PLANETA CANARIO
El proyecto de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias ha recibido 180 alegaciones durante el trámite de información pública.
La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha presentado este 7 de junio una treintena de empresarios y representantes de colegios profesionales el documento, durante un encuentro celebrado en la sede de la Cámara de Comercio Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria.
La previsión del departamento autonómico es que, una vez analizadas dichas aportaciones, el texto llegue al Parlamento en el último trimestre del año, según ha informado la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate.
La modificación prevista en la ley reduce el contenido de los planes generales de ordenación hasta un 40%, e incorpora un tratamiento diferenciado para los municipios de menos de 10.000 habitantes y el sector primario.
Zárate ha destacado también que el texto aumenta los porcentajes de suelo destinado a vivienda pública, e impulsa la modernización de los suelos industriales del Archipiélago. También propone aumentar las sanciones, frente al uso ilegal del suelo rústico y protegido.
La propuesta, que , según el Gobierno regional, tiene como objetivo profundizar en la filosofía de la citada norma en lo que respecta a simplificación y agilización de la ordenación del territorio del Archipiélago, ha sido presentado por Zárate y el director general de Ordenación Territorial y Cohesión Territorial, Onán Cruz.
La vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, María de la Salud Gil, ha representado a este organismo empresarial y ha calificado el texto, con carácter general, “persigue la simplificación” de los procedimientos administrativos.
Impacto en el precio de la vivienda
Gil ha explicado que la patronal ha abierto un debate con el Gobierno en referencia a tres aspectos de la propuesta que “consideramos fundamentales: la impacto sobre el precio de la vivienda, que los procesos de participación para los procedimientos de ordenación territorial sean suficientes y que todo el esfuerzo se alinee con las estrategias europeas y del propio Ejecutivo autonómico en materia industrial y sociosanitaria”.
“La Ley, por tanto, debe ser una herramienta para declarar de interés público ambas estrategias”, ha señalado.
La vicepresidenta de la Cámara considera que la norma “debe permitir habilitar suelo para desarrollar esas estrategias” y “generar una estructura empresarial sólida y propia para Canarias que le permita afrontar la situación geopolítica que vivimos en estos días y la necesidad del autoabastecimiento”.
Gil ha destacado el papel que los instituciones empresarial están jugando en la conformación de “un nuevo marco normativo que facilite la construcción de vivienda en Canarias”, trabajo al que ha pedido se sumen “otros colectivos sociales, económicos y políticos”.
Durante el encuentro, los colectivos empresariales y profesionales han planteado cuestiones referidas a la citada propuesta de actualización de la Ley del Suelo, pero también respecto al proyecto de ley de agilización de licencias urbanísticas. Esta norma está impulsada por las consejerías de Política Territorial y Obras Públicas, y forma parte de las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo autonómico para afrontar la crisis habitacional que sufre Canarias.
El análisis técnico respecto a la actualización de la Ley del Suelo se desarrolló durante todo 2024 y las 180 alegaciones son el reflejo de un “proceso de participación amplio en el que han participado todos los colectivos que tienen que ver con la ordenación del territorio en Canarias”, ha indicado Zárate. “
Respecto a las alegaciones, 79 llegaron a través del registro oficial de Política Territorial y sesenta a través del portal de transparencia. Diez fueron remitidas por correo electrónico, cinco corresponden a los cabildos insulares y seis a otros departamentos del Gobierno autonómico. Cuatro fueron formuladas en la propia Consejería y 16 corresponden a entidades que han participado en el proceso de análisis, como colegios profesionales, sindicatos, colectivos medio ambientales y otras organizaciones de carácter civil.
En la actualidad, los técnicos de la Consejería, con el apoyo de la empresa pública Gesplan, se encuentran en proceso de análisis de dichas aportaciones para estudiar su posible incorporación a la propuesta. El nuevo texto recabará informes de otros departamentos de la Comunidad Autónoma, antes de ser registrado en el Parlamento de Canarias, previsiblemente durante el último trimestre del año.
