PLANETA CANARIO
Cáritas ha presentado su III Informe sobre Exclusión Residencial Extrema en Tenerife, correspondiente al año 2022. Según este estudio, elaborado en colaboración con el Cabildo, un total de 2.261 personas se hallan en situación de exclusión residencial extrema en la isla, la mayor parte en los municipios de Santa Cruz de Tenerife (un 39,14% del total), San Cristóbal de La Laguna (14,64%), Arona (13,31%), Adeje (6,50%) y Puerto de la Cruz, con un 5% del total de casos.
Casi cuatro de cada diez personas en exclusión residencial extrema llevan entre 13 y 36 meses en esta situación, y más de un 20% superan los diez años en situación de sinhogarismo. No en vano, el sinhogarismo es un fenómeno amplio que afecta desde distintos niveles, con múltiples problemáticas y sin una solución única.
Este informe se presentó este marte 26 de diciembre en el Cabildo de Tenerife, en un acto presidido por la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, acompañada por el secretario general de Cáritas en Tenerife, Ricardo Iglesias. El coordinador del informe y del proyecto de Unidades Móviles de Atención en Calle para personas sin Hogar (UMAC), José Antonio Díez, fue el encargado de exponer los datos principales de esta investigación.
El derecho a la vivienda, conculcado
La dificultad de acceso a la vivienda se ha convertido en un problema estructural a escala europea, que afecta cada vez a las distintas capas de la población, pero especialmente a la que se encuentra en situación de exclusión social, que en Canarias abarca al 29.1% de la población, según informa Cáritas. De este conjunto, un 14% sufre exclusión social severa. El 88,8% de los hogares en esta situación tiene incertidumbres con su vivienda y es inadecuada.
Cáritas denuncia que “la cronificación de las personas sin hogar representa un claro ejemplo de las carencias estructurales de nuestra sociedad y el sistema de protección social, reflejo de un incumplimiento constante y reiterado de los derechos fundamentales de estas personas”, sin encontrar una solución permanente a sus necesidades básicas vinculadas al derecho de acceso a la vivienda.
Esta situación, según la ONG de la Iglesia católica, se agrava por una serie de factores complejos, como la falta de acceso a servicios de vivienda asequibles, la falta de empleo y apoyo social, así como los desafíos de salud mental y adicciones. A medida que estas personas enfrentan dificultades constantes para satisfacer sus necesidades básicas, se vuelven cada vez más vulnerables y experimentan una mayor exclusión social.
Más de 25% mujeres
Al igual que en los estudios realizados en 2021 y 2022, el porcentaje de mujeres en esta situación supera el 25%, la mayor parte de las cuales son víctimas de violencia, abusos y agresiones. Por ello, Caritas habla de «una doble discriminación y mayor grado de vulnerabilidad: la propiamente dicha del sinhogarismo y el hecho de ser mujer».
«Las mujeres sin hogar a menudo enfrentan la violencia institucional, que se produce a través de políticas, prácticas y actitudes discriminatorias en los sistemas de ayuda y servicios sociales», explica la ONG. Esto puede incluir la negación de servicios básicos, la falta de acceso a refugios seguros frente a la violencia de género al contar con problemas de salud mental o adicciones y la falta de apoyo adecuado para salir de la situación de falta de vivienda. La falta de vivienda en sí misma aumenta significativamente la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia y dificulta su capacidad para buscar ayuda y protección.
En cuanto a los diferentes grupos de edad, los mayores rangos se sitúan entre los 26 y 65 años, representando el 71,61%. Otra similitud con los dos estudios anteriores es la edad media de las personas en exclusión residencial, con 45,6 años, en el caso de los hombres y de 35,4 en mujeres.
Los problemas para la atención sanitaria
De igual modo, el estudio realizado por Cáritas destaca que el derecho a la salud es fundamental para aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión residencial extrema. «Lamentablemente, a menudo se enfrentan a barreras significativas para acceder a servicios de atención médica adecuados», denuncia la ONG, «pues la falta de vivienda y la inestabilidad de su situación dificultan el acceso regular a servicios de salud, lo que puede resultar en problemas de salud no tratados, enfermedades crónicas sin control y una mayor vulnerabilidad a enfermedades infecciosas».
Además, «las personas sin hogar a menudo enfrentan estigmatización y discriminación en el sistema de salud, lo que puede dificultar aún más su acceso a la atención médica».
Los sintecho se ven perjudicados por la falta de documentos de identidad, de transporte o de información sobre los servicios disponibles. Estas dificultades hacen que, a juicio de Caritas, «sea crucial brindar servicios de salud específicos, incluyendo atención médica; incorporar técnicos sanitarios, vinculados al Servicio Canario de Salud, a las unidades móviles de acercamiento, y programas de salud mental que aborden las necesidades particulares de esta población vulnerable, especialmente desde la atención de la Patología Dual (presencia simultánea de una patología de salud mental y una adicción), una de las grandes abandonadas por el sistema sanitario».
La nacionalidad de las personas sin hogar
En cuanto a la procedencia de la persona, el análisis realizado por Cáritas muestra una amplia representación de nacionalidades, como en años anteriores, alcanzando las 71, incluyendo la española, que supone el 62,23% del total (casi un 5% con respecto al año anterior).
En este sentido, y debido a la falta de capacidad y recursos para hacer frente a la situación que atraviesa el colectivo de personas migrantes, muchas personas se encuentran sin alojamiento adecuado una vez que llegan a las Islas. Algunos de ellos terminan durmiendo en la calle, en plazas públicas o en condiciones muy precarias en campamentos improvisados.
«Exigimos políticas públicas reales de acceso a la vivienda»
La conclusión de Cáritas es que con este informe «se pone de manifiesto que las personas en situación de exclusión residencial extrema ven negado el ejercicio de su ciudadanía y son privadas del acceso a muchos de sus derechos básicos, como la asistencia sanitaria, la vivienda, la protección social, el empadronamiento o la participación vecinal». Por ello, la ONG reclama «políticas públicas reales de acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía, priorizando en los colectivos más vulnerables».
En esta línea, exige » visibilizar la realidad del sinhogarismo en Tenerife, dar claves a la población para comprender las dinámicas de exclusión residencial sin caer en el victimismo y en el paternalismo; sensibilizar y responsabilizar a la sociedad canaria y crear canales y espacio de acción para que las personas se puedan comprometer con el derecho a una vivienda digna».
