PLANETA CANARIO
Cáritas Diocesana de Tenerife ha presentado su IV Informe sobre Exclusión Residencial Extrema en la Isla, en colaboración con el Cabildo de Tenerife.
Según los datos recogidos por Cáritas, en 2023 encontramos un total de 2.308 personas en situación de exclusión residencial extrema en la isla de Tenerife, la mayor parte de las cuales se localizan en los municipios de Santa Cruz de Tenerife (un 36,2% del total), Arona (12,7%) San Cristóbal de La Laguna (12%), Adeje (8%), Puerto de la Cruz (8%) Granadilla de Abona, con un 5,2% del total de casos.
El acto estuvo presidido por la directora insular de Acción Social, Yolanda Baumgartner, quien estuvo acompañada por el director de la institución católica, Juan Rognoni.
El técnico de Cáritas Diocesana de Tenerife y coordinador de dicho informe, José Antonio Díez, fue el encargado de exponer los datos principales del documento.
El informe elaborado por la institución católica constata la “cronificación” de esta problemática, ya que las cifras son similares a las de los tres últimos años. No en vano, casi el 50% de estas personas vive la intemperie en espacios públicos sin ningún tipo de cobertura alojativa.
A este grupo se suma otro 21,5% de personas que residen en estructuras improvisadas (vehículos, cuevas, chabolismo, et…) o edificaciones no habitables, como garajes, trasteros, edificios en obras, etc. A su vez, otro 15,4% accede a recursos alojativos nocturnos, cubriendo parcialmente el acceso a un espacio alojativo seguro y digno durante parte del día.
El estudio elaborado por Cáritas y el Cabildo establece que casi cuatro de cada diez personas en exclusión residencial extrema llevan entre 13 y 36 meses en esta situación, y más de un 20% superan los diez años en situación de sinhogarismo.
El sinhogarismo es un fenómeno amplio que afecta desde distintos niveles, con múltiples problemáticas y sin una solución única. Desde la perspectiva global, existe un reconocimiento de una cuestión generalizada, vinculado a la dificultad de acceso a la vivienda, que afecta a los niveles de población en situación de exclusión.
En Canarias se estima que un 29,1% de la población está situación de exclusión social (según el último informe Foessa). De este conjunto, un 14% corresponderían a situaciones de exclusión social severa, donde se puede asegurar que en un 88,8% de estos hogares, la concurrencia de condiciones de vivienda insegura e inadecuada determina la situación de exclusión residencial severa.
Mujeres en calle
Entre los datos más significativos que aporta este IV informe destaca el aumento significativo de mujeres que viven en la calle, hasta un 27,6% en 2023, un 6% más que en 2020, en plena pandemia por la Covid-19.
Además, en la mayor parte de los casos se trata de mujeres con rangos de edades menores a los de los hombres, lo que nos permite dibujar una mayor presencia de mujeres solas y cada vez más jóvenes residiendo directamente en la calle.
El documento elaborado por el personal técnico de Cáritas subraya también la presencia de unidades familiares, monomarentales (mujeres solas con hijos/as a su cargo) en su mayoría, que residen en infraviviendas en la Isla, hasta un 13,3% de los casos. De este porcentaje, un total de 117 son menores de edad que la ONG identifica como “herederos de una transmisión intergeneracional de la exclusión residencial”.
«Violencia institucional»: la falta de recursos públicos
Las mujeres sin hogar «a menudo enfrentan la violencia institucional», expresión utilizada por Cáritas en su nota de prensa, fenómeno que se produce «a través de políticas, prácticas y actitudes discriminatorias en los sistemas de ayuda y servicios sociales».
«Esto puede incluir la negación de servicios básicos, la falta de acceso a refugios seguros frente a la violencia de género al contar con problemas de salud mental o adicciones y la falta de apoyo adecuado para salir de la situación de falta de vivienda», aclara la ONG.
