PLANETA CANARIO
El adjunto primero a la Diputación del Común de Canarias, Antonio Alarcó, estudiará la queja presentada por la Asociación Tierra Bonita relativa a la falta de transparencia sobre la gestión de la emergencia volcánica de La Palma, y, en especial, sobre la negativa del Gobierno canario a publicar las deliberaciones de los comités científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) anteriores a la erupción del Tajogaite en 2021.
Así se lo comunicó al presidente de la Asociación Tierra Bonita, Francisco Rodríguez Pulido, con quien este 25 de agosto Alarcó mantuvo una reunión solicitada por este colectivo, que fundamentó su petición en un informe jurídico contradictorio con la postura denegatoria del Gobierno canario, pues el dictamen reconoce el derecho de los afectados del Tajogaite, y de la sociedad en general, a conocer las grabaciones del PEVOLCA.
Alarcó aseguró que tendrá en cuenta este informe jurídico para la resolución que finalmente adopte la Diputación del Común al respecto.
Tierra Bonita expuso al adjunto a la Diputada de Común que esta información es “fundamental para aclarar por qué no se avisó a la población de que el riesgo se había desplazado de lugar ni se procedió a evacuar a tiempo, lo que incrementó las pérdidas materiales, el sufrimiento psicológico y la muerte de miles de animales, tal como también llevan denunciando desde hace casi 4 años las asociaciones de damnificados y vecinos de la zona afectada”.
Tras escuchar una detallada explicación sobre las gestiones que la asociación ha realizado hasta ahora ante los organismos públicos, Alarcó afirmó que ahora examinará la documentación presentada por esta entidad ciudadana y tomará las iniciativas que procedan.
Fruto de esta reunión, Tierra Bonita espera que la Diputación del Común se dirija por escrito a la Dirección General de Emergencias del Gobierno canario para que certifique si existía o no un plan de evacuación específico por riesgo volcánico para la isla y la zona concreta, así como quiénes integraban el Comité Científico del PEVOLCA en aquella época.
Además, plantea que se pida al comisionado estatal para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, a que, como representante de la Administración estatal en esta emergencia, se pronuncie sobre estas cuestiones, dado que del Gobierno central dependen instituciones científicas clave en el estudio y prevención de este fenómeno geológico.
Por todo ello, el presidente de Tierra Bonita valoró de forma positiva la reunión con Alarcó (en la que también participó el técnico de la Diputación de Común Javier Brito Lorenzo), por su disposición a examinar esta queja “incluso con iniciativas propias que pueden contribuir de manera notable al objetivo de Tierra Bonita y de otras asociaciones vecinales y de afectados por el volcán, para que se conozcan las actas y grabaciones del PEVOLCA”.
El representante de Tierra Bonita expuso asimismo todo el recorrido de esta petición en vía administrativa, “sin que el Gobierno canario haya dado razones fundadas y objetivas para denegar el acceso” a esta documentación.
En este sentido, Rodríguez Pulido detalló que el informe jurídico encargado por la asociación determina que, al estar en juego derechos fundamentales, debe aplicarse una interpretación restrictiva de los límites al acceso a las actas y grabaciones y que conocer el fundamento científico de las decisiones políticas constituye un interés público superior, y todo ello con la posibilidad de anonimizar las cuestiones que afecten a datos personales no relevantes o a la seguridad pública actual.
Tierra Bonita se dirigió a la Comisionada para la Transparencia para reclamar las actas y grabaciones y alegó que el recurso estaba fuera de plazo, sin que hiciera más actuaciones. La asociación por ello presentó posteriormente múltiples escritos y recursos ante la Dirección General de Emergencias, que mostró reiterados silencios administrativos, dilaciones y contradicciones en las respuestas, hasta que finalmente rechazó entregar la documentación, con una “falta de voluntad de transparencia”.
En mayo de 2025, Emergencias remitió una resolución que, en la práctica, solo facilitaba información ya pública sobre los informes científicos del PEVOLCA. Ante esta situación, Tierra Bonita presentó quejas ante el Defensor del Pueblo y la Diputación del Común, solicitando un informe jurídico imparcial sobre estas cuestiones.
