Los denunciantes recurrirán el archivo del caso Grúas en el Supremo, al que la jueza omitió testimonios clave contra Clavijo

VICENTE PÉREZ

Unidas se puede, denunciante del caso Grúas, ha anunciado por boca de su  portavoz y primer teniente de alcalde de La Laguna, Rubens Ascanio que recurrirá la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de archivar el caso Grúas en lo que toca al senador, expresidente del Gobierno y exalcalde de La Laguna Fernando Clavijo (CC-PNC).

El caso llegó al Alto Tribunal Estatal por estar aforado Clavijo, debido a su cargo actual, mientras que  el procedimiento continúa en el Juzgado 2 de La Laguna con el resto de imputados (el exalcalde José Alberto Díaz, el concejal Antonio Pérez Godiño -ambos de mismo partido- y la funcionaria Rosario Hernández) .

El recurso de los denunciantes incidirá en que la exposición razonada del caso remitida por la jueza Celia Blanco desde los Juzgados laguneros al Supremo el pasado año nunca fue completado con diligencias practicadas posteriormente y que resultan relevantes para dirimir las responsabilidades penales. La propia Fiscalía Anticorrupción así lo solicitó a la jueza a finales de noviembre de 2019, quien no dudó en calificar de «incompleta» la descripción de la causa que el Juzgado de instrucción envió al Supremo.

Entre los hechos que, por tanto, no llegaron al Supremo se encuentra, según Ascanio, la declaración en sede judicial de José Padilla, quien fue propietario de Autogrúas Poli, concesionaria del servicio municipal de grúas, cuyas afirmaciones resultaron muy comprometedoras para el hoy senador.

Y es que Padilla declaró en sede judicial que Clavijo le obligó a contratar a «amigos» del entonces alcalde o perdería la concesión, que el Ayuntamiento le adeudaba 260.000 euros, lo que le llevó a la bancarrota y tuvo que vender la empresa a esos mismos trabajadores, y que, una vez que ya no era suya, el consistorio saldó lo adeudado con la concesionaria y además le dio el polémico préstamo de 120.000 euros el erario municipal (con el criterio en contra del interventor). «Clavijo era el jefe del tema», declaró el empresario ante el Juzgado en noviembre pasado.

De ahí que Rubens Ascanio, líder de Unidas se puede y actual concejal de Bienestar Social de La Laguna, deje patente que no comparte el sobreseimiento del caso «pues nos parece que parte de un informe de la jueza de instrucción con una explicación muy parcial y frágil de lo ocurrido y en el que faltaron declaraciones contundentes que incorporar al procedimiento, entre ellas las demoledoras declaraciones de José Padilla,  y que sin duda tenían que haberse trasladado al Supremo con el conjunto del caso».

A juicio de Ascanio, «el caso está en el Supremo porque Clavijo se ha visto beneficiado por ese derecho de personas que tienen algunos responsables públicos para no ser juzgados en un tribunal convencional y tener un órgano que está pensado solo para los que se puedan aforar». «Se ha hecho uso de este derecho de un modo poco adecuado y edificante, y además contradictorio con las declaraciones originales de Clavijo», sostiene el edil lagunero.

En el mismo mes de noviembre declararon también ante el Juzgado lagunero exempleados de Autogrúas Poli, que confesaron que Clavijo los enchufó en la empresa y también a quienes luego la compraron tras la «asfixia» económica a al que la sometió el Ayuntamiento cuando era de José Padilla.

Hay que recordar que la jueza Celia Blanco había archivado el caso pero fue obligada a reabrirlo por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife al considerar que lo había cerrado sin las suficientes indagaciones. Tampoco esta magistrada quería investigar al exalcalde José Alberto Díaz ni que declarara Padilla, y el primero fue imputado y el segundo llamado a declarar finalmente por decisión de la Audiencia Provincial después de que tanto los denunciantes como la propia fiscal Anticorrupcion, María Farnés, recurrieran este rechazo de la jueza por «arbitrario» a pesar del interés que para la causa tenía conocer el testimonio del empresario.

En su auto, el Supremo argumenta que no basta levantar el reparo del interventor por parte de un alcalde para que se considere delito, y más cuando tenía la cobertura de informes júridicos externos de profesores de Derecho de la Universidad de La Laguna, pues para que las responsabilidades penales deben «apoyarse en otros elementos de intenso valor incriminatorio que, en el presente caso, la Sala no detecta». Pues bien, precisamente para Unidas se puede esos elementos incriminatorios eran precisamente las declaraciones de testigos que la jueza del Juzgado lagunero nunca remitió al Supremo.

Para el codenunciante del caso y concejal lagunero de Urbanismo, Santiago Pérez (de Avante La Laguna), el Supremo ha archivado la imputación a Clavijo solo por la memoria que le remitió la jueza de instrucción, un escrito que ve “inconsistente” .