PLANETA CANARIO
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en sentencia dictada el 4 de octubre por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha anuladi el acuerdo de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de transporte de agua en La Palma, adoptado por la Junta General del CIALP en noviembre de 2021, sentencia resultado del recurso contencioso-administrativo contra el Consejo Insular de Aguas (CIALP), adscrito al Cabildo de La Palma.
El TSJC da así la razón a la Asociación Agua para La Palma por la ausencia en el expediente de los informes preceptivos sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, así como del interventor delegado del CIALP, que, según alegó este organismo durante el proceso judicial, asesoró de manera verbal a la Gerencia, al Consejo de Gobierno y a la Asamblea General de dicho organismo, pero no expresó su criterio por escrito, tal y como obliga la normativa vigente.
Y ello a pesar de que la tasa solo permitirá recuperar el 48% del coste del servicio, por lo que el resto se sufraga por las arcas públicas mediante transferencias del Cabildo al CIALP, según expone la asociación en un comunicado.
Otra irregularidad confirmada por el TSJC estriba en que la cuantificación de esta tasa única, muy por debajo del coste real, “no se realiza según criterios objetivos y razonados”, pese al sentido de un informe previo solicitado por el CIALP a una consultoría externa.
La Administración trata de justificarlo argumentando que la crisis del Covid-19 ha generado un importante crecimiento del paro y la pobreza en Canarias, pero, como deja patente la sentencia, “no lo sustenta en ningún informe técnico sobre la capacidad económica” de los beneficiarios de esta medida, por lo que en este aspecto la ordenanza “carece de una justificación suficiente”.
Y ello es así porque, como subraya el TSJC, “si bien la crisis sanitaria por el Covid-19 tuvo efectos económicos, no puede afirmarse que hayan sido homogéneos para toda la población”.
Agua para La Palma manifiesta la tranquilidad que da esta resolución judicial, que corrobora las irregularidades administrativas de las que ya advirtió al CIALP antes de que la ordenanza se aprobara de forma definitiva, por lo que sostiene que “alguien debería asumir responsabilidades, dada la gravedad de los hechos, pues la falta de cumplimiento de los procedimientos y la inobservancia de la normativa devienen en la perversión del sistema”.
A este fallo del Alto Tribunal Canario se aludió en un reciente pleno en este mes de octubre en el Cabildo, en el que el ex consejero de Aguas, Carlos Cabrera -del PP y en la actualidad en la oposición-, así como del propio presidente de la Corporación, Sergio Rodríguez, manifestaron que con la anulación de esta tasa se encarecerá el agua y se causará un daño muy grande a los agricultores.
“Unas afirmaciones”, replica este colectivo, “nada acertadas, hipócritas y esperpénticas en boca de cargos públicos”.
Tales adjetivos obedecen a que, por un lado, “en el colmo de los colmos, desde el Cabildo pretenden demonizar a un grupo de ciudadanos por haber cumplido con el deber moral de denunciar un acto administrativo cuya ilegalidad ha quedado sancionada por la Justicia; y por otro lado, pretenden buscar en una asociación a un chivo expiatorio al que culpar de la carestía del agua, cuando es resultado de una nefasta gestión política que desde hace años desaprovecha y malgasta este bien básico, al no acometer las obras públicas necesarias, precisamente en la isla canaria que tiene el mejor de los acuíferos”.
Y añade la asociación que “no basta que en el mandato pasado, según parece, CC se opusiera a la aprobación de esa tasa junto a algunos miembros de la Asamblea General del CIALP, sino que su deber debía concluir denunciando el hecho, cosa que no hicieron ni unos ni otros”.
Del mismo modo, atribuir a esta asociación una subida del precio resulta un “insulto a la inteligencia”, por cuanto se trata de una entidad ciudadana que precisamente lleva años denunciando que las Administraciones públicas no priorizan medidas que abaratarían hasta en un 90% el coste del agua para los agricultores, como son: la reperforación del Túnel de Trasvase para obtener más agua pública; hacer obligada la necesaria instalación de tranques en las galerías para regular la extracción de agua a demanda; y la mejora de las redes de transporte para acabar con las enormes pérdidas, con las que también en el CIALP entran en contradicción tanto en declaraciones públicas como en sus propios informes (como en el de la sequía elaborado este año y en el que se detalla este hecho (https://drive.google.com/file/d/1MMthE_IeAKgEC3Y2ca-FttNcwqWAnf_M/view?usp=sharing) y en el propio documento del Plan Hidrológico Insular de 3er Ciclo, pendiente de aprobación” pese a ser un documento lleno de errores, contradicciones y manipulaciones que solo buscan aprobar para obtener financiación de Europa”.
En este sentido, para este grupo de ciudadanos, la anulación de la ordenanza constituye “una oportunidad de que el Cabildo y el CIALP corrijan su política hidráulica”, para lo cual la asociación está dispuesta a poner sobre la mesa “una y mil veces las alternativas viables que plantea desde hace años, y que de haberse realizado entonces hubieran cambiado esta realidad de ahora”.
LAS RAZONES DE AGUA PARA LA PALMA
Ante la “manipuladora propaganda oficial”, Agua para La Palma quiere detallar las razones por las que se opuso a la tasa única insular y por las que llevó en su día estos hechos ante la Justicia.
