VICENTE PÉREZ
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha apartado al Ayuntamiento de La Laguna del procedimiento abierto a raíz del recurso presentado por la unión temporal de empresas (UTE) ImesApi-Emelsa contra la decisión del consistorio de anularle la adjudicación del contrato de conservación y mantenimiento del alumbrado público municipal, por 18,7 millones de euros.
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC dictó el pasado15 de junio una providencia en la que acuerda dejar fuera de este proceso judicial al Ayuntamiento tras el escrito de respuesta a la demanda en la que, en lugar de defender la resolución recurrida, se alinea con las pretensiones de la UTE demandante.
Se trata de una circunstancia que, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, resulta inusual en procedimientos judiciales de este tipo, donde lo esperable es que la Administración defienda el acto impugnado y no al revés.
VÍNCULOS FAMILIARES
La anulación de la adjudicación del concurso se debió a las irregularidades observadas por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias (TACPC), que detectó un conflicto de interés.
En concreto, el Ayuntamiento encargó la valoración técnica de las ofertas al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Tenerife (COIITF), pese a que la secretaria de esta entidad es la esposa del delegado de ImesApi, empresa que finalmente resultó propuesta como adjudicataria por ese colegio profesional. Además, la misma secretaria había sido la anterior jefa del servicio municipal que tramitó esta licitación.
También resulta muy llamativo que el jefe de servicio que sustituyó posteriormente a esa funcionaria en el Ayuntamiento es hijo del decano del COIITF y fue quien ratificó el informe emitido por este colegio profesional, en el que ImesApi-Emelsa quedó en primer lugar y Effico segunda, por apenas un punto de diferencia.
El criterio que se encargaba de evaluar el COIITF era el único en el que había un margen de subjetividad en la valoración, y fue determinante porque en el resto de criterios las empresas consiguieron la misma puntuación, como señaló el TACPC.
LA EXTRAÑA ESTRATEGIA MUNICIPAL
El Ayuntamiento lagunero acató en octubre de 2025 la resolución del Tribunal de Contratos Públicos y no la recurrió en vía judicial., de modo que excluyó del concurso a ImesApi-Emelsa, retrotrajo las actuaciones y aprobó una nueva adjudicación, esta vez a Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales S.L. (EFFICO), con la que firmó el contrato en febrero pasado.
De ahí que llame la atención la estrategia municipal. En su escrito de contestación a la demanda, presentado en mayo pasado, el abogado externo que representa al consistorio admitió que le correspondería comparecer como parte demandada y formular oposición a las pretensiones de la demanda, pero, unas líneas más abajo, confirma los hechos y argumentos expuestos por ImesApi-Emelsa y defiende la legalidad de la adjudicación inicial a favor de esta UTE, al considerar que no existió conflicto de intereses.
EL ‘REPROCHE’ DEL TJSC AL CONSISTORIO
En su providencia de 11 de junio, la Sala del TSJC, señala que «la única posición que debe adoptar el Ayuntamiento es la parte demandada y a favor del acto administrativo recurrido». Y dictaminan los magistrados «Pero visto que en la contestación es al contrario, para la revocación de la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos del Gobierno de Canarias, se le tiene por apartado como parte demandada y no se tendrá en cuenta la contestación formulada».
En la misma providencia, el TSJC admite el escrito de contestación a la demanda presentado por EFFICO, que fue precisamente la que denunció estas irregularidades, primero ante el Ayuntamiento, que desestimó todas sus quejas, y luego al TACPC, que en octubre de 2025 dio la razón a esta compañía al considerar “evidente” el conflicto de interés.
EL AYUNTAMIENTO AFIRMA QUE ES «NEUTRAL»
El gobierno municipal, preguntado acerca de este asunto por PLANETA CANARIO, no considera que se esté alineando con la UTE, sino que el Ayuntamiento «mantiene una posición de absoluta neutralidad en todo este proceso» y, por tanto, afirma que no tiene intención de presentar recurso de reposición contrae la providencia.
Un litigo del que, a pesar de los hechos que ya ha publicado este periódico con detalle en noticias anteriores, el gobierno lagunero pretende desmarcarse, al circunscribirlo a un pleito «entre empresas que optaban al contrato del alumbrado público».
Desde la institución que preside el alcalde Luis Yeray Gutiérrez se alega que firmó el contrato con la actual empresa concesionaria del servicio «en cumplimiento de una resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos del Gobierno de Canarias». Sin embargo, el Ayuntamiento no aclara por qué no recurrió esa resolución, sino que la cumplió.
Ante el recurso presentado por la UTE, el Ayuntamiento expone que «optó por adherirse con el fin de que sea el TSJC quien dictamine la resolución del contrato con una sentencia conforme a derecho». «En todo momento el Ayuntamiento defiende la actuación de los funcionarios municipales en este proceso de contratación, insiste el grupo gobernante en La Laguna en su respuesta a este diario..
LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR IMESAPI-EMELSA
En su resolución de octubre, el Tribunal de Contratos Públicos enfatizó que el Ayuntamiento no podía ser desconocedor de esas relaciones de parentesco, porque eran públicas y notorias. Pese a ello, siguió adelante con la adjudicación a ImesApi-Emelsa, «favoreciendo un potencial conflicto de intereses que ha arrojado una sombra más que razonable de duda sobre la imparcialidad de la evaluación» de las ofertas que formalizaron las empresas concursantes.
En palabras del citado tribunal administrativo, «resulta absolutamente inverosímil» que en el Colegio de Ingenieros Industriales el informe de valoración de las ofertas «fuese remitido al Ayuntamiento sin que la Junta de Gobierno [es decir, el órgano en el que es secretaria la esposa del directivo de la empresa que el COIITF propuso como adjudicataria] diera, como mínimo, su visto bueno».
EL RIESGO DE INDEMNIZACIONES
Un eventual revés para Effico y a favor de ImesApi podría dar lugar a una reclamación indemnizatoria de cuantía millonaria, ya que, según ha podido confimar este diario, la actual adjudicataria ha realizado inversiones económicas desde que asumió la prestación del servicio, entre ellas la adquisición de vehículos por casi un millón de euros, la contratación de diez nuevos operarios y mejoras en las condiciones laborales.
De esas novedades inversoras para el servicio informó el propio Ayuntamiento el 18 de junio, mediante un comunicado en el que destacaba que Effico ha invertido en la compra de 19 vehículos, lo que supone renovar el 60% de la flota para el mantenimiento del alumbrado público, “un importante refuerzo de los medios materiales y humanos destinados a este servicio esencial” para la ciudadanía.
Además, si el TSJC acaba estimando el recurso de ImesApi-Emelsa, el contrato quedaría anulado y sería necesario iniciar un nuevo procedimiento de licitación, lo que retrasaría durante meses, o incluso años, la formalización definitiva de un nuevo contrato.
Mientras tanto, el servicio de mantenimiento del alumbrado público seguiría prestándose de forma provisional, pudiéndose ejecutar sólo servicios esenciales. Las facturas se tramitarían mediante autorizaciones mensuales del Consejo Consultivo de Canarias para abonar como indemnización los servicios prestados por Effico. Los principales perjudicados serían los ciudadanos y el propio personal del servicio.
Las irregularidades en este expediente administrativo, así como otras adjudicaciones anteriores del servicio de alumbrado del Ayuntamiento lagunero que han suscitado polémica política, podrían acabar en una denuncia en vía penal, según han reconocido a este periódico fuentes próximas al caso.
