PLANETA CANARIO
Cientos de personas han participado este 19 de enero en una nueva concentración en defensa de nuevas medidas para los afectados por la catástrofe volcánica. El acto tuvo lugar en la plaza de España de Los Llanos convocado por la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja 2021. Sus portavoces anunciaron que el Gobierno canario se niega a facilitarles actas con las deliberaciones de las reuniones de los comités científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) en los días y horas anteriores a la erupción, pues la documentación a las que les ha dado acceso tras una resolución del Comisionado para la Transparencia son solo informes ya conocidos.
Los concentrados reivindican, entre otras medidas, un consorcio para la reconstrucción; nuevas leyes: del Territorio para la zona afectada, de Expropiación -con justiprecio al valor de antes de la erupción- y del Estatuto Jurídico del Afectado; más ayuda estatal, abono de las subvenciones de 30.000 euros del Gobierno canario, ayudas económicas para viviendas turísticas y segundas residencias sepultadas por la lava, así como la entrega de las actas y grabaciones de las reuniones científicas y políticas del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA).
Las actas y grabaciones del PEVOLCA, secretas
En este sentido Plataforma no está conforme con la documentación a la que le ha dado acceso el Gobierno canario porque en realidad no están las discusiones o deliberaciones del comité científico y el director del PEVOLCA, lo que impide saber cuál fue el proceso por el que se decidió no elevar el semáforo de riesgo volcánico a nivel naranja y, por tanto, no evacuar de forma preventiva a la población, con lo cual el volcán explotó con la gente en sus casas, exponiéndolos a un riesgo para sus vidas y a una mayor pérdida de bienes, pues muchas familias no pudieron salvar nada.
Los portavoces de la plataforma convocante, Juan Fernando Pérez y Fátima Ramos se quejan por ello de «indefensión» y anunciaron que continuarán reclamando esta información, bien a través del comisionado para la Transparencia o bien por vía judicial. El Gobierno canario ha alegado que las opiniones emitidas por los científicos del PEVOLCA no son de relevancia pública, sino el acuerdo adoptado.
También se proyectó un vídeo en contra de la concentración parcelaria anunciada por el Gobierno canario para construir por iniciativa pública una macrofinca de plataneras destruidas por la lava y luego asignar nuevos títulos de propiedad, y en favor de que los propietarios puedan directamente reconstruirlas sobre las coladas en el mismo lugar donde las tenía cada propietario, ante el temor de que la otra alternativa tarde décadas en materializarse.
En otro vídeo envió un saludo desde la Península el fotógrafo Alfonso Escalero, de la productora audiovisual I Love The Word y editor del libro Las otras historias del volcán, quien lamentó que la dura realidad que aún viven muchas familias no se conoce fuera de La Palma.
La protesta se ha celebrado al cumplirse 16 meses del inicio de la erupción volcánica y ha sido convocada por la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021, y en vísperas de que el Gobierno canario presente en el Museo Benahoarita (Los Llanos de Aridane) a partir de las 17 horas el contenido de los decretos leyes con la planificación de los usos del nuevo territorio creado por el volcán, unos documentos que se antojan polémicos.
El ambiente está caldeado porque el Gobierno canario ha pedido que solo vayan dos representantes por asociación y no ha divulgado antes los borradores de los decretos leyes.
Son ocho las principales reivindicaciones que mantiene esta asociación ciudadana a las Administraciones públicas para que la recuperación socioeconómica de las personas damnificadas sea más rápida y justa.
En la tabla reivindicativa figuran tres iniciativas legislativas: una Ley del Territorio para la Isla de La Palma, que contemple las coberturas legales necesarias para que la reconstrucción sea posible; una nueva Ley de Expropiación en la línea de la formulada por el presidente decano del Colegio de Notarios de Canarias, Alfonso Cavallé, lo que conlleva el reconocimiento del justiprecio de las propiedades al valor que tenían antes de esta catástrofe; y una Ley del Estatuto Jurídico de los Derechos de los Afectados por el volcán de La Palma (presentada por esta plataforma en el Parlamento autonómico y aún sin respuesta).
La asociación convocante también propone la creación de un consorcio para la reconstrucción, un organismo autónomo en el que estarían representados los afectados y todas las Administraciones públicas.
En cuanto a las ayudas económicas, se persigue ampliar las subvenciones estatales en 60.000 euros para llegar a la media de los pagos realizados por el Consorcio de Seguros y que el Gobierno canario publique cuanto antes en el Boletín Oficial de Canarias las ayudas de 30.000 euros por pérdida de vivienda habitual, ya que esta promesa se hizo en marzo de 2021, se prometió que se abonarían en 2022 y ahora se da como nueva fecha febrero de 2023.
Concretando aún más algunos de esos objetivos, este grupo de damnificados solicita que se terminen de pagar las ayudas para enseres, que haya subvenciones también por la pérdida de casas turísticas, de segundas viviendas y de fincas de todo tipo sepultadas por la lava; racionalizar la gestión de las obras hidráulicas, pues son un caos para los agricultores; y “mayor empatía” de las Administraciones públicas con los afectados, acabando con actitudes “despóticas y con la “complacencia” institucional.
La plataforma propugna además que se garantice a los afectados estar presentes en todas las comisiones de la reconstrucción y se les dé audiencia en la elaboración de las leyes y reglamentos que afectan a sus derechos
