PLANETA CANARIO
Ante la celebración de elecciones municipales el próximo 28 de mayo, la Asociación Nuestro Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife ha propuesto a las candidaturas que optan al Ayuntamiento capitalino un compromiso público por la mejora de la hoy insuficiente protección del patrimonio histórico arquitectónico del municipio, así como la necesidad de incentivos para su recuperación.
La relación de candidatos que respalda este compromiso, según un comunicado de este colectivo, es la siguiente: José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), Carlos Tarife (Partido Popular), Patricia Hernández (PSOE), Ramón Trujillo (Unidas Sí Podemos), Enrique Arriaga (Ciudadanos), Odalys Padrón (Nueva Canarias), Romen García (Drago Verdes Canarias), Javier Reyes (Reunir Canarias Sostenible) y Cristo Gil (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal, PACMA) así como el PCPC (Partido Comunista del Pueblo Canario), en alianza con Ahora Canarias. Si nuevas candidaturas se suman a este compromiso, la asociación lo publicará en su grupo de Facebook: https://www.facebook.com/groups/927617540655776
Este compromiso político se basa en cinco puntos:
- Resolver de forma definitiva el problema de la insuficiente o nula protección que tienen cientos de inmuebles históricos de Santa Cruz de Tenerife, con ocasión del trámite del nuevo catálogo de protección de patrimonio cultural y los planes especiales de protección de Conjuntos Históricos en tramitación.
- Elaborar el nuevo listado de inmuebles protegidos de manera consensuada entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, en todo caso, justificando la propuesta definitiva con criterios técnicos del personal especializado en esta materia en ambas Administraciones públicas.
- Defender y votar a favor de una alternativa del nuevo catálogo de bienes de patrimonio cultural que más y mejor lo proteja en todo el municipio de Santa Cruz de Tenerife, de modo que, en el caso de los inmuebles, tengan un grado de protección legal aquellos que, pese a tener valores históricos, arquitectónicos, artísticos, etnográficos… justificados, no se encuentran protegidos a día de hoy y podrían ser derribados o sus valores alterados de manera irreversible.
- Destinar al patrimonio histórico de titularidad de la Administración pública las inversiones necesarias para su conservación y rehabilitación, sometiendo a participación ciudadana los nuevos usos que se dé a inmuebles en desuso.
y 5. Crear suficientes incentivos y ayudas para favorecer el mantenimiento y la rehabilitación respetuosa de inmuebles catalogados de titularidad privada, en atención a las limitaciones que la catalogación supone y a la importancia estratégica de estas edificaciones para el acervo cultural, el paisaje urbano colectivo y la economía de la ciudad. Tales incentivos podrían ser, simultáneamente, bonificaciones en impuestos y tasas, agilización administrativa mediante oficinas técnicas especializadas en la gestión de proyectos de patrimonio histórico, subvenciones directas para obras, ayudas en material o mano de obra, asesoramiento técnico gratuito, subvenciones para la redacción de proyectos, así como todas estas mismas y otras medidas para apoyar la implantación de tejido empresarial y el repoblamiento de edificaciones catalogar.
Con respecto a estos compromisos, el PP puntualiza que su apoyo lo hace «con dos salvedades: adaptar las decisiones administrativas a las resoluciones judiciales y fijar unos criterios objetivos , transparentes y consensuados para evaluar los valores patrimoniales de los inmuebles».
Por su parte, Cs compromete además a “plantear la solución jurídica, urbanística y arquitectónica que debe acompañar a la protección del patrimonio».
El retraso en la aprobación de un nuevo catálogo, cuyo borrador salió a información pública el pasado año en el trámite de evaluación ambiental por el Gobierno canario, puede suponer la pérdida de inmuebles con valor patrimonial, ya que propietarios de inmuebles con protección cautelar han ganado en vía judicial litigios que revocan esta medida preventiva por rebasar el plazo legal, según ha reconocido esta semana la Gerencia de Urbanismo.
