PLANETA CANARIO
Canarias continúa en el último lugar entre las comunidades y ciudades autónomas españolas en porcentaje de expedientes resueltos para las personas que solicitan prestaciones por la Ley de Atención a la Dependencia, que se situó en el 69,84% en junio, muy distante de la media nacional, que es del 91,83%, es decir casi 22 puntos de diferencia (21,99%).
Así consta en el el último informe mensual sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, publicado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), adscrito al Ministerio de Derechos Sociales.
Esos datos porcentuales son peores que hace un año, al inicio de la legislatura, cuando el nivel de resolución era del 72,58% y la distancia con la media nacional era de 19,8%.
En porcentajes de expedientes resueltos, el 69,84% de Canarias la deja totalmente aislada en la cola, pues todas las demás regiones oscilan entre el 86,90% de Murcia -que es la penúltima- y el 99,95% de La Rioja, que lidera esta clasificación.
Esto supone que 16.547 personas que han solicitado acogerse a las ayudas para personas dependientes en Canarias siguen sin ver culminado el trámite de su expediente, de un total de 54.857 solicitudes presentadas. Hace un año, esta lista de espera era de 13.799, por lo que ha aumentado en 1.748 demandantes.
En la actualidad, 32.796 personas en Canarias tienen reconocido el derecho a una prestación, lo que supone 1.606 más que hace un año, cuando se produjo el cambio de Gobierno en el Archipiélago (CC dejó de gestionar el área de políticas sociales y desde entonces está al frente Sí Podemos, dentro del pacto de gobierno con PSOE, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera).
Si retrocedemos más atrás en el tiempo, desde junio de 2018 hasta igual mes del pasado año, 825 personas más vieron su derecho reconocido, la mitad de incremento que en este primer año del nuevo mandato.
% DE POBLACIÓN CON PRESTACIÓN POR DEPENDENCIA
Canarias figura además como la última comunidad autonoma en porcentaje de población que tiene reconocido el derecho a prestación económica por su grado de dependencia, el 1,78%, muy lejos del 3,61% de media en el conjunto del Estado (más del doble, por tanto, que el dato canario).
la única que baja de 2 puntos porcentuales, pues la penúltima es la Comunidad Valenciana, con 2,51%, y muy lejos de la primera, Castilla y León, con 5,58%, y de la segunda, País Vasco, con 4,76%.
De las personas los 32.796 habitantes de Canarias que tienen reconocido el derecho a prestación por dependencia, la reciben ya 24.989 , por lo que 7.807 siguen a la espera. Un año antes, en junio de 2019, eran 8.739 las personas que esperaban.
Santana: «No nos pueden pedir que en un año revirtamos lo que no hizo CC en 30»
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, de Sí Poemos, si bien no se ha manifestado sobre esta cuestión en los últimos días, recordó este sábado que «hace un año que Podemos llegó al Gobierno de Canarias» y que, si bien «falta mucho por hacer, ya hemos logrado grandes avances a pesar de las dificultades».» Hoy Canarias tiene sus derechos sociales más protegidos, hoy es una tierra más justa y más igualitaria», enfatiza.
Santana ha escrito esta semana en un tuit que «está muy bien que nos exijan, pero que en menos de un año (con una pandemia en medio), nos pidan que revirtamos lo hecho y lo no hecho en 30 años de Coalición Canaria…».
El PP ve los datos «sonrojantes» porque «estamos peor que hace un año»
El portavoz adjunto del PP en el Parlamento canario, Poli Suárez, asegura en una nota de prensa que el Gobierno de Canarias “está hundiendo la gestión de la Dependencia en las islas, al aumentar la parálisis administrativa que ralentiza la tramitación de los expedientes”.
El portavoz de Derechos Sociales realizó estas manifestaciones tras conocer los datos ofrecidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a 31 de junio de 2020, “que vuelven a demostrar que Canarias no progresa adecuadamente en esta materia”.
Para el diputado popular “sonrojan estos datos», que indican que «la Dependencia en Canarias está peor que hace un año”. “Y no podrán justificar nuestras palabras aludiendo a que estamos en la oposición, porque el propio Informe del Diputado del Común ya constata que continuamos con los peores datos de España, que tenemos los peores datos en gasto por habitante o que existen casos inaceptables como tardar nueve años para tramitar un expediente”, indicó Poli Suárez, para quién “no nos extraña por tanto que el mayor número de quejas de los ciudadanos estén relacionadas con esta Área”.
Cs ve un «panorama más desolador» que en el pasado mandato
La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, llega a la misma conclusión y da «un suspenso» al primer año del Gobierno canario en esta área, pues aprecia “un panorama más desolador”.
Espino sostiene que lo primero que debió haberse hecho es “cumplir la Ley de Servicios Sociales”. Sin embargo, la realidad es que se «guardó en un cajón, se cerró con llave y tiró esta al fondo del mar”, ya que “no se ha avanzado nada en su aplicación”.
La parlamentaria de Cs opina que “en la gestión de la ayuda a la dependencia tampoco se observa ninguna mejora tras un año en el Gobierno”, pues hay más canarios esperando para ser evaluados; un 24% de los que tienen reconocido el derecho a la prestación sigue sin cobrarla y casi 1.200 personas han fallecido durante este tiempo aguardando por ella.
Otro capítulo en el que, según la portavoz de Cs, la Consejería de Derechos Sociales no ha avanzado es en el de las prensiones no contributivas, ya que “el proceso de tramitación de las nuevas solicitudes tiene una demora de siete meses, cuando la normativa establece un plazo máximo de tres”, o las de invalidez, que “superan en muchos casos el año”.
La portavoz de Cs muestra su «preocupación «ante la situación de emergencia social y económica que se avecina, porque, según ha comentado, “Canarias se encuentra con un sistema de prestaciones sociales colapsado y las peores tasas de pobreza del Estado”.
CC ve «incapacidad para dar respuesta a las demandas crecientes»
La diputada regional de CC-PNC Cristina Valido, que fue consejera de Políticas Sociales en la pasada legislatura y muy criticada por la gestión de la Dependencia en Canarias, ha mantenido esta semana en el Parlamento que “los hechos nos demuestran la incapacidad de la titular de los derechos sociales para dar respuesta a las demandas crecientes de la sociedad más vulnerable”.
«Precisamente las demandas que se exigían con vehemencia cuando los partidos que forman el cuatripartito estaban en la oposición, han pasado a segundo plano», apostilla.
«La regulación de la Ley de Servicios Sociales», apunta Valido, «podría ser hoy una solución para la escasa financiación de los Ayuntamientos, ya que determina la dotación que les correspondería a todas y cada una de estas entidades para hacer frente a las demandas sociales de sus municipios».
