El municipio de Arona ha acogido unas jornadas sobre gobierno abierto organizadas por el Ayuntamiento, en el que se han conocido las luces y las sombras sobre el cumplimiento de la legislación que obliga a las instituciones públicas a ser cada vez menos opacas y más transparentes. En el acto de presentación, el comisionado para la Transparencia del Gobierno canario, Daniel Cerdán, detalló que en los tres años y medio que lleva en el cargo ha recibido más de 600 quejas de ciudadanos «relacionadas con preguntas no contestadas» por las administraciones públicas del Archipiélago, es decir, por denegar información a la que tienen derecho los administrados.
El número de reclamaciones de este tipo ha ido en constante aumento desde que nació la figura del comisionado, en los últimos meses de 2015, cuando se registraron 18 quejas; que pasaron a ser 91 en el año siguiente, 154 en 2017 y más de 350 el pasado año.
Cerdán explicó que, en todo caso, el grado global de cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia mejora año a año, pues en 2016 solo 20 de las 96 instituciones públicas canarias (entre cabildos, ayuntamientos y Gobierno autonómico) al menos aprobaban en esta materia (5 de 10 puntos), y el año pasado ya eran 50 las que alcanzaban el aprobado, cuanto menos.
La realidad es que los ciudadanos no suelen preguntar a las instituciones públicas, ya sea por registros presenciales o telemáticos: apenas el 0,1% de la población lo hace. Ese bajo porcentaje, según el comisionado, «produce que los poderes públicos dedican más tiempo y medios a otras cuestiones porque no ven una gran masa tocando a la puerta pidiendo información, pero la transparencia vale la pena».
Y aportó un detalle curioso: «A veces son los propios funcionarios lo que preguntan a través de este procedimiento de transparencia, si no se atreven a hacerlo a su jefe de servicio, y también los periodistas». «Siempre se debería responder a un ciudadano, y si no, que se le explique bien por qué no se le puede responder», recomendó Cerdán a un público formado especialmente por funcionarios y representantes de entidades ciudadanas.
José Antonio Reverón anuncia un código ético municipal en Arona
En el acto de presentación de la jornada, el concejal de Transparencia y Participación Ciudadana de Arona, José Antonio Reverón (del partido Ciudadanos por Arona) abogó sin ningún tipo de ambages por «hacer evolucionar nuestro modelo institucional hacia un sistema abierto, comprometido y responsable mediante herramientas sencillas que reduzcan el peligro de desviación de poder y estimulen la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos».
Un objetivo que él mismo se está tomando muy en serio (en el pasado fue denunciante del caso Arona), de manera que este Ayuntamiento sureño -que vio en mandatos pasados empañada su imagen por casos de corrupción- ahora se ha situado en los puestos más altos de España en transparencia y abandera iniciativas preventivas contra la corrupción política.
De hecho, en los próximos meses está previsto que apruebe un código ético, una ordenanza de transparencia y un reglamento de participación ciudadana, tres iniciativas con las que pretende dejar bien sentadas en este mandato las bases para que el consistorio tenga una mejor calidad democrática y sus futuros gobernantes más exigencias éticas y de transparencia.
Escolástico Gil (Fecam): solo 7 municipios sin portal de transparencia
En la mesa inaugural de las jornadas participó también el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, en este caso como vicepresidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), quien destacó que 81 de los 88 ayuntamientos canarios ya tiene portal de transparencia. «Los municipios tenemos detrás al comisionado, que ha obligado a esforzarse en estas cuestiones», explicó el regidor municipal.
Gil (el partido IR-Verdes) apoyó con convicción las exigencias legales a los ayuntamientos en cuanto a participación ciudadana, transparencia y buen gobierno, «pues deben ser una prioridad para todos». Eso implica, en cualquier caso, destinar personal a estas materias, algo, dijo, que no han podido hacer aún algunos consistorios de pequeño tamaño.
En el caso del que él gobierna, El Rosario, de 17.500 habitantes, asegura que estos principios y objetivos se están cumpliendo, «aunque, por falta de personal, aún no se plasmen en las estadísticas del comisionado, de modo que sus datos no se corresponden con la realidad» de la transparencia en su municipio.
Tiene claro Gil -denunciante, al igual que Reverón, de casos de corrupción de gobiernos anteriores, como el de Varadero- que «la política local ha cambiado mucho en los últimos años» y «cada vez son más los mensajes que se reciben por las redes sociales del alcalde o de la institución».
La responsable estatal de Gobierno abierto explicó el II Plan de Acción
En las jornadas, celebradas el pasado viernes, impartieron charlas el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villorria; el profesor de esta misma materia en la Autónoma de Madrid Juan Ignacio Criado; la subdirectora general de Gobierno Abierto del Ejecutivo estatal, Isabel Moya; el subdirector de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcobendas, Javier Arteaga Moralejo; y el periodista Vicente Pérez, director de Planeta Canario y colaborador de Tenerife Ahora-Canarias Ahora.
La responsable estatal de Gobierno Abierto expuso los trabajos realizados para aprobar el II Plan de Acción nacional, y anunció que el reglamento de la legislación básica en esta materia se halla ya muy avanzado, al punto de que podría ser aprobado antes del próximo 30 de junio. Moya defendió que los principios y comportamientos del gobierno abierto deben incentivarse desde la infancia, y que es preciso para ello formar al profesorado en estas cuestiones.