PLANETA CANARIO
Ante la celebración de elecciones municipales el próximo 28 de mayo, la Asociación Nuestro Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife ha propuesto a las candidaturas que optan al Ayuntamiento capitalino un compromiso público por la mejora de la hoy insuficiente protección del patrimonio histórico arquitectónico del municipio, así como la necesidad de incentivos para su recuperación.
La relación de candidatos que respalda este compromiso, según un comunicado de este colectivo, es la siguiente: José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), Carlos Tarife (Partido Popular), Patricia Hernández (PSOE), Ramón Trujillo (Unidas Sí Podemos), Enrique Arriaga (Ciudadanos), Odalys Padrón (Nueva Canarias), Romen García (Drago Verdes Canarias), Javier Reyes (Reunir Canarias Sostenible) y Cristo Gil (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal, PACMA) así como el PCPC (Partido Comunista del Pueblo Canario), en alianza con Ahora Canarias. Si nuevas candidaturas se suman a este compromiso, la asociación lo publicará en su grupo de Facebook: https://www.facebook.com/groups/927617540655776
Este compromiso político se basa en cinco puntos:
- Resolver de forma definitiva el problema de la insuficiente o nula protección que tienen cientos de inmuebles históricos de Santa Cruz de Tenerife, con ocasión del trámite del nuevo catálogo de protección de patrimonio cultural y los planes especiales de protección de Conjuntos Históricos en tramitación.
- Elaborar el nuevo listado de inmuebles protegidos de manera consensuada entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, en todo caso, justificando la propuesta definitiva con criterios técnicos del personal especializado en esta materia en ambas Administraciones públicas.
- Defender y votar a favor de una alternativa del nuevo catálogo de bienes de patrimonio cultural que más y mejor lo proteja en todo el municipio de Santa Cruz de Tenerife, de modo que, en el caso de los inmuebles, tengan un grado de protección legal aquellos que, pese a tener valores históricos, arquitectónicos, artísticos, etnográficos… justificados, no se encuentran protegidos a día de hoy y podrían ser derribados o sus valores alterados de manera irreversible.
- Destinar al patrimonio histórico de titularidad de la Administración pública las inversiones necesarias para su conservación y rehabilitación, sometiendo a participación ciudadana los nuevos usos que se dé a inmuebles en desuso.
y 5. Crear suficientes incentivos y ayudas para favorecer el mantenimiento y la rehabilitación respetuosa de inmuebles catalogados de titularidad privada, en atención a las limitaciones que la catalogación supone y a la importancia estratégica de estas edificaciones para el acervo cultural, el paisaje urbano colectivo y la economía de la ciudad. Tales incentivos podrían ser, simultáneamente, bonificaciones en impuestos y tasas, agilización administrativa mediante oficinas técnicas especializadas en la gestión de proyectos de patrimonio histórico, subvenciones directas para obras, ayudas en material o mano de obra, asesoramiento técnico gratuito, subvenciones para la redacción de proyectos, así como todas estas mismas y otras medidas para apoyar la implantación de tejido empresarial y el repoblamiento de edificaciones catalogar.
Con respecto a estos compromisos, el PP puntualiza que su apoyo lo hace «con dos salvedades: adaptar las decisiones administrativas a las resoluciones judiciales y fijar unos criterios objetivos , transparentes y consensuados para evaluar los valores patrimoniales de los inmuebles».
Por su parte, Cs compromete además a “plantear la solución jurídica, urbanística y arquitectónica que debe acompañar a la protección del patrimonio».
El retraso en la aprobación de un nuevo catálogo, cuyo borrador salió a información pública el pasado año en el trámite de evaluación ambiental por el Gobierno canario, puede suponer la pérdida de inmuebles con valor patrimonial, ya que propietarios de inmuebles con protección cautelar han ganado en vía judicial litigios que revocan esta medida preventiva por rebasar el plazo legal, según ha reconocido esta semana la Gerencia de Urbanismo.
