PLANETA CANARIO
La Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote (organismo formado por el Cabildo y los ayuntamientos) y la Junta General de INALSA, ambos órganos presididos por Dolores Corujo (PSOE), han acordado la adopción de medidas legales contra el expresidente del Cabildo conejero, Pedro San Ginés (CC) y el abogado Ignacio Calatayud por la «contratación irregular» del letrado y los «cobros indebidos» por por parte de este profesional en los procedimientos incidentales en que representó de manera «también irregular» a ambas entidades.
Así lo ha informado el Cabildo en un comunicado, en el que explica que «la investigación realizada por INALSA a lo largo de los últimos meses sobre los procedimientos en los que se había personado el letrado-amigo de San Ginés, a raíz de la demanda presentada por Calatayud reclamando a INALSA el pago de otros 82.000 euros por honorarios del concurso y la «sorprendente» negativa de este a facilitar a su propio cliente la información sobre los incidentes concursales, ha permitido conocer y acreditar todo un cúmulo de irregularidades ocultadas por San Ginés, que han sido puestas en conocimiento de la Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote y de la Junta General de INALSA».
Con respecto a la contratación «irregular» del letrado, la documentación obtenida del Juzgado, «ante la pertinaz negativa de Calatayud a entregarla, pone de manifiesto que San Ginés designó como letrado en, al menos, nueve ocasiones» a este abogado, según la nota de prensa oficial. La cuantía de los honorarios pactados para cada una de las tres primeras designaciones era muy superior al límite máximo que la ley prevé para ese tipo de contratos y así quien fuera presidente de la empresa pública de aguas aceptó tres presupuestos por 199.020€, 99.020€ y 64.200€, cuando sus facultades le permitían contratar por un máximo de 18.000 euros.
Siempre según la versión del Cabildo, «además de exceder de manera escandalosa los límites para los que estaba facultado, San Ginés procedió a dichas contrataciones sin formalizar el correspondiente expediente de contratación, ni justificar la elección de su amigo letrado (un novicio en temas concursales sin experiencia previa alguna en la materia), limitándose a aceptar un presupuesto teóricamente remitido por Calatayud cuyas condiciones se transcribían en el documento firmado por San Ginés».
En el caso del primer contrato, este se suscribió por un importe total de 199.020 euros (importe prácticamente igual al que se había acordado con el despacho jurídico especializado en temas concursales que se contrató inicialmente por su experiencia en la materia; s in embargo, no se descontó el importe correspondiente al abundante trabajo que ya había realizado el equipo anterior durante la fase común, permitiendo que en la práctica lo volviera a cobrar el amigo del ex-presidente).
La posterior anulación de este primer contrato, que contemplaba la asistencia jurídica a la entidad en la totalidad del procedimiento concursal, y su sustitución por otros dos, que cubrían tan solo la fase común y la de convenio, causaron, según el Cabildo, «un grave perjuicio a INALSA, ya que no solo se renunció a condiciones más beneficiosas para la empresa en favor de Calatayud, al excluir los incidentes concursales en el segundo contrato, sino que también se incrementó el coste de la fase de convenio en un 50% en el tercero». La suma de estos contratos «irregulares» le han permitido cobrar a Calatayud la suma de 151.600€.
Por último, con respecto a las contrataciones según el Cabildo irregulares, «las investigaciones han desvelado que Calatayud se personó en nombre de INALSA en, al menos, cinco incidentes concursales sin que exista ningún expediente para su designación por lo que su contratación solo pudo ser verbal y a cargo de San Ginés».
En uno de esos incidentes, el Cabildo «ha constatado una nueva designación efectuada por San Ginés a favor de su amigo Calatayud para que se personase en nombre del Consorcio Insular de Aguas, sin que exista expediente de contratación, ni tan siquiera resolución acordando su designación por el ente público, la cual se efectuó mediante un nuevo nombramiento directo de Pedro San Ginés».
En cuanto se refiere a los cobros indebidos, la investigación «ha podido acreditar con los documentos proporcionados por el Juzgado que Calatayud percibió 642.000€, 80.250 y 26.750€ por tres incidentes concursales, lo cual hace un total de 749.000€, cuyo cobro a cargo de los contrarios fue ocultado a INALSA, tratándose de cantidades que tienen la consideración legal de crédito a favor de la masa, por lo que habrían servido para pagar parte de la deuda a los acreedores».
«Los 749.000€ cobrados indebidamente por Calatayud podrían ascender a 831.609,95€ de prosperar la reclamación realizada por el letrado mediante una Jura de Cuentas por un total de 82.609,95€», de acuerdo con la versión del Cabildo.
