VICENTE PÉREZ
El Ayuntamiento de La Victoria ha derribado en la zona de La Pólvora dos viviendas antiguas, una de ellas la que albergó en 1922 la primera estación de teléfonos del municipio, a las cuales el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife defendía dar, «necesariamente», un grado de protección en el catálogo del inmuebles patrimoniales de este pueblo, por su valor de arquitectura tradicional.
En cambio, para el alcalde, Juan Antonio García Abreu (PSOE), que es abogado y máster en Derecho Urbanístico, se trata de un «escaparate vergonzoso a la entrada del pueblo» y se ha referido a «una mano negra que quiere que nuestro pueblo avance», aunque se desconoce a quién ha querido aludir, porque el Foro Canario contra la Incineración, que ha criticado este derribo, nada tiene que ver con ese municipio.
El Ayuntamiento presume de esta demolición porque los inmuebles -descuidados en sus traseras y, aparentemente, en buena parte de su interior, pero en mejor estado en las fachadas que daban a la carretera general TF-217- impedían ampliar la calle Tanque de Ánimas, muy estrecha, en su salida hacia dicha vía principal, criterios siempre motivo de controversia sobre si deben justificar o no derribar un inmueble histórico que se podía rehabilitar y que ya estaba antes de que se construyeran otras edificaciones más modernas.
El citado Foro, una conocida entidad de larga tradición medioambientalista en Canarias, afirmó que no salía de su asombro por que, «aunque se han visto muchas cosas y desprecios al patrimonio, en este caso el Ayuntamiento vende como un gran logro comprarlas directamente para echarlas abajo a la primera». También ha recibido duras críticas esta decisión municipal en el grupo de Facebook Salvemos las Casas Terreras, formado por 11.000 miembros.
El 19 de julio pasado el alcalde, del PSOE, mostraba con orgullo en Facebook que ese día el Ayuntamiento había firmado ante notario la compra de «la casa de La Pólvora para el pueblo» y anunció que se redactará un proyecto para un local de los taxistas, así como una pequeña plaza y la ampliación de la zona para «mejorar en los próximos meses el entorno de La Pólvora». Algún vecino, dado que el alcalde no fue muy explícito en cuanto a que el destino de esas edificaciones históricas era la piqueta, propuso que las casas se rehabilitaran.
Desde hace un tiempo colgaba de un lateral de una de las casas terreras un enorme cartel municipal con la foto de las dos viviendas que rezaba lo siguiente: «Por una PÓLVORA más amplia y SEGURA. Inmueble adquirido por el Ayuntamiento para mejorar la zona». El proyecto forma parte de una serie de inversión que el Ayuntamiento ha programado para este mandato con el fin de, como anunció en 2020, «mejorar la imagen y la funcionalidad de la Carretera General a su paso por La Victoria de Acentejo”.
El informe del Cabildo realizado por el Servicio insular de Patrimonio Histórico en el año 2010 deja patente que, en contra de lo que sostiene el Ayuntamiento, las circunstancias urbanísticas no deben prevalecer sobre la defensa del patrimonio histórico y eso que en la memoria del Plan General se afirma que el patrimonio arquitectónico del municipio «es muy escaso», lo que, según los funcionarios del Cabildo, «en buena lógica obligaría a proteger todos aquellos elementos de interés patrimonial, sea cual sea su situación urbanística».
En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según se invoca en el informe, «es taxativa al apuntar la prevalencia de la normativa y las disposiciones tendentes a la protección del patrimonio histórico sobre las consideraciones y normas de carácter urbanístico».
Sostienen los técnicos de la Administración insular que «las edificaciones de valor patrimonial y merecedoras de su inclusión en el Catálogo no pueden quedar excluidas por aspectos como su inserción entre medianeras o por estar fuera de alineación».
Asimismo, el informe del Cabildo rechaza que un motivo para excluir la protección de un inmueble sea su mal estado de conservación o de abandono, lo que resulta contradictorio con el deber legal de conservación y, además, «pudiera propiciar la práctica del abandono de este tipo de edificaciones por parte de sus titulares».
A esta y a otras más de 70 edificaciones que el Ayuntamiento no quería proteger, los funcionarios especialistas en patrimonio histórico del Cabildo planteaban dar un grado de protección ambiental, es decir, se protege el volumen, la altura y las características y configuración de las fachadas y cubiertas, y se permite, obviamente, la rehabilitación. Pero el Ayuntamiento ha optado por derribarla.
Por aquel entonces, 2010, el Cabildo advertía de que el catálogo municipal de protección de este municipio estaba «incompleto, al carecer de catalogación y protección no solo inmuebles de valora arquitectónico sino otros bienes de valor arqueológico, etnográfico, histórico, artístico, ecológico, científico, técnico y paleontológico».