PLANETA CANARIO
Ante la celebración de elecciones municipales el próximo 28 de mayo, la Asociación Nuestro Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife ha propuesto a las candidaturas que optan al Ayuntamiento capitalino un compromiso público por la mejora de la hoy insuficiente protección del patrimonio histórico arquitectónico del municipio, así como la necesidad de incentivos para su recuperación.
La relación de candidatos que respalda este compromiso, según un comunicado de este colectivo, es la siguiente: José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), Carlos Tarife (Partido Popular), Patricia Hernández (PSOE), Ramón Trujillo (Unidas Sí Podemos), Enrique Arriaga (Ciudadanos), Odalys Padrón (Nueva Canarias), Romen García (Drago Verdes Canarias), Javier Reyes (Reunir Canarias Sostenible) y Cristo Gil (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal, PACMA) así como el PCPC (Partido Comunista del Pueblo Canario), en alianza con Ahora Canarias. Si nuevas candidaturas se suman a este compromiso, la asociación lo publicará en su grupo de Facebook: https://www.facebook.com/groups/927617540655776
Este compromiso político se basa en cinco puntos:
- Resolver de forma definitiva el problema de la insuficiente o nula protección que tienen cientos de inmuebles históricos de Santa Cruz de Tenerife, con ocasión del trámite del nuevo catálogo de protección de patrimonio cultural y los planes especiales de protección de Conjuntos Históricos en tramitación.
- Elaborar el nuevo listado de inmuebles protegidos de manera consensuada entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, en todo caso, justificando la propuesta definitiva con criterios técnicos del personal especializado en esta materia en ambas Administraciones públicas.
- Defender y votar a favor de una alternativa del nuevo catálogo de bienes de patrimonio cultural que más y mejor lo proteja en todo el municipio de Santa Cruz de Tenerife, de modo que, en el caso de los inmuebles, tengan un grado de protección legal aquellos que, pese a tener valores históricos, arquitectónicos, artísticos, etnográficos… justificados, no se encuentran protegidos a día de hoy y podrían ser derribados o sus valores alterados de manera irreversible.
- Destinar al patrimonio histórico de titularidad de la Administración pública las inversiones necesarias para su conservación y rehabilitación, sometiendo a participación ciudadana los nuevos usos que se dé a inmuebles en desuso.
y 5. Crear suficientes incentivos y ayudas para favorecer el mantenimiento y la rehabilitación respetuosa de inmuebles catalogados de titularidad privada, en atención a las limitaciones que la catalogación supone y a la importancia estratégica de estas edificaciones para el acervo cultural, el paisaje urbano colectivo y la economía de la ciudad. Tales incentivos podrían ser, simultáneamente, bonificaciones en impuestos y tasas, agilización administrativa mediante oficinas técnicas especializadas en la gestión de proyectos de patrimonio histórico, subvenciones directas para obras, ayudas en material o mano de obra, asesoramiento técnico gratuito, subvenciones para la redacción de proyectos, así como todas estas mismas y otras medidas para apoyar la implantación de tejido empresarial y el repoblamiento de edificaciones catalogar.
Con respecto a estos compromisos, el PP puntualiza que su apoyo lo hace «con dos salvedades: adaptar las decisiones administrativas a las resoluciones judiciales y fijar unos criterios objetivos , transparentes y consensuados para evaluar los valores patrimoniales de los inmuebles».
Por su parte, Cs compromete además a “plantear la solución jurídica, urbanística y arquitectónica que debe acompañar a la protección del patrimonio».
El retraso en la aprobación de un nuevo catálogo, cuyo borrador salió a información pública el pasado año en el trámite de evaluación ambiental por el Gobierno canario, puede suponer la pérdida de inmuebles con valor patrimonial, ya que propietarios de inmuebles con protección cautelar han ganado en vía judicial litigios que revocan esta medida preventiva por rebasar el plazo legal, según ha reconocido esta semana la Gerencia de Urbanismo.
