VICENTE PÉREZ
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife comenzó este martes, 4 de mayo, el juicio contra el alcalde del municipio tinerfeño de El Tanque, Román García (que se dio de baja en el PSOE), en el que Fiscalía pide 10 años de inhabilitación por contratar a dedo a una decena trabajadores en el Ayuntamiento en 2015, con informe en contra de la secretaria-interventora.
En la primera jornada de la vista oral ha sido fundamental la declaración de esta funcionaria, Mónica García (ahora en el Ayuntamiento de Los Silos), quien, de forma taxativa, declaró que «esas contrataciones no eran legales», por lo que se ratificó punto por punto los motivos por los que en 2015 puso objeciones a esos expedientes.
Horas después de terminada la primera jornada del juicio, el alcalde, sobre el que ya pesa una condena de inhabilitación por autorizar la apertura de una residencia geriátrica (sentencia que tiene recurrida), ha anunciado en Facebook que presentará la dimisión de sus «cargos y responsabilidades», debido a «que los últimos acontecimientos judiciales han sacudido la estabilidad del consistorio», en alusión a ambas causas penales.
Y es que este nuevo juicio también se le pone cuesta arriba. La citada funcionaria explicó en su declaración ante la Audiencia Provincial que informó de forma desfavorable porque las contrataciones a dedo incumplían la Constitución española, que obliga a seguir los principios de igualdad, mérito y libre concurrencia, vulneraban el Estatuto del Empleado Público y porque la legislación vigente en aquel momento congelaba la oferta de empleo público, de modo que solo se podía contratar previa declaración, por el pleno municipal, como servicio esenciales los nuevos puestos de trabajo (trámite este que, en cualquier caso, fue posterior a esas contrataciones de 2015).
Con meridiana claridad y gran seguridad en su declaración, manifestó que el alcalde era conocedor de esos reparos de legalidad tanto de manera verbal en las reuniones que mantuvo con él como por escrito. Además, apuntó que le asesoró de modo que estas contrataciones se podían hacer mediante los acuerdos con el Cabildo para bolsas de empleo, constituidas ya mediante proceso selectivo, pero que el regidor tanquero no utilizó este mecanismo.
Además, explicó Mónica García que en caso de que fuera necesario contratar a personas para labores urgentes, se podía haber acudido a listas de reserva en otros ayuntamientos o el Cabildo, y en «dos o tres días» habrían mandado a un apersona.
En el mismo sentido declaró el actual oficial jefe de la Policía Local y en su momento interventor accidental, quien también informó desfavorablemente contrataciones «siguiendo instrucciones» de la titular del servicio, por las mismas razones de ilegalidad de contratar a dedo.
Prestaron declaración también como testigos dos concejalas y una exconcejal socialistas. María de la O Lorenzo, que fue edil de Asuntos Sociales, reconoció que para las contrataciones se reunió con el alcalde y solo miraron los currículos presentados en la Agencia de Desarrollo Local, sin que se redactara ninguna acta donde constara los motivos de selección. Una de las contratadas fue una tía suya, pero alegó que en dicha agencia solo esa familiar suya y otra persona tenían un curso de ayuda a domicilio, al tiempo que alegó que era necesidad urgente cubrir esos puestos de trabajo. Dijo además desconocer que la secretaria-interventora ponía reparos.
La primera teniente de alcalde, Esther Morales, entonces concejales de Cultura, Fiestas, Desarrollo Local y Obras, dijo que propuso contratar a una persona, pero no participó en reuniones para su contratación y que era la Agencia de Desarrollo Local que seleccionaba. Aseguró no tener conocimiento de los informes negativos de la secretaria y que por entonces estaba empezando en política y que ahora tiene más conocimiento de estas normativas.
Por su parte, Jennifer Rosales, que entonces era concejal de Juventud y Servicios, cree que con carácter urgente se podía contratar, aunque dijo que llevaba solo dos meses en el cargo cuando se produjeron los hechos enjuiciados y que ignoraba entonces que la secretaria hubiera informado en contra.
En el juicio comparecieron dos de los trabajadores contratados a dedo. Uno de ellos, de nombre Fermín, confesó que no sabe leer, y que le hicieron un contrato después de que fuera a hablar con el alcalde para pedirle trabajo. Señaló que el regidor municipal le mandó a la planta baja del Ayuntamiento, donde dio sus datos y luego fue el propio alcalde quien le llamó para que empezara a trabajar.
La otra antigua empleada municipal que testificó fue María Rosa Ramos, limpiadora de colegios, quien en una anterior declaración en sede judicial había dicho que habló con el alcalde, pero en esta ocasión matizó que sólo porque se lo encontró por la calle, de forma casual.
En su anuncio de dimisión, el alcalde tanquero justifica las contrataciones «para cubrir distintas vacantes en el área de limpieza, mantenimiento, ayuda a domicilio y enfermería, a través de la excepcionalidad prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2015», algo que en el juicio, como ya se ha contado más arriba, rebatió de forma contundente la entonces secretaria interventora.
