VICENTE PÉREZ
El último mes en el Cabildo de Tenerife ha sido explosivo. La mayor polémica del mandato ha puesto el pacto de gobierno entre CC y PSOE al borde del divorcio. El motivo: el intento de comprar un edificio de 13 plantas en Cabo Llanos de oficinas, sin terminar, para convertirlo en geriátrico, a una empresa, Carlacand, de la familia de Antonio Plasencia, el empresario doblemente condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar, y que debe hacer frente a unas responsabilidades patrimoniales de más de 100 millones de euros por ambos procesos.
La operación, que totalizaba 29,1 millones de euros, ha quedado abortada a pesar de que todos los partidos, excepto Podemos -que se abstuvo-, le habían dado el visto bueno inicial. Pero al conocer los entresijos del expediente y airearse en la prensa y en las redes sociales el nombre del vendedor del inmueble, PSOE y PP retiraron su apoyo a esta compraventa y CC se ha visto forzada a dar carpetazo al asunto.
Todo ha ocurrido en un mes, y solo un diario, Tenerife Ahora-Canarias Ahora, y Mírame TV, han aireado el expediente administrativo que tramitó el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), a gran velocidad, entre octubre y diciembre, para convertir un edificio en construcción en un residencia de ancianos con vistas al Auditorio Adán Martín, en la en otra época llamada milla de oro de Santa Cruz, pero en el que durante años no se ha vendido ni una oficina en ese inmueble. De todos modos, la polémica política ha sido tan evidente con el paso de los días, que al final ha trascendido a más medios de comunicación.
Todo comenzó, para la opinión pública, el 29 de diciembre pasado, cuando el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, anunciaba en un comunicado como ventajosa la compra, sin concurso público -la ley lo permite en supuestos muy concretos- por parte del IASS de dicho edificio por 23 millones, más otros 6,1 para adecuarlo a uso sociosanitario, obra que también se le daba a dedo a Plasencia, aunque no se citaba la propiedad en la nota oficial. Las justificación de esta adquisición fue la necesidad de realojar a los pacientes del hospital Febles Campos y de la residencia de mayores de Ofra para demoler ambos centros y hacerlos nuevos.
Partidos que dicen sí y luego no
En el Consejo Rector del IASS, y días antes, el PSOE en el Consejo de Gobierno del Cabildo, todos los partidos, excepto Podemos -aunque tampoco se opuso, sino que se abstuvo- respaldaron la operación. Y la realidad es que figuraba en la propuesta que fue acordada en el IASS el nombre del representante de la empresa vendedora: Carlos Antonio Plasencia Romero, hijo del conocido constructor, por lo que los consejeros que alegan que no sabían de quién era la bien que se iba a adquirir no leyeron el expediente.
Pero el nombre de Plasencia no se podía sustraer a la opinión pública, y tras algunos titulares de Tenerife Ahora y Mírame TV en que sí se precisaba ese dato, más la accion de las redes sociales, aceleraron un sorprendente cambio de acontecimientos.
Podemos fue el primero en cuestionar esta compra a un empresario que está condenado por vender al Ayuntamiento las parcelas de Las Teresitas a un precio muy superior al valor real, valiéndose de una tasación que había sido hecho a su medida por al empresa Tinsa, según la sentencia del caso, pendiente aún de un último recurso.
Después fue el PSOE el que reculó al quejarse de que CC, traicionando su confianza, había tramitado el expediente a sus espaldas y con oscurantismo. Y finalmente el PP también se echaba para atrás alegando falta de transparencia en esta operación. Resultó ser así que en pocos días CC se había quedado ya sola defendiendo la limpieza del expediente y la adquisión a Plasencia.
Un expediente que depara muchas dudas
La divulgación del expediente en Mírame TV y, con mayor profundidad, en Tenerife Ahora, permitió a la opinión pública conocer algunos detalles que llaman poderosamente la atención.
El precio se fijó tomando como única referencia una tasación encargada el 10 de octubre, también a dedo, a la empresa Tinsa, la misma que en su día infló el valor de las parcelas de Las Teresitas, y que calculó que el inmueble de Cabo Llanos vale 23,3 millones. Como el empresario había pedido 23, pues se dio por bueno. Todo quedó cuadrado.
