NOÉ RAMÓN
El grupo de casi un centenar de vecinos que residen en Montaña Morera en la trasera de Las Teresitas viven desde hace unos días con el temor de perder sus viviendas a causa de las millonarias deudas que tiene Inversiones Las Teresitas (ILT) con Hacienda. En la actualidad la Audiencia Nacional (AN) reclama 54,5 millones a los empresarios por no haber pagado el Impuesto de Sociedades tras la venta en 2006 de las Huertas a Desurcic por 95 millones.
Otro tanto ocurrió con la operación del frente de la playa al ayuntamiento por 52,6 millones en 2001 en la que también se incumplieron con las obligaciones tributarias y el Fisco les impuso las correspondientes y abultadas sanciones. Como condición para no abonar los impuestos y las multas se les ha requerido que avalen estas cantidades con sus propiedades que en este momento se circunscriben a Montaña Morera. Pero ya ILT ha dejado clara su precaria situación económica y elevado nivel de endeudamiento con lo que de ejecutarse un probable embargo los vecinos perderían sus casas.
La entidad es propietaria de los terrenos desde 1998 cuando compraron a la Junta de Compensación todas las parcelas que en caso de Montaña Morera alberga cerca de ochenta chalets y un bloque de apartamentos En aquel entonces las casas desaparecieron por arte de magia del Registro de la Propiedad y sólo han vuelto a aparecer de nuevo en los documentos en los que ILT las presenta como aval ante Hacienda. Ahora la Audiencia reclama que las haga valer también en el ámbito judicial.
Desde que tuvieron constancia de estas irregularidades la mayoría de los residentes, con Lola Redbrow a la cabeza, iniciaron una batalla judicial que se ha extendido durante 18 años y que se ha saldado a favor suyo en todas las ocasiones. Lograron anular el Proyecto de Reparcelación en el que algunas de las propiedades aparecían como vendidas a precios irrisorios que ni siquiera llegaron a ser cobrados. También consiguieron que se constituyese una nueva Junta de Compensación que refleja la realidad de los auténticos propietarios de la playa y alrededores: el ayuntamiento, los vecinos de Las Huertas y los de Montaña Morera y Desurcic en su correspondiente tanto por ciento. De forma paralela iniciaron un pleito que culminó con el derribo del mamotreto y dejaron sin efecto la compra del frente porque un tercio del suelo era de Costas. No menor fue la lucha por defender los centenarios laureles de indias que el ayuntamiento se empeñó en talar, en lo que estos vecinos entendieron como una represalia.
La causa penal de la pieza separada del caso Las Teresitas que abordó los avatares de la Junta de Compensación también les dio la razón y en este momento el asesor de la entidad, Mauricio Hayek se encuentra en prisión. Situación en la que igualmente está el exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, los dos empresarios y los funcionarios, Víctor Reyes y José Tomás Martín. Durante la vista oral de esta pieza separada los residentes presentaron un documento de hace varias décadas en el que se comprometían a participar en la Junta. Eso sí, dejaban claro que su incorporación tenía exclusivamente como objeto la ejecución de las obras de urbanización pero bajo ningún concepto estaban dispuestos a vender sus fincas.
La estrategia de los vecinos y de sus abogados pasa ahora por pedir al ayuntamiento que remita al Registro de la Propiedad un certificado en el que se plasme que son los auténticos titulares de estos terrenos y viviendas. Un requisito que siempre le ha exigido esta entidad cada vez que han intentado volver a ponerlos a su nombre. Pero además Sí se puede se ha comprometido a solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se aborde la situación en la que quedan las fincas después de las sucesivas sentencias emitidas.
Fuentes judiciales consultadas se muestran, sin embargo, optimistas y creen que en estos momentos con los fallos a favor de los conocidos como los extranjeros, por tratarse mayoritariamente de ciudadanos europeos que se asentaron en este lugar a mitad del pasado siglo, como mínimo los desahucios quedarían paralizados de forma cautelar.
Por lo pronto el daño ya está hecho. Los residentes, muchos de ellos ancianos, han tenido que pagar a lo largo de estas casi dos décadas miles de euros para defender sus derechos en los tribunales. Durante el juicio un vecino relató que había gastado cerca de 50.000 euros pero hay otros que elevan la cifra hasta más de 100.000. Y todo ello simplemente por vivir en el momento equivocado en un lugar que seguramente les pareció paradisíaco cuando lo eligieron para pasar allí sus días.