La primera razón es obvia: “el acto de aprobar la tasa única no es legal”, como ha quedado demostrado en el TSJC en vía contencioso administrativa, si bien la asociación aprecia además omisiones y conductas que le llevan a sospechar de “posible prevaricación y malversación de fondos públicos”.
Como segundo argumento, la asociación defiende que “todo acto administrativo en una democracia, además de estar sujeto a la legalidad, debe contemplar el beneficio de todos en vez de solo a una parte”.
Y en relación con el planteamiento anterior, la tercera razón es que la tasa única tal cual se concibió “no es justa, ya que encarece el coste del agua para aquellos que solo tendrían que pagar un canon de transporte, como por ejemplo la totalidad de los que cogen sus caudales de los canales públicos, y en cambio beneficia solo a los agricultores de El Paso, a los que con el sistema actual por el que ha optado el CIALP solo se ha contemplado elevarles agua desde la estación de bombeo de Aduares en el lado este, ignorando intencionadamente la opción del oeste por Hermosilla”.
Además, como cuarto motivo, “la asociación advierte de que la tasa única insular encarece el precio del agua para la mayor parte de la isla, favoreciendo con ello a los propietarios de agua privada que tienen así una justificación para mantener o aumentar los precios actuales”.
Y en quinto lugar, “la tasa única así impuesta impide realizar una actuación más barata y mejor, temida en el mercado del agua por su gran potencial, como es aportar el agua a El Paso con el Túnel de Trasvase desde la boca de Hermosilla, de mejor calidad que la aportada por los pozos de El Roque y El Carmen”.
EL SOBRECOSTE DE BOMBEAR DESDE OTRA VERTIENTE
En este último aspecto se detiene la asociación porque el CIALP y el Cabildo “han optado por abastecer de agua de riego a cultivos situados a 700 metros de altitud en el municipio de El Paso con agua extraída de pozos privados (El Roque y el Carmen) reactivados con dinero público en la vertiente este de la isla, lo que obliga a elevar también ese el agua para salvar un desnivel de 1.000 metros y así atravesar la dorsal”.
Esta solución resulta “disparatada” si se tiene en cuenta que esta agua que necesitan los agricultores de El Paso podría obtenerse desde la boca del Túnel de Trasvase en la vertiente oeste, en Hermosilla, que está a una cota de 425 metros de altitud, con lo cual el bombeo necesario sería de solo 275 m, casi 4 veces menor, lo que ahora sucede para el abasto urbano y turístico.
Además, el agua del Túnel de Trasvase “permanecerá inalterada con los años, no como la de los pozos, cuyo caudal disminuirá y su calidad empeorará aún más en los próximos años, hecho del que ya comienzan a dar noticias últimamente contemplando incluso desaladoras en El Puerto de Tazacorte para mezclar esa agua industrial con la de dichos pozos en un intento agónico de continuar equivocadamente con su extrema explotación, cuando también para eso hay otras opciones mejores que les pongan remedio y permitan la recuperación del acuífero que explotan sin perderlo”.
UN RECURSO ANUNCIADO «A LA MEDIDA DEL LOBBY»
Por todos estos argumentos, y en vista de que el presidente del Cabildo (CC) ha anunciado que recurrirá la sentencia, pese a que la ordenanza la promovió el gobierno anterior (PP-PSOE), la asociación “percibe que no importa qué partido gobierne, pues los tres hacen lo mismo cuando hay que preservar los intereses del lobby de siempre”.
“Todo está orientado al mismo fin: hacer que prevalezca una tiranía del agua que quieren culminar colocando desaladoras, pese a que la isla dispone de 4 veces más agua de la que necesita consumir, y una tecnología propia única en el mundo para hacerlo bien, de forma regulada: las galerías”, señala el colectivo demandante en este litigio.
En este contexto, la asociación recrimina a políticos, técnicos y algún medio de comunicación el que “de forma populista se hable de no vamos a cortarnos las venas por montar desaladoras, que no son centrales nucleares, cuando existen en otras islas” y recuerda que, “por la misma razón, para una buena gestión del agua no deberían cortarse las venas con el “no” a todo cuanto de forma argumentada proponemos, medidas viables para gestionar el agua mejor, negándose a aplicar realmente alguna y sin más motivo”.
EL TRANSPORTE DEL AGUA ‘PRIVADA’ SE SUBVENCIONA UN 52%
Por último, La asociación recuerda que el agua pública comprende la extraída por las dos bocas del Túnel de Trasvase, la procedente de escorrentía captada en La Laguna de Barlovento (”que son las menos y algunos años inexistentes”), un pequeño porcentaje del agua “privada” almacenada en las balsas y las extraídas por los pozos privados de El Roque y El Carmen (al disponer por convenio de la mitad de la que extraen, y asumiendo la mitad de los costes de extracción, a cambio de 1 millón de € del presupuesto público para cada uno).
Estos caudales públicos, según el actual consejero de Aguas del Cabildo y el gerente del CIALP, representan el 10 % del agua total extraída en la isla, lo que supone que el 90% restante es agua que se transporta y procede de explotaciones privadas en régimen de concesiones administrativas (galerías) y pozos, que en muchos casos forman parte del sistema especulativo montado con este recurso vital.
En conclusión, la tasa anulada subvenciona el transporte del agua privada con cargo al dinero público en un 52% mientras no se invierte 1€ en las propuestas que desde la Asociación se proponen para la regulación del mercado especulativo del agua.
