VICENTE PÉREZ
La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández (PSOE), y la primera teniente de alcalde, Matilde Zambudio Cs), junto a otros miembros del gobierno municipal, ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha alcanzado un acuerdo con el empresario Antonio Plasencia -que se halla cumpliendo condena en la cárcel- y su familia, para devolver a las arcas municipales los 95 millones de euros que deben abonar por el caso Las Teresistas. «Un dinero saqueado, robado, expoliado a Santa Cruz», enfatizó la alcaldesa.
Se cumple así la sentencia judicial firme que declaró ilegal la compraventa del frente de playa de Las Teresitas en el año 2001 por más de 54 millones y ratificó las condenas a empresarios y políticos de CC-PNC, incljyendo el entonces alcalde, Miguel Zerolo, que cumple prisión, así como a funcionarios.
El acuerdo consiste en la entrega de dos edificios de oficinas valorados entre 52 y 55 millones de euros (lo tendrá que determinar un perito) y, en 14 años, el pago de resto, entre 37 y 40 millones de euros según sea esa tasación, a razón de 3 euros en cada anualidad, con interés del 0,93%. Además, la familia Plasencia es la que pagará el IGIC de esta dación en pago con inmuebles.
Para este abono en efectivo, se pondrán en garantía dos propiedades de Plasencia, cuya empresa se halla en concurso de acreedores: el parquin del Parque Bulevar, el hotel Urban Anaga y, si no cubre la deuda, unos terrenos en La Gallega, en el distrito Suroeste del municipio.
Los dos edificios que pasarán a manos del Ayuntamiento son el que ocupa actualmente la Consejería de Educación, Cultura Deportes, en la avenida de Anaga, y otro, situado en Cabo Llanos, frente al Auditorio de Tenerife, que en el pasado mandato el entonces presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC-PNC) pretendió comprar a la familia Plasencia, para convertirlo en residencia de mayores.
Esa operación se frustró por el rechazo al final del PSOE, entonces socio del gobierno insular, que inicialmente había dado el visto bueno a esta compra en el Consejo de Administración del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), pero que cambió de criterio una vez que trascendieron en la prensa los extraños manejos en el expediente administrativo.
Hernández y Zambudio han dejado claro q ue no han negociado ni un euro menos de los que corresponden al Ayuntamiento, porque, en palabras de la alcaldesa «no era nuestro dinero, sino el robado a la ciudad de Santa Cruz al erario público, que se debe gestionar mejor que si fuera propio, y como tal debe ser devuelto íntegro».
«Se acabó la impunidad, pues con determinación los dirigentes políticos lo consiguen, y si se quiere y se puede, además se debe», remachó la regidora municipal, quien además lanzó un mensaje a navegantes: «El resto de condenados, un mensaje nítido, igual creen que el Ayuntamiento no va a ir a por ellos y sí, va a ir, para hacer justicia».
Tanto Hernández como Zambudio y el portavoz municipal del PSOE y concejal de Servicio, José Ángel Martín, que fue denunciante del caso Las Teresitas, han acusado al anterior gobierno formado por CC y PP, y presidido por José Manuel Bermúdez, de actitud pasiva para recuperar el dinero.
Al respecto, denunció la alcaldesa que «nunca antes el Ayuntamiento había movido un papel para cobrar el dinero de Las Teresitas, solo adhiriéndose a la petición de la Fiscalía; ni siquiera pidió la ejecución de sentencia, fue la fiscal María Farnés fue la que lo hizo, y ha quedado de manifiesto que se podía si se quería».
Y en este momento de la rueda de prensa la regidora municipal sorprendió al avanzar que propondrá que una plaza situada junto a uno de esos edificios lleve el nombre de la fiscal anticorupción que desentrañó la trama de Las Teresitas: María Farnés.
En este mandato el Ayuntamiento se tuvo que querellar contra Antonio Plasencia por alzamiento de bienes ante al embargo tras la sentencia de Las Teresitas, por traspasar propiedades de padres a hijos. ¿Qué ha cambiado para que el condenado pague? «Que se ha dado cuenta de que este gobierno municipal iba en serio y que había que negociar, que la impunidad se había terminado», enfatizó Hernández.
Por su parte, la concejal de Economía y Cultura, Zambudio, abogada de profesión, no dudó en señalar esta fecha como «un día grande importante y de alegría para Santa Cruz y para la Justicia», por ese «excelente acuerdo y propuesta de pago que ha logrado la alcaldesa con uno de los condenados».