La tasación de Tinsa, elaborada en tiempo récord -poco más de una semana- no se contrastó con otra tasación de funcionario público, sino que un servicio técnico del IASS la validó a pesar de que en un informe anterior había admitido que carecía de medios, formación y datos actualizados para poder llevar a cabo tal labor.
Se da además la circunstancia de que el interventor del IASS se negó en un primer momento a hacer su vinculante informe porque le habían dado poco tiempo para eximinar una operación que era «harto compleja», el mayor gasto en los últimos años. Eso motivó que el 27 de diciembre se suspendiera el Consejo Rector previsto y se dejara para el día siguiente. El 28, Día los Inocentes, vuelve a convocarse, ya con informe de Intervención, pero en el que se volvía a quejar de falta de tiempo, advertía de que no estaba bien justificado que esta compra no se hiciera por concurso público, que el expediente aún estaba incompleto -ni si quiera se podía certificar que hubiera llegado la inyección de dinero de las arcas generales del Cabildo a las del IASS para poder realizar la compra- y que no constaba ningún informe que indicara la urgencia de desalojar a los pacientes del Febles Campos. Por todo ello, el funcionario fiscalizador dejaba claro que su visto bueno era solo al inicio del trámite, no para avalar ningún pago hasta no verificar todos estos aspectos. También el servicio económico y financiero del IASS prevenía de que el método de compra directa sin concurso requería legalmente de estar muy bien justificado.
Un sorprendente registro de entrada
Pero el dato más llamativo del expediente es que la oferta de la empresa Carlacand, firmada por el hijo de Plasencia, aparece fechada el 14 de diciembre pasado en el registro de entrada del IASS, lo que, a afectos oficiales significa que hasta entonces no existía. Sin embargo, desde octubre anterior consta en otros informes del expediente que ya la manejaba el IASS, y, de hecho, en noviembre había pedido al Ayuntamiento que certificara que el edificio de oficinas podía cambiar su uso a sociosaniario, y en diciembre la Gerencia de Urbanismo responde que sí, con el actual Plan General de Ordenación de la capital (PGO).
Pero como este PGO está anulado por sentencia en primera instancia y pendiente de que se resuelva un recurso para saber si adquiere o no firmeza, la posible pérdida de vigencia de este planeamiento hace que no esté claro que en ese supuesto se admita el cambio de uso de la parcela, según la interpretación que hacen todos los partidos menos CC, y para PSOE y Podemos más el informe viene a decir que no se puede.
El IASS, que sabía desde al menos 2016 que tenía que dotarse de nuevas plazas geriáticas para llevar a cabo las demoliciones, alega que estuvo más de dos años buscando un inmueble para 220 pacientes en el área metropolitana y no lo encontró. Solo halló uno antes en venta, una residencia en funcionamiento, el Mirador de Ifara, pero cuyos propietarios pedían un precio superior a precio tasado por este organismo del Cabildo, y no fue posible la compra. Pero en el expediente no se detalla qué edificaciones concretas se descartaron, aunque sí una explicación genérica que abarca incluso hoteles e inmuebles de la Iglesia, pero nunca citando direcciones y características concretas.
Tension creciente en el pacto y viraje de CC
Así las cosas, la tensión entre los socios de gobierno (CC-PSOE) llegó a cotas muy altas, y Carlos Alonso que incluso había manifestado que asumiría el coste político de comprar al empresario condenado, acabó anunciando que desistía de la compra directa y se iba a convocar una solicitud pública de ofertas. El giro había sido de 180 grados.
Pero el PSOE -varios de cuyos miembros y exmiembros fueron denunciantes del caso Las Teresitas- no había dicho la última palabra, y el Comité Insular que preside Pedro Martín mandató a los consejeros socialistas en el Cabildo a desactivar cualquier intento de que se compre el edificio a Plasencia, de modo que la única opción fuera convocar un concurso para adjudicar la construcción de un nuevo edificio en suelo público. Y así lo hizo el PSOE en el pleno del Cabildo, elevando una propuesta en este sentido.
Ese pleno, celebrado el pasado viernes 24 de enero, evidenció el divorcio entre CC y PSOE, al punto de que crece el deseo entre militantes y dirigentes socialistas de poner fin a una relación tras lo que Tenerife Ahora y Canarias Ahora han llamado ‘operación Plasencia’.
