PLANETA CANARIO
La comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) conocida como Ley de Volcanes, que impulsaron afectados por la erupción de 2021 en La Palma y obtuvo el apoyo de casi 20.000 firmantes de toda Canarias, expresa su preocupación por la lentitud y falta de consenso con la que se debate esta propuesta en el Parlamento canario, cuando se cumple un año de que se aprobara el inicio de su tramitación.
Este grupo de ciudadanos, que recorrió todas las islas en busca de apoyos, recuerda que en septiembre de 2023 registró las firmas en el Parlamento regional pero que no fue hasta el 12 de junio del año siguiente cuando la Cámara legislativa aprobó por unanimidad el inicio de la tramitación de esta normativa cuyo propósito es garantizar el derecho de las personas damnificadas por catástrofes volcánicas a una recuperación digna y justa en un tiempo razonable.
Coincide con esta preocupación la Asociación Tierra Bonita, quien denuncia la «la inacción y la hipocresía» políticas que «bloquean» el avance de esta propuesta en la Cámara autonómica.
En ese pleno parlamentario la ley comenzó su viaje parlamentario con «entusiasmado» respaldo de todos los grupos y partidos (PSOE, CC, PP, NC-BC, Vox, ASG y AHI), que se solidarizaron con la población afectada por el volcán Tajogaite, el peor desastre natural del último siglo en Europa en cuanto a pérdidas materiales.
Sin embargo, subraya la comisión promotora, «el texto propuesto desde la ciudadanía se ha empantanado en la batalla partidista y la falta de voluntad política para agilizar su trámite parlamentario y propiciar su aprobación en un tiempo razonable».
Máxime si se tiene en cuenta que el documento sometido a debate ya recoge los cambios exigidos por el Consejo Consultivo de Canarias, que era el primer escollo que había que salvar.
Piden retroactividad a favor de los afectados del Tajogaite
El grupo promotor de la Ley de Volcanes también reivindica que tenga efectos retroactivos en aquellas disposiciones que puedan ser más favorables que los vigentes decretos-leyes convalidados por el Parlamento canario, que son los que regulan la recuperación residencial y agraria.
«No sería entendible que una ley promovida desde la población afectada por la erupción del Tajogaite no se beneficie de esta futura normativa», afirma la comisión promotora.
«Puede haber otra erupción en cualquier momento y aún sin ley»
Además, los ciudadanos que han propiciado que esta iniciativa legislativa llegue al Parlamento, consideran que demorar la promulgación de esta norma supondría «un acto de irresponsabilidad política en unas islas que en cualquier momento pueden volver a sufrir una catástrofe similar, sin disponer de un marco jurídico adaptado a este tipo de desastres naturales».
«La inadecuación de las leyes a las necesidades de los afectados se convirtió en un segundo volcán para la población golpeada por el Tajogaite, lo que aumentó el ya de por sí su enorme sufrimiento psicológico», enfatizan los promotores de la ILP.
La propia comisión de estudio creada en el Parlamento canario sobre la catástrofe palmera, incluye, entre sus recomendaciones, la necesidad de esa nueva legislación que garantice derechos y haga más eficaz el proceso de recuperación socioeconómica tras un fenómeno volcánico devastador. Y por ello la ciudadanía fue la que tomó la iniciativa legislativa.
En consecuencia, la comisión promotora de la ILP hace un llamamiento a la Mesa del Parlamento y a los grupos parlamentarios para que se agilice la tramitación de la Ley de Volcanes con altura de miras, consenso político y voluntad de llenar el peligroso vacío jurídico que tiene nuestra Comunidad Autónoma con respecto a los derechos de quienes puedan sufrir los devastadores efectos de las erupciones volcánicas en zonas habitadas, un riesgo natural para el que debemos prepararnos y aprender las enseñanzas que nos deja la erupción en Cumbre Vieja.
Tierra Bonita. «Hipocresía política y falta de humanidad»
En esta línea, la Asociación Tierra Bonita, que advierte del «clima de frustración y desamparo entre los miles de afectados» y los casi 20.000 que, de todas las islas, firmaron esta iniciativa para garantizar los derechos de las personas damnificadas por erupciones, con mecanismos legales para ayudarles a rehacer sus vidas.
Para Tierra Bonita, esta erupción del volcán en Cumbre Vieja «puso de manifiesto la vulnerabilidad de la población canaria ante fenómenos naturales devastadores», por lo que fue la propia sociedad la que se decidió a impulsar un cambio en el marco normativo, y una comisión promotora recogió más apoyos de los requeridos para que la propuesta la aceptara tramitar el Parlamento canario.
«La situación actual de la ILP pone en duda la sinceridad de esos compromisos políticos y provoca una creciente decepción social», alerta la asociación palmera.
Tierra Bonita reconoce que la aprobación de esta ley requiere buscar consenso entre grupos políticos, pero lamenta que, «en lugar de unirse en torno a una causa común, la sensación que se vive es que la clase política, y fundamentalmente, los partidos que sostienen al Gobierno de Canarias priorizan consideraciones de poder y estrategias partidistas».
El retraso en la aprobación de la ley propuesta, añade este colectivo, «es un recordatorio de que la clase política a menudo actúa con lentitud frente a situaciones de emergencia; una inacción que contrasta con las necesidades urgentes de las comunidades afectadas, donde se continúa lidiando con las secuelas de la erupción en medio de una maraña burocrática que complica injustamente el acceso a las ayudas necesarias y su eficacia».
Por tanto, para Tierra Bonita resulta «un imperativo moral» que los grupos parlamentarios «pongan a un lado las diferencias y prioricen las necesidades de sus ciudadanos, ya que la. recuperación en La Palma no puede esperar más», y, por otra parte, podría sobrevenir una nueva catástrofe volcánica en Canarias sin que, tres años y medio después de la ocurrida en La Palma, se haya promulgado una ley en esta materia».
«Los representantes de la ciudadanía en el Parlamento canario deben demostrar que están a la altura del desafío y que son capaces de legislar en beneficio del bien común y al ritmo que lo demanda la sociedad, pues de lo contrario se deshumaniza la actividad legislativa por una incomprensible falta de sensibilidad política», reflexiona la asociación.