PLANETA CANARIO
Ante la celebración de elecciones municipales el próximo 28 de mayo, la Asociación Nuestro Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife ha propuesto a las candidaturas que optan al Ayuntamiento capitalino un compromiso público por la mejora de la hoy insuficiente protección del patrimonio histórico arquitectónico del municipio, así como la necesidad de incentivos para su recuperación.
La relación de candidatos que respalda este compromiso, según un comunicado de este colectivo, es la siguiente: José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), Carlos Tarife (Partido Popular), Patricia Hernández (PSOE), Ramón Trujillo (Unidas Sí Podemos), Enrique Arriaga (Ciudadanos), Odalys Padrón (Nueva Canarias), Romen García (Drago Verdes Canarias), Javier Reyes (Reunir Canarias Sostenible) y Cristo Gil (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal, PACMA) así como el PCPC (Partido Comunista del Pueblo Canario), en alianza con Ahora Canarias. Si nuevas candidaturas se suman a este compromiso, la asociación lo publicará en su grupo de Facebook: https://www.facebook.com/groups/927617540655776
Este compromiso político se basa en cinco puntos:
- Resolver de forma definitiva el problema de la insuficiente o nula protección que tienen cientos de inmuebles históricos de Santa Cruz de Tenerife, con ocasión del trámite del nuevo catálogo de protección de patrimonio cultural y los planes especiales de protección de Conjuntos Históricos en tramitación.
- Elaborar el nuevo listado de inmuebles protegidos de manera consensuada entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, en todo caso, justificando la propuesta definitiva con criterios técnicos del personal especializado en esta materia en ambas Administraciones públicas.
- Defender y votar a favor de una alternativa del nuevo catálogo de bienes de patrimonio cultural que más y mejor lo proteja en todo el municipio de Santa Cruz de Tenerife, de modo que, en el caso de los inmuebles, tengan un grado de protección legal aquellos que, pese a tener valores históricos, arquitectónicos, artísticos, etnográficos… justificados, no se encuentran protegidos a día de hoy y podrían ser derribados o sus valores alterados de manera irreversible.
- Destinar al patrimonio histórico de titularidad de la Administración pública las inversiones necesarias para su conservación y rehabilitación, sometiendo a participación ciudadana los nuevos usos que se dé a inmuebles en desuso.
y 5. Crear suficientes incentivos y ayudas para favorecer el mantenimiento y la rehabilitación respetuosa de inmuebles catalogados de titularidad privada, en atención a las limitaciones que la catalogación supone y a la importancia estratégica de estas edificaciones para el acervo cultural, el paisaje urbano colectivo y la economía de la ciudad. Tales incentivos podrían ser, simultáneamente, bonificaciones en impuestos y tasas, agilización administrativa mediante oficinas técnicas especializadas en la gestión de proyectos de patrimonio histórico, subvenciones directas para obras, ayudas en material o mano de obra, asesoramiento técnico gratuito, subvenciones para la redacción de proyectos, así como todas estas mismas y otras medidas para apoyar la implantación de tejido empresarial y el repoblamiento de edificaciones catalogar.
Con respecto a estos compromisos, el PP puntualiza que su apoyo lo hace «con dos salvedades: adaptar las decisiones administrativas a las resoluciones judiciales y fijar unos criterios objetivos , transparentes y consensuados para evaluar los valores patrimoniales de los inmuebles».
Por su parte, Cs compromete además a “plantear la solución jurídica, urbanística y arquitectónica que debe acompañar a la protección del patrimonio».
El retraso en la aprobación de un nuevo catálogo, cuyo borrador salió a información pública el pasado año en el trámite de evaluación ambiental por el Gobierno canario, puede suponer la pérdida de inmuebles con valor patrimonial, ya que propietarios de inmuebles con protección cautelar han ganado en vía judicial litigios que revocan esta medida preventiva por rebasar el plazo legal, según ha reconocido esta semana la Gerencia de Urbanismo.
