VICENTE PÉREZ
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha formulado denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Valverde contra el alcalde de este municipio herreño, Daniel Morales, quien también es candidato al Senado por la Agrupación Herreña de Independientes-Coalición Canaria (AHI-CC), por un presunto delito de prevaricación continuada con gastos municipales para las actividades organizadas con motivo de la Bajada de la Virgen de los Reyes en 2017.
Los hechos fueron denunciados a principios de diciembre del pasado año por el PSOE, y tienen que ver con adjudicaciones del regidor municipal con informes en contra de la Intervención y la Secretaría municipales. El fiscal interpone denuncia, con fecha 4 de abril de 2019, después de haber requerido, recibido y examinado los expedientes cuestionados y no considerar justificados los argumentos del alcalde para levantar los reparos.
El Ministerio Fiscal entiende que «existen indicios racionales de criminalidad contra el denunciado, al entender que ha actuado conscientemente al margen de la legalidad administrativa dictando resoluciones» en las que se apartó «de los principios que inspiran la contratación, todo ello siendo plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder».
Decorados de espacios públicos
El primer hecho presuntamente contrario a la legislación es una adjudicación de diseño y confección de decorados de espacios públicos para la Bajada, con un informe técnico de la jefa de Área de Secretaría contrario al sostener que ambos conceptos debieron licitarse en un mismo contrato y no por separado (hay hasta cinco expedientes para decoraciones de grupos de calles, todos ellos con informe negativo de la funcionaria).
El interventor informó también de forma negativa, pero el alcalde levantó el reparto alegando la calidad de los trabajos propuestos y razones de índole administrativa, que le habían imposibilitado contratar este servicio por procedimiento ordinario, pues de ser así los decorados no se hubieran instalado en los plazos previstos.
Pero la Fiscalía señala que «las justificaciones dadas por el alcalde no resultan suficientes atendiendo a que debió haber capacidad de previsión al tratarse de unas fiestas que se desarrollan con periodicidad cuatrienal «tal y como hacen notar los informes técnicos precedentes». Asimismo cree el fiscal que «la contratación efectuada no aseguró la mínima concurrencia entre potenciales prestadores del servicio».
Orquestas de la Bajada
Otro gasto cuestionado por la Fiscalía es el relativo a las orquestas de la Bajada, sobre el que el secretario-interventor previno de que la contratación era «nula de pleno derecho» pues no se tramitó conforme a los procedimientos de licitación y adjudicación, dado además que la ley prohíbe la contratación verbal sin previa adjudicación del contrato.
En este caso, el funcionario aprecia fraccionamiento de contratos por valor de 184.390 euros. El regidor municipal levantó esta objeción del órgano fiscalizador por decreto alegando que solo eran «salvedades o reparos de índole formal», que los servicios los recibió el Ayuntamiento y que en este caso, según Morales, «la amplitud de actividades que este Ayuntamiento debe acometer de forma extraordinaria con ocasión de la cuatrienal Bajada que desborda los medios técnicos y administrativos disponibles, por lo que está justificado no llevar a cabo todos los requisitos procedimentales, pues en aras de la salvaguarda del interés general se ha de asumir para evitar un perjuicio mayor cual sería la no realización de las actividades festivas». La Fiscalía sostiene que tales explicaciones de Morales «resultan insuficientes y dan cobertura a un ilícito proceder».
Gastos en sonido, iluminación y socorrismo
En otro expediente, el referido al servicio de sonorización de verbenas con procedimiento negociado sin publicidad, también constan informes del secretario interventor y de la jefa de Área de Secretaría contrarios al gasto, con reparo levantado por el alcalde, valiéndose de argumentos como los citados anteriormente, que, a juicio del fiscal, «no encuentran respaldo legal ni documental de ningún tipo».
Lo mismo ocurre con la contratación del servicio de sonido e iluminación de diversos espectáculos con motivo de la Bajada, también informado de forma negativa por los dos citados funcionarios al haberse hecho el gasto sin disponer antes de crédito, sin justificarse la oferta más ventajosa así como sin cumplir otros requisitos de las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal y del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Por último, la Fiscalía pone el foco también en la contratación del servicio de prevención, vigilancia y rescate en las zonas de baño, que adjudicó el alcalde a una entidad externa al Ayuntamiento, la cual según el informe propuesta del Morales, cumplía los requisitos de compatibilidad, precio eficiente y sin que existiera fraccionamiento de contrato. Extremos estos últimos que, según la Fiscalía, contradijeron dos informes, uno técnico y otro de la Intervención, pues estos establecen que sí hubo fraccionamiento porque se adjudicó el servicio por zonas de baño cuando se podía haber tramitado en un único expediente. En este caso el alcalde alzó estos reparos insistiendo en el carácter esencial de la prestación, las singularidades orográficas de las zonas y la similar coste que el abonado en años anteriores por igual servicio.
Tras enumerar estos indicios de presunta prevaricación, el Ministerio Fiscal propone al Juzgado que el alcalde sea llamado a declarar como investigado, y que se haga lo propio, en calidad de testigos, con los funcionarios que hicieron los informes negativos.
