable un acuerdo en esta materia.
LAS PENSIONES, PIEDRA DE TOQUE. En nuestra opinión, el documento está lleno de ambigüedades y generalidades, y todavía en la fase de discusión existían desacuerdos muy importantes entre las partes. Concretamente, la derecha de la Cámara insistía en seguir manteniendo los conciertos; es decir, en seguir apoyando y financiando a los sectores privados, en lugar de reforzar lo público. Por su parte, el Gobierno no concretaba claramente sus medidas sociales y, cuando lo hacía, estas eran demasiado cortas en opinión de sus posibles aliados. No obstante, parecía que el documento iba a ser aprobado sin muchos apoyos, pero a última hora la formación abertzale Bildu planteó un desacuerdo insalvable: LAS PENSIONES.
Al parecer, existía un acuerdo, plasmado en una enmienda, para mejorar las pensiones, atendiendo a reivindicaciones que han sido bandera del Movimiento de Pensionistas del Estado (la revalorización de las pensiones según el coste de la vida, el aumento de las pensiones mínimas y la derogación del factor de sostenibilidad); pero la “sorpresa” saltó cuando el PSOE se opuso a dicha enmienda. Un PSOE que también se negó a derogar las reformas laborales, que tanto daño están haciendo a trabajadoras y trabajadores y que serán la causa de que las pensiones futuras sean mucho más precarias que las actuales.
EL PACTO DE TOLEDO. Al mismo tiempo, durante este mes de julio se ha estado reuniendo otra comisión, la del Pacto de Toledo, donde se lleva a cabo un debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas y las medidas a tomar para ello, fundamentado en el documento que estuvo a punto de ser aprobado en 2019, lo que fue impedido por el rechazo de Esquerra Republicana de Cataluña y Unidas Podemos.
Tanto en la Comisión de Reconstrucción como en la del Pacto de Toledo, se ha incluido una serie de medidas que las y los pensionistas rechazamos. Entre ellas destaca la propuesta del traspaso de hospitales y edificios de centros sanitarios de la Seguridad Social a las comunidades autónomas, como pago de las falsas deudas generadas, porque en vez de hacer aportaciones desde Los Presupuestos del Estado para abonar las pensiones, los gobiernos tanto de Rajoy como de Pedro Sánchez han hecho préstamos a la Seguridad Social, los cuales, acumulados, dan la errónea idea de que este organismo está fuertemente endeudado.
SALIR DE LA AMBIGÜEDAD. Hoy tenemos un gobierno progresista de coalición basado en un acuerdo, en el que se incluyen algunas medidas que recogen reivindicaciones del movimiento de pensionistas, pero al mismo tiempo el ejecutivo, sobre todo en su rama psocialista, está haciendo concesiones a la derecha y a los poderes económicos que la sustentan.
Y un gobierno coherente no puede nadar entre dos aguas en las circunstancias actuales. Debe salir de la ambigüedad y decantarse claramente por una opción: o cumple su promesa de no dejar a nadie atrás o favorece a los que siempre sacan tajada a costa de los que menos tienen. Es imposible hacer las dos cosas a la vez.
NUESTRAS REIVINDICACIONES. Nosotros, naturalmente, estamos por la primera opción y vamos a luchar por ella. En este sentido:
—Defendemos el régimen de reparto, que es el fundamento de nuestra Seguridad Social, basado en las cotizaciones sociales, es decir, en el salario diferido.
—Pedimos la fijación por ley de la revalorización automática anual de las pensiones públicas según el IPC real, así como la derogación del factor de sostenibilidad, que calcula la cuantía de la pensión según la previsión de vida del pensionista o la pensionista, de manera que cuanto más se vive menos se cobra. Exigimos también la desaparición del 0,25%.
— Rechazamos la ampliación de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, entre otras cosas, como medida para fomentar el empleo de las generaciones más jóvenes.
— Estamos radicalmente en contra de cualquier intento de privatizar las pensiones, ya sea a través de llamada “mochila austriaca”, que implica que el trabajador ahorre parte de su sueldo para pagar su posible despido o su futura pensión; las pensiones de empresa, que fomentan algunos gobiernos y partidos (vgr.: el PNV) con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, y la concesión de ventajas fiscales a los planes de pensiones de la banca y aseguradoras privadas.