PLANETA CANARIO ha tratado de contactar desde el pasado miércoles 24 de agosto con el Ayuntamiento de La Victoria para conocer su versión, remitiéndole hasta dos correos electrónicos a su gabinete de prensa y dos mensajes a través de la página de Facebook del consistorio. En esa petición de información, este diario ha solicitado conocer qué informe técnico contradictorio con el del Cabildo ha avalado la demolición por no hallar valores patrimoniales que preservar. Además, en la mañana de este viernes, este diario ha enviado un mensaje de Facebook al alcalde para recabar su versión. También sin respuesta.
El regidor municipal, experto en derecho urbanístico, sí se ha pronunciado en Facebook sobre este asunto, aunque sin hacer uso de argumentos jurídicos ni mostrar informes que avalen esta decisión, sino con un discurso eminentemente de arenga política: «Alguien quiere que nuestro pueblo no avance; que continúe este escaparate vergonzoso a la entrada de nuestro pueblo donde sabemos que ha servido de vertedero durante años». Lo ha dicho después de leer en la prensa que defensores del patrimonio histórico habían criticado la decisión de derribar estas viviendas.
«Ahora que hemos conseguido destacar la mejora y ampliación de La Pólvora para nuestros comercios con una mejor accesibilidad y aceras; con espacio de circulación para un camión de bomberos en la calle Tanque de Ánimas, hay una mano negra que quiere impedirlo y dejar esa casa como la hemos visto esos 50 años». «No lo voy a permitir ni el pueblo lo va a permitir porque La Victoria avanza, pese a los obstáculos que nos pongan», remachó su post.
Pasado el mediodía de este viernes 26, el servicio de prensa del Cabildo ha tomado nota de la petición de PLANETA CANARIO para conocer la versión sobre este asunto de la Dirección Insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico, al frente de la cual está Emilio Fariña (PSOE), y ha emplazado a este diario a recabarla el lunes próximo. Este periódico ha pedido conocer qué actuaciones ha llevado a cabo el gobierno del Cabildo con respecto a esta edificación, habida cuenta de que el criterio técnico de esta institución, fijado desde 2010, era la catalogación de estas viviendas, ahora hechas trizas.
PLANETA CANARIO conoce dicho informe del Cabildo porque en 2019, con el periodista Esaú Hernández, entonces en Mírame TV, la institución insular facilitó los informes técnicos que hasta ese momento había elaborado sobre la catalogación de patrimonio histórico de los diversos municipios de Tenerife. La conclusión del reportaje era demoledora y preocupante: con datos hasta 2019, unos 10.000 inmuebles en toda la isla tienen valores que proteger, según el Servicio Insular de Patrimonio Histórico, pero se encuentran con la negativa de la mayoría de los ayuntamientos a incluirlos en su listado de bienes patrimoniales.
En el caso de La Victoria, decenas de vecinos le han mostrado al alcalde apoyo en su muro de Facebook a la iniciativa de tirar estas edificaciones en el barrio de La Pólvora, respaldándole en que eran casas viejas abandonadas y sin valor, dando prioridad a la mejora urbanística prevista, con ensanchamiento de la calle y la construcción de una plazoleta. También es cierto que varias personas que no son amigos de Facebook del alcalde -porque no las tiene agregadas como tales ni tampoco bloqueadas, ya que nunca antes habían entrado en su muro- han intentado ponerle comentarios a su post y no han podido, pese a que puedan ver el contenido del post, lo que, presuntamente, indica que los comentarios no están activados para los que no son sus amigos, termino usado aquí en el sentido que le da esta red social.
Han sido pocas las voces en su post a favor de conservar y rehabilitar estos inmuebles. Pero no así en grupos de redes sociales especializados en patrimonio histórico, donde los argumentos del político socialista han sido cuestionados, tanto por el fondo como por la forma en que los ha expresado, sin sopesar criterio alguno desde la perspectiva patrimonial, sin mostrar informes técnicos que lo avalen y convirtiendo a los defensores de las casas antiguas en una especie de enemigos del progreso de su pueblo, cuando está demostrado que embellecen y dan identidad a un lugar una vez rehabilitadas.
La realidad es que, en medio de este interesante debate social que ha generado esta demolición, se trata de una cuestión reglada en la Administración pública, y no se puede solventar de un modo arbitrario, sino que se debe justificar técnicamente si una edificación de este tipo tiene valores patrimoniales o no, y, conforme a la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, existen además unas competencias en la que el Ayuntamiento necesita del visto bueno del Cabildo para aprobar definitivamente un catálogo de patrimonio histórico; al tiempo que la Administración insular puede tener su propio catálogo e incluso mandar a parar los derribos de manera cautelar. Quedan, pues, numerosas incógnitas que deben aclarar los cargos públicos competentes en la materia tanto del Ayuntamiento como del Cabildo.