«No recuerdo como jurista ninguna sentencia que se haya ejecutado en todos sus términos, pues en este caso se garantiza el pago del 100% de la condena», manifestó la edil de Ciudadanos. Al igual que los socialistas, Zambudio se quejó de que con el gobierno anterior de CC y PP «ni siquiera de añadieron los intereses y los intereses de los intereses, a pesar de que antes de llegar nosotros se pudieron haber hecho muchísimas acciones para asegurar el pago la deuda y no había nada, una simple adhesión a la demanda ejecutiva de la Fiscalía, pero sin ser proactivo».
Tal es así, dijo, que al llegar el nuevo gobierno de PSOE y Cs, apoyado desde la oposición por Unidas Podemos, «solo había en las cuentas con cargo a esta sentencia 100 euros y ahora hemos conseguido casi 100 millones».
José Ángel Martín, codenunciante del caso: «Un día emocionante para mi»
A su juicio, en una crisis como la actual, esta inyección de patrimonio y dinero para el Ayuntamiento «es para brindar y estar muy contentos».
Para José Ángel Martín este es «un día emocionante», pues recordó lo mal que lo pasaron los denunciantes, él incluido, como miembro del colectivo Justicia y Sociedad, por los ataques que recibieron y cómo los «machacaron», en especial recordó las críticas injustas que recibió el entonces líder insular del PSOE, Santiago Pérez, que después abandonaría el partido y hoy es concejal de Urbanismo en La Laguna.
Confesó que «de los peores momentos» que ha pasado en política fue cuando desde la bancada de la oposición le pedía a CC que no dejara escapar los bienes de los condenados y la impotencia que te entraba cuando te das cuenta de que los que tenías enfrente [en el salón de plenos] no hacían nada por proteger el interés publico, pues no habían pedido ni la liquidación de intereses, lo cual fue frustrante». Lo resumió en menos palabras: «El de CC fue un gobierno municipal cómplice, porque no quería cobrar el dinero».
Bermúdez se atribuye el mérito de recobrar el dinero malversado por el anterior líder de CC: Zerolo
Muy distinta es la versión que sobre lo hecho por el gobierno municipal en el pasado mandato dio quien fuer alcalde en esa etapa, José Manuel Bermúdez. Como presidente del grupo de CC-PNC en el Ayuntamiento de Santa Cruz, ha mostrado su «satisfacción» por el hecho de que “las acciones emprendidas por el consistorio desde que accedí a la Alcaldía, en el año 2011, para recuperar el dinero invertido en la compra del frente de la playa de Las Teresitas tengan hoy como colofón que uno de los condenados ponga a disposición del municipio dos edificios, para cubrir buena parte de la cantidad total”.
Bermúdez gobernó entre 2011 y 2015 con el PSOE, entonces liderado por José Ángel Martín, y luego entre 2015 y 2019, con el PP como socio, liderado por Zaida González, ahora consejera en el Cabildo.
El ex alcalde ecuerda que “el 29 de marzo del pasado año, justo un día después de conocerse la firmeza de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, dicté una instrucción por la que ordenaba a la Asesoría Jurídica municipal continuar con todas aquellas actuaciones necesarias, por sus propios medios o con asistencia técnica de terceros, para dar cumplimiento a las sentencias en relación con la compra del frente de la playa de Las Teresitas”.
Aunque los cabecillas de la trama corrupta de Las Teresitas eran líderes de su partido, Bermúdez considera que “la recuperación de este dinero no es mérito del PSOE, sino fruto de la sentencia en firme de un procedimiento iniciado en 2012″, cuando él ocupaba la Alcaldía. «Siempre nos ha movido la intención de salvaguardar el interés público y que los chicharreros recuperaran su dinero”, aseveró.
De hecho, CC-PNC insiste en que «la instrucción dada en marzo de 2019 reiteraba lo dispuesto en otra, dictada en abril de 2017, justo el mismo día de notificarse la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el particular, y ambas formaban parte de las actuaciones llevadas a cabo en relación con este asunta».
El ahora concejal de la oposición hace hincapié en un comunicado en que “siempre» ha estado» al lado de las decisiones judiciales, como no podía ser de otra manera, facilitando y sumándonos a cuantas acciones emprendió la Fiscalía en su momento y con absoluto respeto al asesoramiento de los servicios jurídicos municipales, que para eso están, que siempre nos indicaron los tiempos y las formas”.
“Y, también cuando los tiempos procesales así nos lo iban indicando, se solicitaron medidas cautelares planteadas en su momento por el Ministerio Fiscal para asegurar la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivara de los delitos, según se recogía en la sentencia a favor del Ayuntamiento, lo que sin duda ha devenido en la puesta a disposición de estos dos edificios de uno de los condenados”, apostilla Bermúdez.
