VICENTE PÉREZ
Con dolor y coraje, Saro Ramírez lleva más de dos años intentando esclarecer las circunstancias en las que murió su hijo Eliacer, un joven de 19 años con trastorno del espectro autista (TEA) y una discapacidad intelectual reconocida del 80%.
Falleció el 11 de mayo de 2024 tras precipitarse desde la azotea de un centro residencial de San Juan de Dios, en Las Palmas de Gran Canaria. Había ingresado allí hacía unos meses precisamente porque necesitaba atención especializada y supervisión continuada.
Esta madre, residente en Telde, sostiene que la muerte de su hijo pudo evitarse porque Eliacer pudo acceder a una zona que debía ser infranqueable para este tipo de pacientes, por una puerta que, según su versión, se encontraba en mal estado, y además, él tenía que estar bajo la supervisión de una persona que impidiera este tipo de reacciones.
Su denuncia ha sido archivada en un Juzgado y sus recurso para que se reabran diligencias rechazado, incluso en la Audiencia Provincial, desde su punto de vista sin una investigación judicial con declaraciones de personas que permita determinar cómo su hijo pudo acceder a una azotea no transitable y si fallaron las medidas de seguridad y de vigilancia.
«Confié a ese centro a mi hijo y solo cuatro meses duró allí», lamenta Saro en una entrevista con Planeta Canario, en la que deja deja claro que seguirá luchando hasta donde legalmente pueda para que esa investigación se lleve a cabo, “porque quedan numerosas preguntas aún sin respuesta”.
Su propósito, explica, no se limita a conocer qué ocurrió aquella noche y a su hijo. También quiere que se adopten las medidas necesarias para impedir que otra familia atraviese una experiencia como la que a ella le ha tacado vivir: «No quiero que vuelva a ocurrir, que no le pase a nadie más y que se tomen medidas».
VIGILANCIA CONTINUADA
Eliacer había pasado siete meses hospitalizado antes de conseguir una plaza residencial adaptada a sus necesidades. Su madre también había acudido al Diputado del Común por los retrasos relacionados con el reconocimiento de su situación de dependencia.
Finalmente, el 22 de enero de 2024 fue trasladado en ambulancia desde el Hospital Insular al centro de San Juan de Dios, derivado por el Servicio Canario de Salud.
Saro Ramírez explica que su hijo presentaba conductas escapistas, por lo que necesitaba una atención continuada. «Los dos primeros días lo tuvieron que llevar al Hospital Insular porque mi hijo intentó escaparse, se encerró en el ascensor y se puso agresivo», recuerda. Aquellos episodios, explica, llevaron al propio centro a asignarle una persona encargada de su supervisión continuada.
«Por este mismo motivo, el propio centro le asignó una persona para vigilancia continuada. Mi hijo debía estar supervisado. No tenía que acceder a esa azotea. Ha habido una muerte porque quien tenía que vigilarlo no lo vigiló», se lamenta.
LA NOCHE DE LA TRAGEDIA
Según su versión, después de cenar, Eliacer se encontraba con un grupo de residentes acompañado por dos cuidadoras. Todos subieron en ascensor hasta la cuarta planta, donde estaban las habitaciones. “Mi hijo era muy alto y tenía el paso largo, por lo que adelantó al grupo de compañeros y una de las cuidadoras fue a buscarlo cuando ya era demasiado tarde, porque él abrió la puerta que da acceso a las escaleras y dejó de verlo”, relata.
La madre asegura que, según ella ha podido saber, una de las cuidadoras salió a buscarlo por las plantas inferiores, porque era hacia donde habitualmente se dirigía cuando intentaba escapar. Sin embargo, Eliacer habría subido hacia a las plantas superiores, hasta alcanzar la azotea del edificio.
La madre considera imprescindible investigar cuánto tiempo transcurrió desde que los trabajadores perdieron de vista al joven, qué medidas se adoptaron para localizarlo y cómo consiguió llegar hasta una zona que no debía ser accesible para los residentes.
«Hay vídeos», asegura, en referencia a la existencia de cámaras de vigilancia en las instalaciones. Saro Ramírez afirma que no ha podido examinar esas grabaciones. Explica que inicialmente tampoco se encontraba emocionalmente preparada para enfrentarse a unas imágenes que podrían mostrar los últimos momentos de su hijo. Ahora, sin embargo, asegura que se siente capaz de hacerlo, pero no ha sido posible.
