PLANETA CANARIO
Los afectados por el desalojo del barrio de Santa Lucía, en el litoral de Güímar, han exigido este martes en rueda de prensa que se establezcan unos plazos de ejecución y unas garantías antes de abandonar sus viviendas.
El pasado 5 de diciembre, el Ayuntamiento comunicó por decreto a estos vecinos el desalojo voluntario por riesgo de desprendimiento a través de un informe técnico municipal. Los afectados, pese a la presencia de la Policía Local, se negaron abandonar sus casas sin las garantías de poder regresar a ellas.
Ante la negativa del consistorio, el representante jurídico de este colectivo y presidente de la Plataforma de Afectados en Canarias por la Ley de Costas, José Luis Langa, mantuvo el 11 de diciembre una reunión con el alcalde güimarero, Airam Puerta, así como con el concejal de Servicios Sociales, José Miguel Hernández y técnicos para intentar buscar una solución inmediata. Tras una larga negociación, el Ayuntamiento no aportó alternativas que beneficien a los afectados.
Langa asegura que estos vecinos han decidido, entre otras acciones, presentar contra el consistorio “un recurso contencioso–administrativo para garantizar alternativas a su grave problema, sin resolver desde el año 2011”. Además el representante jurídico adelanta que estudian presentar una demanda de responsabilidad patrimonial por daños morales, así como las consecuencias de una resolución que inicialmente es injusta para la veintena de vecinos afectados».
El letrado insiste en que “estos vecinos no se niegan a dejar sus casas, pero exigen previas garantías y plazos para poder regresar a ellas, ya que la mayoría no cuenta con recursos para realojarse”, así que “tendrá que ser el juez el que dictamine el abandono”, afirma.
Langa fue el que representó a este colectivo en el 2011, por esta misma causa. En aquella ocasión el Ayuntamiento se comprometió y comunicó actuaciones que, a su juicio, no se han cumplido. El letrado asegura en un comunicado que “el barrio de Santa Lucía continúa con el mismo problema desde hace una década por lo que exige que “Ayuntamiento, Cabildo y Costas aporten soluciones de forma inmediata. Deberían empezar por el vallado para evitar desprendimientos, independientemente del proyecto que deben realizar en el talud”.
El alcalde acudió al barrio para reunirse con los vecinos e informarles sobre la situación de sus casas. El Ayuntamiento argumenta que ha decretado la emergencia de la obra para asegurar el talud y acortar así también el periodo de desalojo de los vecinos. El regidor municipal cifra en 350.000 euros las obras necesarias y ha afirmado públicamente que su deber es garantizar la seguridad de las personas ante el peligro de derrumbes.
La zona más afectada es la gran cueva dentro de la cual se ha construido una docena de casas entre las calles El Culaso, Delfín y Fula, donde ya se produjo un importante desprendimiento en 2011, tras lo que se precintaron estas viviendas, medida que no impidió que los vecinos regresaran a sus casas.
Se da la circunstancia de que muchas viviendas de este barrio se encuentran en dominio público marítimo terrestre y servidumbre de protección, lo que constituye un conflicto adicional, pues, desde la perspectiva de la Ley de Costas, la Administración estatal podría proceder a la recuperación de esta franja ocupada por estas construcciones.
