PLANETA CANARIO
El pasado 21 de junio el Tribunal Supremo revisó el caso La Manada, en el que, según el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los cinco agresores habían cometido un delito de abuso sexual a una joven de 18 años, el 7 de julio de 2016 en Pamplona; y dictó una sentencia histórica y esperada, 15 años de condena para los violadores, puesto que no había sido abuso, sino violación, como el movimiento feminista gritó insistentemente en estos tres años.
La violencia sexual, una realidad aún oculta.
Estamos satisfechas por haber ganado esta importante batalla, pero debemos de ser conscientes de que nos queda una larga lucha por delante. Junto a esta noticia, nos encontramos el Informe de Geo Violencia Sexual que evidencia que desde el año 2016 se han dado a conocer 104 agresiones sexuales múltiples en el Estado español. De estos 104 casos, el 24,4% de los agresores y una de cada tres víctimas son menores.
La violencia sexual es real y forma parte de la vida, del dolor y del drama de muchas niñas, jóvenes y mujeres adultas. Se produce en muchos lugares, en la calle, en casa, en fiestas, en centros educativos, en descampados, en ascensores, en instituciones, en situaciones de reclusión…; de noche y de día; por personas desconocidas y por conocidas, familiares, gente cercana, compañeros de trabajo, jefes…; por una persona o en grupo.
Hablar de violencia sexual es hablar de una forma patriarcal de entender la sexualidad y la relación de hombres y mujeres, de una masculinidad hegemónica que se otorga una supuesta disposición del cuerpo de las mujeres, en la que no cuenta nuestros deseos y nuestra voluntad.
A esta realidad se añade la violencia institucional que sufren las mujeres que se atreven a denunciar la violencia sexual. Lamentablemente, en demasiadas ocasiones, el paso de las víctimas por el sistema judicial suele producir, invariablemente, efectos tan dolorosos como los que se derivan directamente de la agresión, con lo cual se añade una victimización secundaria. En ella influye también, de forma notable, el tratamiento mediático de estos casos. El morbo y el sensacionalismo, la ausencia de contextualización de la noticia y de perspectiva de género en su tratamiento, la falta de respeto a las víctimas, a su intimidad y a sus derechos, persiguen más un objetivo sensacionalista que un interés por sensibilizar a la sociedad ante esta realidad.
Estamos ante un desafío político y social, personal y colectivo.
La violencia machista conjuga, a la par, datos estremecedores y falta de voluntad política para hacerle frente con la debida atención. Desde nuestro punto de vista, su abordaje no pasa solo por la imprescindible reforma del Código Penal, ni mucho menos por pactos políticos que ponen parches para atender a las víctimas, para paliar las consecuencias, para corregir una violencia que entienden como disfuncional, sin ir a la raíz del problema, sin impulsar cambios en profundidad y actuar sobre sus causas, sin combatir la invisibilidad, la falta de credibilidad, el estigma y la revictimización institucional y social a la que se enfrentan quienes han sufrido violencia sexual.
Hablar de violencia sexual, de violencia machista, es hablar de violación de derechos humanos, de atentado a la libertad e integridad de las mujeres. Es necesario y urgente que su abordaje esté en la agenda de toda la ciudadanía y particularmente de las instituciones responsables de las políticas públicas. El desafío es político y social, personal y colectivo.
Es imprescindible conocer la prevalencia de la violencia sexual en Canarias. Urgen cambios en las leyes para garantizar la protección, justicia y reparación a las mujeres, a todas las mujeres. Se requiere diseñar y desarrollar un Plan Integral contra la violencia sexual en Canarias desde una perspectiva interseccional, que integre en sus actuaciones el enfoque de género, la atención a la diversidad, y la visión intercultural. Este Plan ha de impulsar políticas de sensibilización y prevención, determinar las competencias de cada institución y garantizar la respuesta coordinada de atención integral a todas las víctimas de violencia sexual, independientemente de su edad, estatus de residencia, identidad, orientación o expresión sexual, sin condicionarlas a la interposición previa de denuncia y contemplando la diversidad de escenarios en los que se produce, los contextos que añaden desprotección y la existencia de colectivos con una mayor vulnerabilidad.
La educación afectivo sexual, promotora del buen vivir
Desde nuestro convencimiento de que somos seres para el contacto, la vinculación y la vida social, de que somos profundamente interdependientes, de que nos necesitamos para poder sobrevivir, y de que los cuidados deben ser compartidos, consideramos que el tratamiento de las violencias machistas, de las violencias sexuales, no puede ni debe ser exclusivamente judicial, ni «unitivo. Su abordaje pasa fundamentalmente por establecer las condiciones educativas y sociales para que cada persona pueda ser dueña de su biografía sexual y afectiva, sin imposiciones de ningún tipo y asumiendo que cuando mantiene una relación que involucra a otra persona, ésta debe consentir de forma libre y expresada claramente, sin coerciones ni engaños, en situación de lucidez y con la capacidad de consentimiento necesaria para ello.
Desde esta perspectiva, adquiere vital importancia la implementación de un modelo coeducativo en todos los ámbitos y espacios de formación, de una educación para la vida en la que la formación en los cuidados compartidos esté presente, en la que se respete el derecho a una formación afectiva y sexual que parta de una visón positiva del hecho sexual humano no heteronormativa, que eduque en la igualdad desde la diversidad, sin miedos, sin complejos; una educación en la que niñas, niños y jóvenes asuman que sus cuerpos diversos deben ser respetados, no hipersexualizados, ni cosificados; una formación que les dé herramientas para relacionarse positivamente, para no permitir ni cometer ni una sola agresión machista o lgtbifóbica en sus vidas; una educación y atención afectiva y sexual integrales, con implicación de sus protagonistas, como una responsabilidad compartida, que contribuya a la construcción de una sociedad donde el respeto, la igualdad, la diversidad, la solidaridad, la justicia y los cuidados, sean los valores básicos que nos ayuden a relacionarnos de manera positiva e igualitaria.
Y para ello esperamos que las nuevas Corporaciones públicas asuman lo necesario que es cambiar la organización del trabajo, la economía y los cuidados, lo importante que es convertir nuestra sociedad en un espacio más igualitario, equitativo y justo, donde tengamos los mismos derechos más allá de ser mujeres u hombres. Las personas somos capaces de cuidarnos y también de maltratarnos, y en la inclinación de esta balanza a uno u otro lado adquieren un papel fundamental los valores que se promuevan y la educación que desarrollemos. ¡Nos jugamos mucho!
