El pleno del Parlamento canario ha aprobado por unanimidad una nueva Ley de Patrimonio Cultural que viene a sustituir a la vigente desde 1999, y que no se ha cumplido en algunos de sus objetivos. La nueva norma introduce como novedades, aparte de la propia denominación (se remplaza el adjetivo ‘histórico’ por el de ‘cultural’ para definir mejor la materia a la que se refiere), los catálogos insulares de bienes protegidos, la inclusión del patrimonio industrial, nuevas medidas de apoyo a los propietarios de bienes con la máxima categoría o incluidos en dichos listados, la obligación de destinar el 1% de las inversiones anuales del Gobierno canario a los fines de esta ley y un sistema de documentación digital llamado LAVA para aunar toda la información existente en Canarias.
La nueva norma ha sido posible gracias a un proceso colaborativo y participativo, «porque este Gobierno ha entendido que gestiona un bien común, que pertenece a la memoria de los canarios «, afirma el director general de Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo.
También se crean los Catálogos Insulares de Bienes Culturales, como nuevos instrumentos de protección, y se añaden nuevos preceptos para regular el patrimonio industrial, inmaterial y el bibliográfico, que no venían contemplados en la Ley de 1999. El sistema de catálogos e basa tres pilares: el Registro de Bienes de Interés Cultural, los Catálogos Insulares de Bienes Culturales y el Catálogo Municipal de Patrimonio Histórico y Cultural.
Además, se habilitan como nuevas categorías de protección las de Paisaje Cultural y Sitio Industrial, se suprime la denuncia de mora como trámite imprescindible para declarar la caducidad de los expedientes de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), que se produce por el transcurso del plazo de 24 meses; y se atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias competencia para incoar los expedientes de BIC de Patrimonio Inmaterial.
La nueva Ley contempla la Inspección Periódica de edificaciones, para los bienes inmuebles incluidos en algún instrumento de protección; el Patrimonio Subacuático, cuyo cuidado recaerá en el Gobierno canario; así como capítulos específicos dedicados al Patrimonio Industrial, el Patrimonio Documental y Bibliográfico, y el Patrimonio Inmaterial.
Se introduce el principio de cualificación técnica para la composición de las Comisiones Insulares, y los Consejos Municipales, en los que el Gobierno canario deberá estar representado, así como las universidades, colegios de arquitectos y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), entre otros, de acuerdo con el principio de paridad de géneros.
Por lo que se refiere a los museos, se introduce una concepción más actual de estos como instituciones abiertas, accesibles, inclusivas, interculturales y sostenibles, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, agentes de transformación social y generadores de conocimiento.
La gestión del sistema de museos se hace recaer sobre el Gobierno autonómico, con la creación del Registro de Museos, adscrito a la misma Administración, y donde se relacionan las instituciones autorizadas. Se detalla el contenido del Proyecto para la creación de museos, exigiendo la presentación de plan director, proyecto arquitectónico, plan museológico, plan de gestión, inventario de fondos, régimen de visitas y estatutos, entre otros.
El texto que ha recibido el apoyo de todo el Parlamento recoge también que el Gobierno de Canarias velará por la investigación, difusión, proyección exterior y, en su caso, retorno a Canarias de los bienes del Patrimonio Cultural que se encuentren fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
Novedad es también el Sistema de Información del Patrimonio Cultural de Canarias LAVA, que será, según el Gobierno regional, la auténtica memoria del patrimonio cultural canario y una herramienta que permitirá el acceso a todos los ciudadanos al legado que les pertenece.
Al mismo tiempo, LAVA constituirá un instrumento de control para la salvaguardia del patrimonio cultural, además de servir de base para formular planes concretos, al procesar, codificar y almacenar los elementos registrados con una información actualizada, aportando la máxima accesibilidad y utilidad.
Además, se regulan nuevas medidas de fomento, como el acceso preferente al crédito oficial o subsidiado a los titulares de bienes BIC o incluidos en Catálogo Insular; se mejora la regulación del 1% Cultural; se integra como tal medida la difusión, enseñanza e investigación del patrimonio cultural y se crea la distinción de “Protector del Patrimonio Cultural de Canarias”.
En lo que respecta al régimen sancionador, se mejora la descripción de las infracciones, vinculándolas a la gravedad de los perjuicios que produzcan (leves, graves o muy graves); se eleva la cuantía de las multas por infracciones leves, de 600 euros a 3000 euros, y su recaudación se destina a la conservación del propio Patrimonio Cultural de Canarias.