La falta de vivienda en sí misma aumenta significativamente la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia y dificulta su capacidad para buscar ayuda y protección. Por ello,Cáritas reitera la importancia de políticas sociales específicas para este colectivo, tanto por las condiciones de vida de sus situaciones, como por las repercusiones que estas tienen sobre su salud y esperanza de vida.
Protección social
“Resulta necesario facilitar con premura el acceso al sistema de protección social, facilitando el empadronamiento, la atención de servicios sociales municipales y el acceso al servicio Canario de Salud, de forma adaptada a las circunstancias de las personas y las múltiples problemáticas que presentan, como la cobertura de medicamentos y condiciones de salubridad, el acceso al agua potable y alimentos adecuados, y una respuesta planificada ante situaciones de emergencia climatológica u de otro tipo, como el contexto pasado de la pandemia”, exponen desde Cáritas.
Con trabajo pero sin vivienda por sus altos precios
En este sentido, la entidad católica insiste en la necesidad de “abordar este tipo de exclusión vinculado a las dificultades de acceso a la vivienda que hay en Canarias en estos momentos”. “En muchos casos, nos estamos encontrando personas con empleo y un proyecto de vida normalizado, pero con dificultades de acceso a la vivienda, que están optando por residir en vehículos, en campings o caravanas”.
El personal técnico de Cáritas deja claro que las personas que acompañamos en sus procesos de inclusión social nos confirman el “techo de cristal” existente en el acceso a la vivienda para estos casos, ya que los afectados solo necesitan acceder a un alojamiento para normalizar sus situaciones, como en el caso de personas con pensiones mínimas o inserciones laborales”.
De hecho, en algunos municipios de Tenerife, tras dos años de intervención social, entre el 20% y 40% de los casos que acceden a un empleo no pueden salir de su vida en calle, ya que no pueden acceder a una vivienda, tanto por las condiciones como por los precios exigidos por el mercado de alquiler.
Falta de vivienda
Cáritas, no obstante, destaca la colaboración del Cabildo de Tenerife y la contribución aportada por los ayuntamientos y equipos técnicos de los municipios de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna, Adeje y Granadilla de Abona, que han asumido estrategias locales especializadas para estos casos y han contribuido de forma coordinada y colaborativa al informe, lo que, para la ONG, «representa un ejemplo de buenas prácticas y políticas sociales bien encaminadas».
Sin embargo, la falta de vivienda y la inestabilidad de su situación continúan dificultando el acceso regular a servicios de salud, lo que puede resultar en problemas de salud no tratados, enfermedades crónicas sin control y una mayor vulnerabilidad a enfermedades infecciosas.
Además, las personas sin hogar a menudo enfrentan estigmatización y discriminación en el sistema de salud, lo que puede dificultar aún más su acceso a la atención médica.
En definitiva, el informe elaborado por Cáritas pone de manifiesto que las personas en situación de exclusión residencial extrema ven negado el ejercicio de su ciudadanía y son privadas del acceso a muchos de sus derechos básicos. Por ello, sigue reclamando políticas públicas reales de acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía, priorizando en los colectivos más vulnerables.
La directora insular de Acción Social, Yolanda Baumgartner, manifestó en un comunicado que la intención del Cabildo de “seguir trabajando para evitar una de las máximas preocupaciones que tenemos, que se centra en la cronificación del sinhogarismo en Tenerife”.
Baumgartner puso en valor “el trabajo que realiza Cáritas, que nos ofrece un mapa social en relación al sinhogarismo, que nos permite poner en marcha proyectos e iniciativas que incidan en las causas estructurales de esta problemática social, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades específicas de las personas vulnerables que se encuentran en esta situación”.
Sobre esta cuestión, destacó que “no solo estamos elaborando una Estrategia Insular sobre el sinhogarismo, sino que, además, estamos trabajando en líneas innovadoras, como una línea de subvenciones para ayuntamientos para afrontar situaciones de emergencia habitacional”.