—Pedimos el establecimiento de medidas concretas que eliminen la llamada brecha de género en el ámbito de las pensiones. Las lagunas o vacíos de cotización de las mujeres suelen deberse al parto y cuidado de los hijos, a excedencias por obligaciones familiares, a falta de trabajo o empleos temporales de muy baja cotización, más un largo etcétera, que debe ser cubierto con medidas estructurales de ámbito laboral y presupuestario.
—Defendemos el mantenimiento de la pensión de viudedad como una pensión contributiva de la Seguridad Social, en contra de lo solicitado por algunos grupos políticos o sindicatos que proponen su conversión en pensiones asistenciales. Normalmente la viudedad es una prestación de mujeres (el 70%), con una edad media de acceso superior a los 70 años, que por regla general no tienen otros ingresos. Por eso consideramos que la pensión debe ser el 100% de lo que cobraba la pareja fallecida.
— Solicitamos la revisión completa del colectivo de jóvenes pensionistas, y las condiciones socio sanitarias de sus valoraciones desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
— Rechazamos la ampliación del tiempo cotizado de los 25 años actuales, a los 35, ya que factores como los contratos a tiempo parcial, el despido libre, la prevalencia de la economía sumergida, etcétera, hacen imposible que la mayoría de las personas puedan llegar a ese máximo.
— Defendemos la caja única de la Seguridad Social y el Fondo de Reserva, o “hucha de las pensiones”.
— Seguimos exigiendo al Gobierno que cumpla sus compromisos de subida de las pensiones mínimas, compromiso que ligó a los Presupuestos Generales del Estado y que, por tanto, para los que prepara tendrá que tener en cuenta una subida de dos años, 2020 y 2021, o afrontar la subida de este último por otra vía que no sea la de los presupuestos.
Sacar de la pobreza a millones de pensionistas, que en su mayoría son mujeres, es una emergencia social. Consideramos necesario subir las pensiones mínimas hasta el SMI (hoy de 950€) en la perspectiva de llegar a los 1084€ que la Carta Europea estima necesarios para una vida digna.
—Exigimos la derogación de las reformas laborales de 2010 (Zapatero) y de 2012 (Rajoy), que han abaratado el despido, deteriorado la validez de los convenios colectivos, precarizado el trabajo y recortado los salarios, lo que incide directamente en las cotizaciones sociales, base de los ingresos de la Seguridad Social.
— Tenemos muchas más reivindicaciones que permitan hacer políticas sociales justas y salir de la precariedad en la que viven millones de pensionistas, que ya lo pasaban mal antes de la pandemia, pero que han sabido sobrevivir e incluso compartir sus pensiones con aquellos familiares que carecían de ingresos.
OTOÑO DE MOVILIZACIONES. En estos momentos inciertos no solo en lo económico y social, sino también en lo sanitario, hemos optado por no poner en riesgo nuestras vidas y mantenemos una mínima actividad, cuidando nuestra salud, y no exponiéndonos en grandes concentraciones ni manifestaciones. Pero no estamos desmovilizados. A nivel estatal nos estamos reuniéndonos con fuerzas políticas para hacerles llegar nuestras impresiones y manteniendo las concentraciones de los ‘lunes al sol’ en las localidades donde es posible.
Mientras, desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), a la que pertenece nuestra Asociación, se está preparando un conjunto de movilizaciones cara al otoño. Ya hemos iniciado una nueva recogida de firmas solicitando una auditoría a la Seguridad Social, porque consideramos que se ha vaciado la llamada “hucha de las pensiones” para hacer frente a gastos impropios de la caja, al mismo tiempo que se tiraba de créditos cuando tendrían que haber sido traspasos desde los Presupuestos Generales del Estado, sin tener que endeudar a la caja de las pensiones. Queremos demostrar que el Sistema es sostenible y perdurable para las generaciones futuras.
Nos movilizaremos y haremos entrega de esas firmas en el Congreso de los Diputados, al mismo tiempo que entregaremos las cientos de miles que hemos recogido para el Blindaje Constitucional de las Pensiones. Realizaremos un esfuerzo para que estas movilizaciones no sean exclusivas de pensionistas sino se implique toda la sociedad, ya que está en juego el futuro de los mayores. No solamente el nuestro, sino el de las generaciones que vendrán.
¡¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN!!
Santa Cruz de Tenerife, 29 de julio de 2020
Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias
