PLANETA CANARIO
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha acordado la incorporación al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática de nuevos vestigios que, según informa en un comunicado, constituyen expresiones de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra de España, la dictadura franquista y de sus conexiones con otros regímenes totalitarios.
Las resoluciones, adoptadas tras el análisis de la Comisión Técnica de Expertos prevista en el Real Decreto 1040/25 que desarrolla la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, afectan al Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, más conocido como Monumento a Franco; al Monumento a los Rumanos Caídos, en Majadahonda (Madrid); y a las inscripciones en honor a José Antonio Primo de Rivera existentes en las catedrales de Murcia y Almería.
El Monumento a Franco se inauguró en 1964 , según explica el Ministerio, «con la finalidad expresa de conmemorar la victoria militar del bando sublevado y perpetuar en el espacio público la memoria de la dictadura franquista».
Según ha anunciado el Ministerio, este conjunto escultórico deberá ser desmantelado (en este caso por el Ayuntamiento chicharrero) en un plazo máximo de seis meses, según informa EFE.
La Comisión Técnica ha estimado que el conjunto escultórico y su programa iconográfico «presentan la Guerra de España como una cruzada salvadora y exaltan la figura de Francisco Franco y el triunfo del régimen surgido del golpe de Estado de 1936».
Se trata, además, de uno de los conjuntos monumentales franquistas de mayor dimensión conservados en España y de uno de los principales hitos de la arquitectura conmemorativa del régimen.
La resolución se produce después de que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, máximo órgano asesor del Gobierno autonómico en esta materia, rechazara su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) por amplísima mayoría y sin votos en contra, al considerar que no concurren valores patrimoniales suficientes que justifiquen la conservación de un monumento cuya finalidad esencial es la exaltación de la dictadura.
La obra la diseñó el escultor extremeño,Juan de Ávalos, reconocido como uno de los mejores de su época, pero tal vez muchos desconozcan que fue republicano y socialista, y por ello en 1942 el régimen franquista le prohibió ejercer cargos directivos en instituciones académicas.
Luego realizaría obras por encargo del régimen, con el que nunca pareció comulgar, a pesar de que sus esculturas adornan algunos de los monumentos más exaltadores del franquismo, como el Valle de los Caídos.
El asunto continúa en vía judicial. La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel ha sido la principal impulsora de un litigio para intentar preservar el monumento erigido en la avenida de Anaga.
La entidad solicitó al Cabildo de Tenerife su declaración como BIC (ya que la legislación vigente permite mantener esculturas que sean bienes culturales y no puedan ser removidas, en cuyo caso se plantea la opción de su resignificación). Tras la negativa inicial de la corporación insular, interpuso un recurso contencioso-administrativo que culminó con una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife, en junio de 2024, obligando al Cabildo a incoar el expediente de protección patrimonial.
Después de que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias rechazara el pasado 11 de junio de 2026 la declaración como BIC al considerar que la obra no reúne los valores exigidos por la legislación, la asociación anunció que volvería a recurrir a los tribunales.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de sus servicios jurídicos y administrativos, está analizando la resolución dada hoy a conocer por el Ministerio de Memoria Democrática, en el que se incluye el monumento en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, apunta que “nuestros técnicos están estudiando las posibles consecuencias que para Santa Cruz va a tener esta decisión, que se ha dado a conocer hoy por la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática”. Bermúdez reitera que, en cualquier caso, “este Ayuntamiento cumplirá con lo que dicta la ley, tal y como está escrita, tanto en lo que se refiere a la Ley de Memoria Democrática de carácter estatal, como a la Ley Canaria de Memoria Democrática”.
El regidor municipal afirma que “necesitamos analizar todas las vertientes que esta decisión implica para los chicharreras y chicharreros, ya que el ministerio que preside Torres toma decisiones que tienen consecuencias que debemos asumir otras administraciones, dejando en nuestras manos cuestiones como la de asumir el coste de esa decisión o las posibles repercusiones legales de la misma, algo que, insisto debemos estudiar en profundidad”.
