VICENTE PÉREZ
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, mostró este domingo 9 de mayo su rechazo a la solución «unilateral» adoptada por el Gobierno de España para gestionar el desembarco en la isla de los pasajeros y tripulantes del crucero holandés MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.
En plena operación internacional para llevar a tierra en esta jornada dominical a unos 90 personas y repatriarlas a 22 países, la mandataria insular criticó que la escala del buque en Tenerife se prolongue hasta el lunes 11 de mayo debido a retrasos en la llegada a la isla de dos aviones, uno de ellos de Australia.
Dávila cargó contra el Ejecutivo estatal y dejó claro que esta operación se lleva a cabo “en contra del criterio del Gobierno de Canarias y también del Cabildo de Tenerife”.
Se quejó de que el Gobierno estatal ha tomado decisiones“de forma unilateral”, sin facilitar información suficiente ni las garantías sanitarias reclamadas por las instituciones canarias.
En este sentido, indicó que tanto el Cabildo como el Gobierno canario pidieron la realización de pruebas PCR a todos los pasajeros para confirmar que no eran contagiosos, así como la entrega de informes técnicos . “Nada de eso se nos aportó”, remachó.
En línea con lo expresado ya por el presidente del Gobierno canario la noche del sábado 9, Dávila sostiene que el desembarco y el retorno de los cruceristas a sus países podía haberse completado durante este domingo en 12 horas y evitar así prolongar la estancia del buque en la isla, y con ellos el riesgo.
Por ello, expresó su rechazo a que el barco pase en total 36 horas en el puerto de Granadilla, donde está fondeado, sin atracar en el muelle. A su juicio, esta prolongación de la escala de un barco donde se ha producido un brote de hantavirus con 3 fallecidos resulta «absolutamente contraproducente y por eso nos hemos opuesto radicalmente”.
La presidenta del Cabildo defendió que Tenerife y Canarias han actuado “con responsabilidad”, priorizando la seguridad sanitaria de la población insular, al tiempo que expresó solidaridad con las personas que viajan a bordo del crucero.
“En esta isla vivimos más de un millón de personas, además de la población flotante que nos visita”, subrayó Dávila al justificar su postura.
El Gobierno canario y el Cabildo tinerfeño ya habían manifestado su disconformidad con que el crucero viniera a la isla, ya que consideraban que la evacuación se podía haber efectuado en Cabo Verde, donde estaba fondeado (aunque las autoridades de ese país no le dejaban entrar en puerto) con el apoyo de las 23 naciones a las que pertenece el pasaje y la tripulación del barco, de bandera de Países Bajos.
