VICENTE PÉREZ
Treinta y dos años después de la primera Ley de Servicios Sociales, el Parlamento autonómico ha aprobado una nueva legislación en esta materia, que viene a reconocer una serie de derechos y prestaciones para los ciudadanos, paradójicamente, cuando ya ha pasado -al menos técnicamente- una de las peores crisis económicas, entre 2008 y 2014 que llegó a disparar el paro a más del 34% en el Archipiélago.
Desde hace al menos una década se venía anunciando esta necesaria renovación legislativa, pero ni el Gobierno de Paulino Rivero (CC-PSOE) ni el de Fernando Clavijo (CC-PSOE, hasta fines de 2016, y luego CC en solitario) la tramitaron con celeridad, hasta que ha sido aprobada in extremis al filo del final de la legislatura, y ello a pesar de que Canarias presenta numerosos indicadores sociales y económicos a la cola de España.
Con la nueva ley, en año y medio a partir de que esté en vigor, se deberá regular una renta básica para los ciudadanos, logro este que se atribuye Nueva Canarias a través de una enmienda. Y consagra el carácter universal de los servicios sociales y su reconocimiento como un derecho subjetivo, por lo que será exigible su cumplimiento en los tribunales de Justicia.
La flamante norma se aprobó este martes por unanimidad, después de una intensa revisión del proyecto presentado por el Gobierno canario en la recta final del mandato.
Las novedades de la nueva normativa
La recién aprobada legislación contiene un catálogo amplio de servicios y prestaciones, dispone de ficha financiera (entre 900 y 1.000 millones cuando adquiera su total desarrollo, en un plazo de 12 años), clarifica las competencias entre administraciones públicas y articula cofinanciación del Gobierno canario, cabildos y ayuntamientos, da garantía de estabilidad de financiación a las entidades no gubernamentales que prestan servicios en esta materia y acaba con el límite temporal de 24 meses que hasta ahora tenía la prestación canaria de inserción (PCI), al tiempo que prevé que en un año se apruebe un plan de inclusión social contra la pobreza y otro específico contra la infantil.
Gobierno y oposición se congratulan del consenso
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido (CC), agradeció la colaboración de los grupos políticos parlamentarios para elaborar una ley que «da oportunidades a quienes han perdido todo, y ese es el único motivo por el que estamos aquí».
Josefa Luzardo (PP) calificó de «día histórico» el de este martes por la aprobación de una ley que sustituye a otra «manifiestamente obsoleta», y advirtió de que es obra de todo el Parlamento canario y no del Gobierno que preside Fernando Clavijo, cuyo proyecto de ley inicial descalificó como «pésimo, nefasto, malo de solemnidad», y al que ha habido que darle «la vuelta como a un calcetín» desde la oposición parlamentaria.
El portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), destacó que la nueva normativa acerca estos servicios a los ayuntamientos y clarifica las competencias de cada administración, en una Canarias que cada vez envejece más y no cuenta con centro sociosanitarios para la demanda existente.
Desde Nueva Canarias (NC), el diputado Luis Campos se felicitó del consenso alcanzado «para poner a las personas por delante», aunque previno de que aprobar la ficha financiera de la nueva ley será «clave para evitar que sea un fracaso», al igual que hará falta «voluntad política» para aplicarla.
Teresa Cruz, en representación del PSOE, quiso ocurrió es que no se llegó a desarrollar en su integridad. Y recordó que durante dos legislaturas, CC intentó aprobar, sin éxito, una ley de servicios sociales mientras que en apenas 16 meses, la entonces consejera socialista Patricia Hernández, logró culminar el anteproyecto cuando estaba al frente de las políticas sociales del Gobierno canario (en el año y medio que duró el pacto CC-PSOE, roto a fines de 2016).
Derogaciones que también benefician a los ciudadanos
Explicó que por ese compromiso con las personas “que no ha tenido el Gobierno de CC”, la oposición ha hecho que se modifique la ley de la PCI para que las familias con menores a cargo puedan percibir la prestación mientras persista su situación de vulnerabilidad social.
También se modifica el decreto de 2011 de las compatibilidades e incompatibilidades de las prestaciones y servicios de las personas en situación de dependencia, para poder conciliar servicios como ayuda a domicilio, centros de día, servicios de promoción de la autonomía personal, prestación económica para cuidados en el entorno familiar y ayuda a domicilio y trabajo.
Además, subrayó la diputada socialista, se deroga el decreto 93/2014 para que las personas que han solicitado la dependencia y fallecen sin ser valoradas puedan sus percibir la prestación económica sus herederos.
Los ciudadanos podrán reclamar en los tribunales
Elena Luis, parlamentaria de CC, puso de relieve el consenso alcanzado en el trámite parlamentario de la ley, que permitirá, dijo, la posibilidad de que un ciudadano pueda reclamar a la Administración Pública por incumplimientos de los derechos en materia de servicios sociales.
María del Río, de Podemos, se congratuló del acuerdo parlamentario, que ha permitido «dar la vuelta» al proyecto de ley del Gobierno y también darle «coherencia y garantizar su financiación».
Cs ve excesivo el plazo de 12 años para desarrollar la ley
Fuera del arco parlamentario, Ciudadanos (Cs) -el partido que en 2015 se quedó sin diputados regionales pese a tener más de 54.000 votos- ha lamentado que esta nueva ley «haya tardado diez años en ver la luz, lo que demuestra que para los nacionalistas y el bipartidismo las políticas sociales no han sido nunca una prioridad”. Lo ha afirmado la candidata a la presidencia del Gobierno regional, Vidinia Espino, quien pese a todo cree que la noticia de su aprobación es buena para los canarios.
En este sentido, Espino sostiene que no se puede esperar al plazo de 12 años fijado para desarrollar el mandato legal de que el Gobierno canario asuma » entre el 40 y el 60% del coste de los servicios sociales municipales”. “Los canarios que lo están pasando mal no pueden esperar doce años”, insistió la aspirante naranja.
