PLANETA CANARIO / FOTOS:RAMÓN DE LA ROCHA
El Juzgado de Granadilla de Abona ha dictado sentencias favorables para siete de las 48 familias que residen, como okupas, en un edificio de San Isidro, del que su actual propietario, al parecer un fondo de inversión, quiere desalojar, para lo cual primero se valió de la empresa Desokupa, que intentó sin éxito, con incidentes que provocaron detenciones, llevar a cabo esta medida antes de contar con orden judicial.
Las resoluciones judiciales se basan en que se trata de familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica y además el denunciante no ha podido acreditar que es el propietario de las vivienda, pues nunca han estado registradas.
Así lo han explicado en una nota de prensa conjunta el Sindicato de Inquilinas de Tenerife, la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna-Montaña Clara y la Asociación de Vecinos Arguayoda-Las Acacias.
Estos colectivos han recibido la noticia como «una victoria para las 48 familias» porque «el Juzgado desmiente que no se encuentren en situación de exclusión social».
Ante este criterio del Juzgado, estos colectivos anuncian que dan por finalizada la acampada que montaron en la entrada del edificio, denominado Tabaiba, y que ha durado 21 días.
«Nos vamos, pero volveremos a estar codo con codo con la gente de nuestros barrio; pero si estás mafias desokupas vuelven a aparecer en este edificio o en cualquier otro para extorsionar a familias vulnerables, nos tendrán enfrente», señalan en la nota de prensa.
El grupo Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife anuncia que presentará una moción al pleno insular del próximo 27 de mayo para “plantear que la corporación, en cumplimiento de los acuerdos adoptados en materia de vivienda y actuando a favor de la justicia social, se comprometa a la rápida adquisición del edifico Tabaiba, para resolver la terrible situación en la que se encuentran las 48 familias que están a punto de ser desahuciadas y no cuentan con una alternativa habitacional”.
Sí Podemos Canarias afirma que “la corporación insular cuenta con los recursos económicos necesarios para afrontar esta situación y evitar que aproximadamente 150 personas, adultas y menores, se vean abocadas a sobrevivir en situación de calle y totalmente desamparadas”. En caso de que la compra del edificio Tabaiba no se pueda materializar, el grupo político reclama al Cabildo que, en su defecto, “se adquiera otro inmueble lo más similar posible en características y funcionalidad”.
Además, el grupo insular señala que la problemática que están atravesando estas familias “se agrava debido a que están sufriendo amenazas y actos violentos por parte de la compañía Desokupa, una empresa privada que trata de intimidar a las familias usando formas propias de organizaciones mafiosas, cortando el suministro de luz y de agua a las 48 familias que residen en el edificio Tabaiba, empleando métodos que atentan contra los derechos humanos y que pueden ser constitutivos de delito”.
En relación a esto, Sí Podemos Canarias exigirá también que el Cabildo de Tenerife “inste al Ayuntamiento de Granadilla de Abona a garantizar el acceso al suministro de agua potable por parte de las vecinas y vecinos afectados, puesto que no se puede impedir que dispongan del derecho básico para acceder al agua mientras se prolonga la actual situación de emergencia habitacional que están sufriendo”.
