PLANETA CANARIO
Los gobiernos de España y Canarias, junto al Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Fuencaliente, han firmado un protocolo para la exhumación de los cuerpos de las víctimas del franquismo de la fosa de la Vaguada de la Araña, en el municipio de Fuencaliente, en la isla de La Palma.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática; Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias; Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, y Gregorio Clemente Alonso, alcalde de Fuencaliente, han suscrito el acuerdo, que tiene una duración de tres años prorrogables.
Los trabajos de excavación en búsqueda de fosas con restos de represaliados de la Guerra Civil se reanudaron este año con la ayuda de un georradar en el entorno del Pino del Consuelo, en Fuencaliente (La Palma), ya que se estima que pueden haber hasta 37 personas enterradas en la zona de pinar del municipio.
Torres señala en un comunicado que “el pasado 6 de junio, y sin ningún voto en contra de ninguna comunidad autónoma, se aprobó la distribución de fondos en 2024 de Memoria Democrática para continuar con las exhumaciones”.
La firma de esta acuerdo “hará posible que actuemos cuatro administraciones en Fuencaliente para que, quien pase por este lugar, sepa bien lo que sucedió y conozca la historia de aquellos acontecimientos”, agrega el ministro.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha destinado 100.000 euros a estos trabajos.
“Recordemos que todas las víctimas del bando vencedor fueron exhumadas e identificadas; pero no ocurrió lo mismo con el bando de los vencidos, como sucedió en la isla de La Palma, que defendió la República hasta una semana después del golpe de Estado, por eso fue una de las islas castigadas en la represión posterior”, agregó el ministro.
“Tenemos que dar un paso todos los demócratas para poner en valor el gesto de aquellas personas que dieron su vida para que nosotros hoy disfrutemos de la democracia y la libertad”, subrayó Torres.
El acuerdo sobre esta fosa se enmarca en el mandato de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que persigue “preservar un mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad”.
Además, estipula el establecimiento de un “deber de memoria” por parte de los poderes públicos y, en concreto, asume como “política de Estado, la legítima demanda de los ciudadanos y ciudadanas, que ignoran el paradero de sus familiares”.
El plan cuatrienal de exhumaciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha podido rescatar más de 4.500 cuerpos de fosas comunes de toda España. En Canarias, se han logrado recuperar, desde el año 2006, un total de 51 víctimas.