«En total incluyendo los cobros procedentes de los contratos irregulares y el importe facturado en los incidentes concursales, Calatayud habría cobrado con cargo al procedimiento concursal un total de 983.209,95€ frente a los 200.000€ que se contemplaban como precio total en el contrato suscrito con el equipo jurídico anterior que incluía la totalidad de los incidentes concursales», expone la nota de prensa.
De este modo, «los acuerdos entre San Ginés y Calatayud llegaron al extremo de que el amigo-letrado del expresidente de INALSA cobró el doble que los propios administradores concursales, pero por un trabajo notoriamente inferior ya que estos intervinieron en más de 20 incidentes y todas las fases del concurso, mientras que Calatayud solo intervino en 5 incidentes y lo contrató San Ginés cuando el trabajo de la fase común había sido realizado ya en gran parte por el equipo especializado anterior».
Tras conocer estos hechos, para el Cabildo «de extremada gravedad por sus consecuencias para las entidades afectadas, la Asamblea del Consorcio y la Junta General de INALSA han adoptado el acuerdo de ejercer las acciones legales que procedan facultando a la Presidenta del Consorcio y de INALSA para la contratación de abogado y procurador en orden al ejercicio de dichas acciones».
La presidenta de ambos entes públicos, Dolores Corujo, ha valorado «positivamente el trabajo de investigación realizado, pues ha permitido conocer lo sucedido a lo largo del procedimiento concursal a pesar de la deliberada estrategia de ocultación urdida por San Ginés y Calatayud, y ha mostrado su estupor e indignación tras conocer que mientras la empresa pública de aguas se jugaba su futuro en unas duras circunstancias había quien aprovechaba la situación en su beneficio personal saqueando de manera indecente las cuentas públicas».
San Ginés tacha de «falsas» las acusaciones y anuncia una querella contra Corujo
El portavoz adjunto del Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, anuncia que demandará judicialmente por calumnias a la presidenta de la primera institución, M.ª Dolores Corujo, tras la serie de notas consecutivas, hasta 8, divulgadas por el Cabildo, «en las que se miente conscientemente y se tergiversa toda la información relacionada con la contratación y los costes para las arcas públicas del abogado Ignacio Calatayud, lo que denota la clara intencionalidad política de un relato rotundamente falso de principio a fin».
“Todos los contratos y pagos de INALSA durante el concurso solo podían ser aprobados y ordenados por los administradores concursales, pero nunca por la dirección política, que había sido sustituida al frente de la empresa por orden judicial, y suspendido en sus funciones el consejo de administración”, explica el consejero.
Insiste así San Ginés en que el encargo al abogado de todo lo relacionado con el concurso de acreedores, incluidos los incidentes concursales, fue acordado por unanimidad del Consejo de Administración de INALSA, y subraya que “las condiciones económicas del contrato, incluidos los incidentes concursales, solo podían ser aprobadas por los administradores concursales, quienes establecieron que estos incidentes no tuvieran coste alguno para las arcas públicas y que, en todo caso, el abogado solo cobraría por ellos si ganados los incidentes había condena en costas. Costas que obviamente asumirían las empresas perdedoras, tal y como ya fue explicado en propia sede judicial por uno de los administradores.
«La lista de mentiras vertidas por Mª Dolores Corujo en todo este asunto, usando a su antojo un instrumento público como es el gabinete de prensa de la institución y en nombre de INALSA, es interminable, y lo único que demuestra y pone de relieve es su abuso de poder y su obsesión con el ex presidente del Cabildo», manifiesta San Ginés en su comunicado.
“Ni INALSA ha pagado casi un millón de euros al abogado, ni hay aprobación indebida de 800.000 euros (suma que no se sabe de dónde sale ), entre otras cosas porque es falso que las costas tuvieran el carácter de fondos públicos o fueran créditos a favor de la empresa; dee ser así, no se entendería que quienes velaban precisamente por el mejor uso de los bienes y derechos de INALSA para salvar la empresa por orden judicial, hubiesen acordado lo ya explicado», añade en su descargo el político nacionalista.
Para el consejero de CC-PNC, «lo que sí está claro es que la presidenta, Mª Dolores Corujo ha institucionalizado la mentira utilizando de forma partidista al gabinete de prensa del Cabildo y al gabinete de la Presidencia para falsear la realidad, en un claro y denunciable abuso de poder institucional para evitar que se hable del auténtico escándalo del momento, que es quién paga y por qué al consejero tránsfuga en el gobierno de Corujo, Juan Manuel Sosa».
