VICENTE PÉREZ
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha archivado las diligencias que había abierto, a raíz de una denuncia del sindicato Sepca, presentada en mayo de este año -cuando aún cogobernaba CC-PNC- por el presunto uso de una oficina del Ayuntamiento de la capital tinerfeña por una trabajadora no municipal sino de una empresa privada, Raquel Rodríguez, quien además fue candidata de Coalición Canaria en las pasadas elecciones municipales en le puesto 19 de la lista al Ayuntamiento chicharrero.
En los hechos denunciados entonces se mencionaba además a otras dos integrantes de la lista electoral de CC que encabezó José Manuel Bermúdez (entonces alcalde y ahora en la oposición): una jefa de servicio que dijo que la presencia de la anterior en el edificio era «puntual» y el sindicato ha insistido en que no es así, fue en el puesto el puesto 27 de la candidatura; y una técnica municipal que informó de que no eran de su competencia las quejas por supuestas molestias al personal público causadas por la empleada de una empresa privada, fue cuarta en la lista electoral de mayo.
Pues bien, en un decreto que firma la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial, Carmen Almendral Parra, se acuerda el archivo de la investigación «por entender que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna», a la vista de que «no ha quedado acreditado su veracidad o no» y porque entiende la fiscal que el Ayuntamiento adoptó «las medidas necesarias para la comprobación y evitación de los mismos».
El Sepca sopesará llevar los hecho al Juzgado
Fuentes del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) han indicado que sopesan denunciar los hechos esta vez directamente en el Juzgado. «No resultan ni temerarias ni arbitrarias nuestras suspicacias con respecto a que quienes además tenían que acreditar a la Fiscalía los hechos denunciados (incluyendo un concejal de CC) forman parte de una misma organización política, vínculos que no admiten duda de que son ciertos», afirman desde el sindicato.
Llama la atención que en el decreto de la Fiscalía, fechado a finales de octubre pasado, no se mencione en ningún momento que hasta cuatro personas que intervinieron en los hechos objeto de la investigación (resueltos a favor de la empleada externa y en contra de las pretensiones del sindicato) acabaron luego siendo integrantes de una misma candidatura a las elecciones de mayo de 2019.
De hecho, el sindicato observa que las comprobaciones que la Fiscalía ve suficientes para determinar que no hubo nada ilícito, en realidad suponen, desde la perspectiva de la posición que ocuparon en la lista electoral de CC en Santa Cruz, que quien era concejal y luego número 7 en la plancha de este partido para las elecciones fue quien acudió «por sorpresa en dos ocasiones y sin previo a viso» a verificar si en las oficinas municipales se encontraba la trabajadora externa que luego fue la número 19 de la plancha electoral, y si esta causaba las molestias («riesgos psicosociales») a los empleados públicos que una técnica municipal de Prevención de Riesgos Laborales (número 4 en la candidatura de mayo de este año) consideró que no era un asunto de su competencia abordar.
También a juicio de la sección sindical de Sepca en el Ayuntamiento, obvia la Fiscalía que tres funcionarios, representantes sindicales (uno de ellos informático), vieron a la empleada de Ralons haciendo uso de un equipo informático municipal, desde el que imprimía documentos en una impresora compartida, «lo que necesariamente implica haber abierto sesión en la red», de modo que los denunciantes se preguntan «con qué usuario lo hizo si nunca se le facilitó uno, si con una clave prestada».
Como miembros de la Sección Sindical del Sepca, los denunciantes del caso expusieron que tuvieron conocimiento en junio del 2018 de que al menos desde mediados de 2017 Raquel Rodríguez Cubas, trabajadora de Ralons, llevaba a cabo labores claramente administrativas en las oficinas que posee el Ayuntamiento en la calle de La Noria, sede de la Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana, haciendo uso de los medios existentes en dicho centro tales como teléfono, ordenador y mesa de trabajo e incluso disponiendo de las llaves de acceso al edificio publico.
Manifestó también el Sepca en su denuncia que los hechos anteriores fueron puestos en conocimiento de la directora general de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Nieves Pérez Marichal sin que adoptara medida alguna para evitar dicha situación.
Las conclusiones de la Fiscalía
A la vista de los hechos denunciados, la Fiscalía requirió a esta funcionaria que remitiera el expediente administrativo por el cual prestaba sus servicios dicha empleada de Ralons en el Ayuntamiento. De la documentación examinada, según el decreto de la Fiscalía, «se deprende , por un lado, que no ha quedado acreditado que efectivamente en algún momento doña Raquel Rodríguez Cubas hubiera llevado a cabo labores de carácter administrativo en las oficinas que posee el Ayuntamiento en la calle de La Noria, ni que tampoco hubiere hecho uso de material del órgano publico para llevar a cabo el desempeño de su labor como empleada de la empresa Ralons».
