PLANETA CANARIO
El Plan Especial de Ordenación de Las Teresitas, que en el pasado suscitó mucha controversia cuando gobernaban CC y PP y se aprobó de forma inicial, ha resucitado en este mandato, en que el gobierno de PSOE y Cs ha retomado su trámite para que el Gobierno canario realice su declaración de impacto ambiental.
Este nuevo paso contó con el apoyo unánime de la corporación municipal en la Gerencia de Urbanismo, pero posteriormente Unidas Podemos ha reconsiderado su respaldo tras conocer con detalle que en realidad no se ha hecho cambio alguno al que se venía tramitando, es decir, el plan defendido por CC y PP en el anterior mandato.
También se han mostrado críticos con el documento el partido Sí se puede y la asociación Justicia y Sociedad (denunciante del caso Las Teresitas) así como la Plataforma Ciudadana por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción, que se ha reactivado en los últimos días por este motivo.
El resultado de las críticas es que el PSOE, a través del portavoz municipal, José Ángel Martín, ha anunciado que paraliza el trámite del plan y se aviene a negociar durante un mes, a partir de este lunes 17 de febrero, un nuevo consenso político y social en aquellos puntos donde hay controversia. A saber: el hotel previsto junto a la antigua batería militar, el edificio de aparcamientos y área comercial donde estaba el polémico Mamotreto que fue derribado por sentencia judicial, y la desaparición de la cofradía de pescadores, además de un modelo de transporte colectivo que en el plan -según sus críticos- no acaba de definir si se prioriza un tranvía o la guagua.
Martín (PSOE): «Si hay acuerdo en el 85%, es posible en el 15% restante»
El pasado jueves, en la Comisión de Control, estaba previsto que se tratara este asunto, pero fue suspendido alegando que el concejal de Urbanismo, Ramón Lazcano, de Ciudadanos (Cs), se encontraba de viaje.
«El equipo de gobierno va a hacer un esfuerzo de consenso para lograr este gran acuerdo, en el que todos nos podamos sentir representados y cómodos, tomando como partida el proceso participativo, pero Las Teresitas no se merece que si hay acuerdo en el 85% no nos pongamos de acuerdo en el 15% restante», sostuvo Martín, quien indicó que será este lunes cuando comiencen los contactos con los partidos y asociaciones críticas con lo planificado para la ordenación de Las Teresitas. En el pasado mandato, el propio PSOE rechazaba también los aspectos que ahora se mantienen en el documento.
«Asombro y decepción» en la plataforma ciudadana por que siga ‘el plan de CC y PP’
El enfado ha sido mayúsculo en la citada plataforma, que llevaba mucho tiempo desactivada tras la demolición del Mamotreto y la condena que llevó a la cárcel a dos exconcejales de Coalición Canaria (CC) y a una funcionaria municipal. Uno de sus portavoces, Ramón Afonso, se mostró decepcionado con el gobierno municipal que encabeza Patricia Hernández, y exigió que no haya ni hotel, ni mamotreto ni desaparezca la cofradía de pescadores, o emprenderán movilizaciones de nuevo.
En el mismo sentido se expresó, Lola Schneider, una de las activistas históricas contra la corrupción político empresarial que rodeó todo el negocio de Las Teresitas y su entorno. Esta alemana afincada en Montaña Morera, un núcleo residencial próximo a San Andrés, se mostró «asombrada» de que el plan, con el nuevo gobierno, «prevea de nuevo la barbaridad de un muro entre el pueblo y la playa» y no comprende cómo el PSOE no modificó esa parte del documento antes de seguir adelante con su tramitación.
Trujillo (UP): «El plan debe rehacerse con el principio de mínima intervención en la playa»
Ramon Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (alianza formada por Izquierda Unida, Podemos y Equo), considera que «el plan debe rehacerse respetando el principio de mínima intervención y máxima preservación del espacio natural, manteniendo los valores pesqueros del área y desarrollando una estrategia de movilidad sostenible coherente», dejando espacio para los pescadores, sin hoteles y previendo las consecuencias del cambio climático. Sin esas modificaciones, votará en contra en su aprobación definitiva y alentará la movilización social contra el plan.
Según ha indicado Justicia y Sociedad, un colectivo de juristas, el plan actual daría cobertura a la construcción de «un hotel de cinco plantas (sin poder superar la altura máxima de la montaña de San Andrés, en el espacio que ocupaba la antigua batería militar al inicio de la playa ) y ocho plantas (sin limitación de altura), con una edificabilidad de 40.000 metros cuadrados » y también » la ejecución de un edificio de aparcamiento de tres alturas -dos bajo rasante / aparcamientos- y una planta sobre la rasante consistente en zona comercial, yasí como la Eliminación de las actividades tradicionales pesqueras en el ámbito».
Esta asociación advierte de que un plan así supondría «una transformación de la playa y su entorno en una playa turística que perdería su actual atractivo natural y una traición a la demanda ciudadana de contar con una playa para el pueblo de Santa Cruz».
Bermúdez (CC-PNC): «Si se empieza de cero, no se hará nada en este mandato»
Desde CC-PNC, su portavoz y exalcalde, José Manuel Bermúdez, sostiene que “la paralización del Plan Especial incumple el mandato del pleno del pasado 31 de enero y desprecia toda la labor realizada desde 2016, por lo que el Ayuntamiento tendrá que volver a empezar de cero, pues se pretende hacer cambios sustanciales y los trabajos no podrían iniciarse en el presente mandato”. Bermúdez confía en que “tanto el concejal de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras, Juan Ramón Lazcano, como su partido, Ciudadanos, no claudiquen ante la presión y se mantengan en el acuerdo plenario de hace solo 13 días”.
El exregidor municipal deja patente que “no va a estar a favor de esta paralización, que lo único que pretende es impedir los aparcamientos cubiertos, públicos y gratuitos de la playa, así como que el consistorio pueda usar la parcela con calificación de uso hotelero y autorice la construcción del pequeño establecimiento previsto en el Plan”.
A su juicio, “no es de recibo que se pretenda quitar el uso hotelero a la parcela donde está prevista la construcción de una instalación de pequeñas dimensiones, ya que supondría que el Ayuntamiento, es decir los chicharreros, pierdan recursos si se modifica el uso turístico”.