La solución final no disipa todas las suspicacias
Pues bien, la solución que finalmente se ha adoptado surgió de una enmienda del PP, apoyada por CC, y que consiste en que el Cabildo desiste de la compra pero iniciará la búsqueda de un nuevo edificio, proceso en el que Plasencia podrá volver a presentar su oferta, lo cual ha sido visto como un giro de 360 grados, es decir, un intento de volver al punto de partido para tratar de darle el negocio al empresario condenado, aunque los populares remarquen que el inmueble en cuestión no les parece el adecuado para un geriátrico.
El nuevo acuerdo aprobado solo por PP y CC implica además licitar la provisión de plazas geriátricas provisionales para realojar a los pacientes de Febles Campos y de Ora, sondear si la Seguridad Social tiene algún edificio que ceder para este fin, y, finalmente, solo en caso de que en seis meses nada de lo anterior diera resultado, optar por construir un edificio en suelo público.
Toda esta polémica (en la que Podemos no ha dudado en apuntar que tiene como móvil «financiar la corrupción» y CC tacha esa acusación de «falsa») ha dejado muy tocada la alianza entre CC y PSOE. Tal es así que, aunque el jefe de filas socialista y vicepresidente de la corporación, Aurelio Abreu, aseguró tras el pleno que no tiene intención de romper el pacto, no es ese el sentir ya de todos los consejeros y cargos inferiores de su partido en el Cabildo. La incógnita se despejará en próximos días o semanas, aunque a estas alturas del mandato, en cuatro meses más será sí o sí el final de la partida, pues se celebran elecciones.
De la ética y la estética a los pactos
En la escalada de declaraciones y, a veces, intentos de explicaciones, por parte de CC sobre este expediente, Alonso, aparte de proclamar que lo que le pide el cuerpo es romper el pacto con el PSOE pero que por responsabilidad no lo puede hacer, dio este lunes en la cadena SER una vuelta de tuerca a su argumentación en la que merece la pena poner el foco, por el calado de los conceptos: «A mí no me gusta comprarle un edificio a una persona que ha sido condenada, pero esta es la mejor opción y yo pongo antes que la estética la necesidad de atender bien a los mayores. Yo sabía que este asunto iba a provocar rechazo social, pero ante eso cabe la responsabilidad dentro del marco de la legalidad. Sé que tiene un coste político. Eso no es estético, pero cuidar a un mayor al que hay que darle de comer por la boca con líquido tampoco es estético, y esto a la gente no le gusta verlo pero hay que hacerlo».
Por lo pronto, tampoco el PSOE demuestra tener la paciencia agotada con su socio. Este martes el secretario general del PSOE en Tenerife, y además candidato al ‘cetro’ del Cabildo, Pedro Martín, ha anunciado que su partido no va a romper el pacto con CC, a pesar de reconocer que sufren las «provocaciones» de su socio para que el divorcio se produzca. El motivo: que «para los ciudadanos sería una pataleta que sería difícil explicarles», habiendo, dice, tantos proyectos e inversiones pendientes de salir adelante en estos últimos meses antes de las elecciones en las áreas que gestionan en el Cabildo los socialistas.
Y eso que la secretaria de Organización del PSOE de Tenerife, Josefa Mesa, ha manifestado que Alonso ha ejercido «presiones» sobre el grupo socialista porque esta venta «sí o sí» tenía que salir adelante. Mesa, junto al jefe de filas del PSOE en el Cabildo, Aurelio Abreu (por cierto, desaparecido de declaraciones públicas en esta historia) fue la que asistió al Consejo Rector del IASS que en diciembre aprobó iniciar la compraventa, aunque su partido ha reculado, alegando que no conocía los detalles del expediente. Hay a quien le sorprende que a los socialistas el mero nombre del representante de Carlacand en la propuesta aprobada no les hiciera encenderse la bombilla: Carlos Antonio Plasencia Romero, prácticamente el mismo nombre que su padre, Antonio Plasencia. Pero Mesa y los demás consejeros aseguran que ignoraban los extraños detalles del expediente.
Hoy, por suerte, el expediente es de domino público gracias a la prensa. Y la historia no ha acabado, sino que tal vez lo único que ha hecho es empezar.
