Cuando se aborda el problema político y territorial de Cataluña en los medios de comunicación, no tengo claro si son la mayoría de los catalanes los que se quieren ir de España o bien, son la mayoría de los españoles y sus representantes los que quieren echar a Cataluña de España.
Cuando el presidente de tu país pide públicamente el boicot a los productos de una parte del territorio nacional, sin duda está provocando una ruptura. Cuando abundan los chistes y cierto desprecio de la gente de un país hacia los pertenecientes a un trozo de ese país, también se promueve la división. Cuando una norma es aprobada unánimemente por los Parlamentos Autonómico, Nacional y además está refrendada mayoritariamente en referéndum, y es anulada o modificada profundamente por jueces designados por el partido político en el poder alérgico a todo lo que huela a catalán, igualmente se fomenta la segregación del país, ya que el insulto y la humillación tienen un límite.
Recordemos que a la llegada de Rajoy a la presidencia, el porcentaje de independentismo en Cataluña rondaba el 25%. Hoy, ese índice supera el 50%, tanto en la calle como en el Parlamento autonómico. Por ello, no es una broma la petición de los independentistas catalanes para que se conceda la Cruz de San Jordi al expresidente Rajoy, por su incesante y fructífera contribución en favor de la identidad e independencia catalana.
Por otra parte, tenemos una Constitución confusa, que prohíbe cualquier segregación territorial pero que, al mismo tiempo, acepta y legaliza a aquellos partidos políticos cuyo principal finalidad es lograr la independencia de un trozo del territorio nacional, recibiendo cuantiosas cantidades del erario público. Finalmente, se persigue y encarcela a representantes elegidos legítimamente cuando osan intentar hacer realidad ese objetivo plenamente aceptado, en cumplimiento además de sus promesas electorales. Algo no encaja en una Carta Magna que debe ser corregida y adaptada a nuestros tiempos.
La reciente declaración de independencia, suspendida inmediatamente por sus propios promotores, fue una llamada de atención que se malinterpretó en el resto de España o, mejor dicho, se presentó claramente manipulada (recordemos el “a por ellos”) a la mayoría de los españoles que desconocen la realidad catalana y el envidiable comportamiento de sus gentes.
La incuestionable torpeza del anterior gobierno de la nación en la gestión de la denominada “crisis catalana”, no pueden pagarla aquellos representantes legalmente elegidos, en cuyas manos se encuentra cualquier posibilidad de superar esta situación. Sin indulto generalizado para los catalanes en prisión, sólo se vislumbra un sometimiento a la fuerza y un impulso al sentimiento de no pertenencia a un país inmaduro, que es incapaz de afrontar este tema con la seriedad y rigor que se merece.
En aquellas fechas hubo un Ministro que afirmó que “había que españolizar a Cataluña”, sin embargo, tras algunos años residiendo en la capital catalana, creo que lo mejor y más conveniente para todos sería exactamente lo contrario, es decir, fomentar la catalanización de España, como mejor fórmula para una integración a largo plazo.
JOAQUÍN GALERA,
arquitecto y urbanista
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