PLANETA CANARIO
La Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (ASEPALMA) exige que en la reunión de la Comisión Mixta Canarias-Estado, prevista para este 12 de noviembre, se concrete el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el sector agrario damnificado por la catástrofe volcánica de 2021, para que se pueda avanzar y culminar la recuperación de las fincas agrícolas sepultadas por la lava.
Esos compromisos fueron trasladados a los agricultores de las cooperativas en un encuentro celebrado el 9 de julio en Madrid con el Ministerio de Política Territorial y en otra reunión de coordinación, el 24 de julio, entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y esta asociación.
En un comunicado, el colectivo agrario reclama a los responsables públicos que expliquen qué financiación está garantizada para la recuperación del sector y por qué vuelve a aplazarse el apoyo a los agricultores que siguen sin poder producir. Esta petición se produce tras el anuncio de que los primeros 68 millones de euros se incorporarán a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias y de que parte de los 100 millones previstos se destinará a indemnizar por la pérdida de segundas viviendas y a otras actuaciones distintas de las planificadas con los agricultores.
Para la asociación, «ha llegado el momento de comprobar el cumplimiento de la palabra dada, que deberá quedar reflejada en las decisiones que adopte la Comisión Mixta de este jueves, pues los agricultores necesitan que los compromisos se reflejen en el destino del dinero y en fechas concretas de pago».
ASEPALMA urge a las consejerías de Presidencia, Agricultura y Hacienda del Gobierno de Canarias a tramitar con urgencia, antes de que finalice 2026, una solución para las ayudas por kilogramo improductivo, cuya financiación ya está concretada y para las que solo falta establecer el mecanismo que permita hacer efectivas estas subvenciones.
«PREOCUPACIÓN» POR EL DESTINO DE LOS FONDOS
ASEPALMA asiste «con preocupación» a las noticias de las últimas horas sobre las intenciones de la Consejería de Presidencia de desviar nuevamente parte de los recursos comprometidos con el sector agrario hacia otros sectores.
Por ello, demanda a todas las partes representadas en la Comisión Mixta «que no se desdigan de sus palabras y que los compromisos y prioridades ya consensuados sobre el empleo de los fondos se reflejen de manera fiel y eficaz en los acuerdos que se adopten» este 12 de noviembre.
Al ministro Ángel Víctor Torres, ASEPALMA le pide que impulse en la Comisión Mixta una respuesta concreta del Gobierno de España sobre las prioridades agrarias definidas en julio de 2026 y la financiación pendiente de 123 millones de euros para terminar la reconstrucción.
Al PSOE y al PP, la asociación les solicita que «hagan valer sus responsabilidades institucionales para alcanzar acuerdos ejecutables». Al Gobierno de Canarias le reclama «garantías sobre las prioridades ya asumidas, que además hizo suyas públicamente, y que explique y justifique cualquier retraso o cambio en el reparto».
Cabe recordar que, en la reunión del 24 de julio, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma asumieron como propio el documento que les entregó ASEPALMA, en el que se cifraban en torno a 223 millones de euros las necesidades de financiación pública pendientes. El Cabildo, en un comunicado, afirmó que «serán los propios agricultores y el sector primario quienes marquen las prioridades de actuación»
UNA ESPERA «INADMISIBLE»
La asociación palmera asegura que los agricultores «siguen esperando» las condiciones necesarias para poder reconstruir sus fincas. Según la información trasladada a ASEPALMA, las compensaciones por kilogramo improductivo vuelven a aplazarse por dificultades de encaje jurídico y su resolución podría demorarse aún unos cuatro meses.
ASEPALMA considera «inadmisible» que, cinco años después del inicio de la erupción, siga pendiente de hacerse efectiva una protección destinada a que los afectados puedan continuar siendo agricultores y sostener a sus familias hasta recuperar la producción.
Señala, además, que la falta de accesos e infraestructuras hidráulicas, las licencias bloqueadas y el despliegue incompleto de las ayudas siguen frenando la reconstrucción. «Sin esas condiciones», advierte, «muchos afectados pueden aburrirse o verse obligados a vender sus terrenos a quienes sí disponen de recursos para soportar la espera».
La asociación recuerda que el propio Gobierno de Canarias, mediante una orden de la Consejería de Economía dictada el 12 de mayo de 2025, reconoció ayudas a negocios de diversa índole afectados por la emergencia volcánica, ante la persistencia de su paralización durante 2024.
TRANSPARENCIA Y FINANCIACIÓN
Según la información recibida por ASEPALMA, alrededor de 31 millones de euros se canalizarán a través de la Consejería de Agricultura para las ayudas del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) y la retirada de cenizas, mediante los procedimientos establecidos en los correspondientes programas y bases reguladoras. Por su parte, la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias gestionará fondos destinados a otros conceptos agrarios y a finalidades distintas.
Por ello, la asociación exige conocer el reparto completo de los fondos, las cantidades asignadas a cada medida y el calendario de ejecución, «puesto que el dinero tiene un destino ya pactado entre toda la sociedad palmera».
En esta línea, el colectivo agrario reivindica que «deben concretarse las ayudas para cubrir la diferencia entre el valor de lo perdido y el coste real de reconstrucción, las compensaciones por las instalaciones agrarias destruidas y la atención a las comunidades de agua y las redes de riego, así como abonarse el 81 % pendiente por el sobrecoste de limpieza de cenizas sobre la fruta».
«Cualquier importe destinado a conceptos ajenos a ese cálculo obliga a explicar cómo se cubrirá la diferencia», señala ASEPALMA.
La asociación se reserva la posibilidad de solicitar nuevas reuniones en las cooperativas y con las instituciones públicas con las que se adquirieron los compromisos, para que se expliquen, en su caso, los retrasos y los cambios anunciados en el destino de los fondos.
La Comisión Mixta para la reconstrucción, recuperación y apoyo a la isla de La Palma es el órgano de coordinación interadministrativa entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y las entidades locales —Cabildo de La Palma y ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte—, creado tras la erupción volcánica de 2021.