«Y por otro lado», prosigue el decreto de la fiscal, «de la documentación aportada se desprende que la Concejalía y la Dirección General de Recursos Humanos adoptaron las medidas oportunas para acreditar los hechos denunciados y hacer cumplir la Instrucción aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de julio del 2013 relativa a la correcta ejecución de los servicios externos en orden a la evitación de actos que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de relaciones laborales en el ámbito de la contratación administrativa municipal».
No existe, según la Fiscalía, ningún expediente administrativo de contratación de Raquel Rodríguez por la que esta prestara sus servicios en ningún organismo municipal aunque sí aparecen varias actuaciones municipales en relación a esta trabajadora.
Como consecuencia de la información que varios funcionarios que prestaban sus servicios en la calle de la Noria trasladaban a Recursos Humanos relativa a la presencia de Raquel Rodríguez en el Servicio de Promoción Económica y Calidad de Vida, al parecer realizando funciones propias de los empleados municipales, el 13 de junio del 2008 convocó una reunión el concejal de Recursos Humanos y Patrimonio, Juan Jesús Martínez (también del partido CC y 7º en la candidatura de mayo pasado), y a la que igualmente asistieron la concejal de Deportes, Juventud y Educación Verónia Messeguer (de CC); la jefa del Servicio de Promoción Económica y Calidad de Vida, Pilar Rodríguez Machín (que fue en el puesto 27 de la lista electoral de CC) la directora del Servicio Jurídico, así como la directora eneral de Recursos Humanos, la cual solicitó explicaciones acerca de la situación en que se encontraba Raquel Rodríguez. La afinidad política entre estas personas no aparece mencionada en el relato de la Fiscalía.
En dicha reunión, según refiere la fiscal, Meseguer y Rodríguez Machín indicaron que la empleada de la empresa externa «solo asistía de forma puntual a las instalaciones municipales con el fin de dar cuenta o recibir instrucciones con relación al proyecto encomendado a Ralons» y que en ese encuentro se acordó además que «darían instrucciones concretas a la mentada trabajadora para que no realizara las tareas asignadas en el proyecto contratado en las oficinas municipales sitas en la calle de la Noria ni en ninguna otra oficina municipal».
El 5 y 12 de julio de 2008 el Sepca denunció ante Recursos Humanos la presencia habitual de esta trabajadora de Ralons haciendo uso de la sede muncipal, tras lo cual los citados concejal y directora de área solicitaron a la jefa del servicio que emitiera informe sobre los hechos denunciados.
El extraño intento de que personal externo tuviera clave para los PC municipales
Prosigue el relato de la fiscal que, mediante escrito de fecha 14 de agosto del 2019, el secretario de la sección sindical del Sepca se dirigió a la directora general de Recursos Humanos reiterando las mismas quejas anteriores, haciendo constar que los hechos denunciados habían sido comprobados por los delegados de este sindicato, lo que motivó que dicho escrito fuera remitido a la Dirección General de Innovación Tecnológica.
Esta instancia, el 23 de agosto del 2018 emitió informe en el que constató que Raquel Rodríguez no estaba registrada en el dominio corporativo del Ayuntamiento y, por tanto, no disponía de credenciales de acceso a los ordenadores y herramientas informáticas corporativas.
En este punto la Fiscalía menciona un hecho que llama la atención de los denunciantes -pero no de la fiscal- , y es que en en ese informe también se explica que la Jefa del Servicio de Promoción Económica y Calidad de Vida había «solicitado la creación de un usuario de dominio genérico y la configuración del correo corporativo, así como la utilización de la cuenta de ese equipo por personal externo al Ayuntamiento, solicitud que le es denegada al no estar permitido el acceso de empleados de empresas externas a equipos corporativos».
Finalmente, concluye la relación de hechos redactada por la Fiscalía, el entonces concejal de Recursos Humanos hizo dos visitas «sin previo aviso a la sede municipal en la calle de La Noria para comprobar que efectivamente no haya ningún trabajador ajeno a la organización municipal, habiendo constatado que las personas que se encuentran en la citada sede son empleados públicos exclusivamente».
A finales de mayo, cuando PLANETA CANARIO tuvo conocimiento de la denuncia, solicitó antes de divulgarla la versión del gobierno municipal de entonces, liderado por CC-PNC, sin obtener respuesta.