POSIBLES FALLOS DE SEGURIDAD
Uno de los aspectos sobre los que la madre reclama una investigación es el estado de la puerta que permitía acceder a la azotea. Los residentes dormían en la cuarta planta, mientras que en la quinta se encontraban dependencias utilizadas por los religiosos. Por encima estaba el acceso a la cubierta del edificio, situada a la altura de una sexta planta.
Ella asegura que la puerta presentaba una fractura en su parte inferior que facilitaba el acceso.
La madre señala que esta circunstancia figuraba en la documentación policial, pero lamenta que no haya recibido la atención que considera necesaria durante el procedimiento judicial.
Cuatro meses después del fallecimiento, cuando regresó al centro para recoger las pertenencias de Eliacer, pidió que le mostraran el recorrido que había realizado su hijo aquella noche. Según manifiesta, entonces comprobó que la puerta había sido sustituida. Por está convencida de que la muerte de su hijo “se pudo evitar”.
LAS EXPLICACIONES RECIBIDAS
La noche del 11 de mayo de 2024, recibió una llamada en la que le comunicaron que Eliacer había sufrido una caída desde una altura considerable. Asegura que, en aquellos primeros momentos, no consiguió que le explicaran con precisión lo ocurrido.
El joven fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria. Según la información que la madre atribuye a la documentación médica, se realizaron maniobras de reanimación, pero falleció pocos minutos después de llegar al hospital.
LA LENTA AUTOPSIA DEFINITIVA
A la pérdida de su hijo se sumó una prolongada espera para disponer del informe definitivo de la autopsia. Recibió inicialmente un informe preliminar, pero el definitivo se demoró durante casi un año.
Según su relato, el médico forense que había realizado el primer examen estuvo de baja y finalmente otra profesional tuvo que completar el informe. «Estuve llamando muchas veces al Instituto de Medicina Legal», se lamenta, porque esa demora añadió sufrimiento e incertidumbre a una situación que ya era extremadamente difícil para ella.
También precisa que en el informe policial se calificó la muerte como accidental. Sin embargo, insiste en que esa consideración no debería impedir que se investiguen las posibles deficiencias de seguridad o supervisión que pudieron contribuir al desenlace.
EL ARCHIVO JUDICIAL
La madre denunció lo sucedido y, asistida por un abogado, solicitó la reapertura de las diligencias previas antes de que transcurriera un año desde el fallecimiento. Su representación legal pidió que se practicaran nuevas actuaciones, entre ellas la declaración de responsables del centro, personal sanitario y otros profesionales que intervinieron después de la caída. Pero esas peticiones no prosperaron.
«Se archivó sin ningún tipo de investigación», se queja, «y no se llamó a declarar; solo a mí me tomaron declaración», añade. La Fiscalía se opuso a la práctica de nuevas diligencias, sin perjuicio de que pudiera acudirse a la vía civil.
EL DUELO «IMPOSIBLE DE SUPERAR»
Saro Ramírez describe el desgaste emocional que le está suponiendo esta batalla. «Ni siquiera pude hacer mi duelo porque desde el principio tuve que enfrentarme a una batalla judicial», confiesa.
Durante estos años ha tenido que reconstruir los acontecimientos, solicitar documentación, interesarse por los informes médicos y policiales y seguir las actuaciones judiciales con la asistencia de su abogado.
Asegura que cada respuesta negativa ha supuesto un nuevo golpe, pero también ha reforzado su determinación de continuar buscando explicaciones.
Su preocupación se extiende a otras familias que confían el cuidado de sus hijos a centros especializados porque necesitan una atención que no pueden recibir en sus hogares. Y concluye con el deseo que, según explica, da sentido a esa lucha: «No quiero que vuelva a ocurrir, que no le pase a nadie más y que tomen medidas».
Una idea repite durante la entrevista y es también con la que se se despide de Planeta Canario: «Voy a seguir luchando; justicia para mi es igual a verdad».
LA VERSIÓN DE LA CLINICA
PLANETA CANARIO ha ofrecido a la orden de San Juan de Dios dar su versión de los hechos y contestar a las diferentes afirmaciones que ha realizado Saro Ramírez.
Sin embargo, la clínica, a través de su responsable de comunicación, se ha limitado a recordar que en su momento ya se llevó a cabo una investigación judicial sobre lo sucedido y ha realizado una escueta declaración: “Lamentamos profundamente la tragedia. Acompañamos en el dolor a la familia y hemos estado en estrecha comunicación con la madre, ofreciéndole apoyo psicológico”.
Saro Ramírez ha insistido en que no ha habido tal relación de comunicación con la clínica y que, en fecto, rechazó el apoyo psicológico al considerar que si el centro no fue capaz de cuidar de su hijo, tampoco lo será de dar esta ayuda.
