Poder utilizar parte o la totalidad del superávit acumulado en bancos para llevar a cabo medidas directas que contrarresten los efectos que la crisis del coronavirus está generando en el motor económico de las islas es una de las medidas que la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) solicita a las administraciones central y autonómica dentro de las decisiones que se están tomando o se tomarán en las próximas semanas en la lucha contra estos efectos.
Así lo decidió el pasado miércoles la Junta Directiva de la AMTC que preside el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, en una decisión que fue ratificada posteriormente por la asamblea de la asociación reunida en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura.
La imposibilidad de poder gastar el dinero ahorrado por los ayuntamientos es una decisión de ámbito estatal, que solo puede cambiarse mediante modificaciones legislativas en las Cortes Generales, y son producto de la llamada Ley Montoro, para cumplir con la estabilidad financiera del sector público y la regla de gasto, motivada a su vez por la política financiera de la Unión Europea.
Los municipios turísticos de Canarias que integran la asociación, trece de cuatro islas diferentes, se dirigirán al Gobierno de España y al de Canarias, en primer lugar, para mostrar su apoyo y colaboración ante las medidas tomadas para la contención de Covid-19, tanto por el Ministerio como por la Consejería de Sanidad.
Medidas que se están demostrando necesarias a pesar de las importantes repercusiones que están teniendo y van a tener en la economía, sobre todo, “para un sector tan importante para las islas como el turismo, que es el principal motor de la economía insular”, aseguró el presidente de la AMTC. A pesar de ello, Rodríguez Fraga, quiso recordar que esta no es una crisis turística “sino una crisis sanitaria global que tiene unas consecuencias económicas que, como no podía ser de otra manera, afectan al turismo; ahora se trata de que afecten de la manera más controlada posible”.
Volviendo a la principal solicitud que hacen los municipios turísticos, han hecho hincapié en que solo 7 de los 13 que pertenecen a la AMTC tienen congelados en los bancos 525 millones de euros que las actuales leyes de contención aprobadas durante la pasada crisis por parte del Gobierno de España impiden utilizar de manera racional para realizar inversiones y nuevos proyectos. Esa es la cantidad que acumulan en las entidades bancarias los ayuntamientos de Adeje, Arona, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Tías, Guía de Isora, Antigua y Yaiza, a lo que hay que sumar cantidades similares, pero aún sin certificar, de los otros cinco miembros de la AMTC: Pájara, Santiago del Teide, Puerto de la Cruz, Teguise y La Oliva, lo que supondría que la cifra global –solo de estos 13 municipios-, puede superar los 900 millones de euros. Esta cantidad generaría más de 2 millones de euros en gastos de intereses en cuanto se aplique la nueva normativa bancaria.
“No nos podemos permitir el lujo de no utilizar este dinero ante la situación que ya estamos sufriendo”, dijo al respecto Rodríguez Fraga. En ese sentido, la AMTC solicita al Gobierno de España que, de la misma manera que la Unión Europa ya ha mostrado su predisposición a ser flexible con el déficit de los países más afectados por la crisis del coronavirus, o igual que el Gobierno de España ha expresado que dará margen a las comunidades autónomas en cuanto a la contención del gasto, “se nos permita, a los municipios turísticos con superávit, usar ese dinero que tenemos en los bancos para tomar medidas directas que contengan y compensen las consecuencias económicas de la crisis”, según afirma la vicepresidenta de la asociación, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.
Una crisis que para la AMTC ya se comienza a vivir en el turismo, con más de un 20% de cancelaciones, según datos de las patronales hoteleras, que podrían incrementarse en los próximos meses y que va a afectar al empleo y a todos los estratos económicos relacionados con el sector.
El uso que la AMTC propone darle a ese dinero es, “muy claro y directo”, en primer lugar para tomar medidas que eviten la destrucción de empleo que las cancelaciones y anulaciones en el sector van a traer consigo. La intención sería fortalecer el tejido productivo más débil, pequeñas y medianas empresas, el comercio, los autónomos y aquellas empresas que más directamente sufran las pérdidas. Por supuesto, con el principal objetivo de que “la destrucción de empleo se minimice todo lo posible, con 900 millones de euros podemos tomar muchas medidas en ese sentido”, coincidieron todos los representantes municipales.
Poder utilizar parte o la totalidad del superávit acumulado en bancos para llevar a cabo medidas directas que contrarresten los efectos que la crisis del coronavirus está generando en el motor económico de las islas es una de las medidas que la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) solicita a las administraciones central y autonómica dentro de las decisiones que se están tomando o se tomarán en las próximas semanas en la lucha contra estos efectos.
Así lo decidió el pasado miércoles la Junta Directiva de la AMTC que preside el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, en una decisión que fue ratificada posteriormente por la asamblea de la asociación reunida en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura.
La imposibilidad de poder gastar el dinero ahorrado por los ayuntamientos es una decisión de ámbito estatal, que solo puede cambiarse mediante modificaciones legislativas en las Cortes Generales, y son producto de la llamada Ley Montoro, para cumplir con la estabilidad financiera del sector público y la regla de gasto, motivada a su vez por la política financiera de la Unión Europea.
Los municipios turísticos de Canarias que integran la asociación, trece de cuatro islas diferentes, se dirigirán al Gobierno de España y al de Canarias, en primer lugar, para mostrar su apoyo y colaboración ante las medidas tomadas para la contención de Covid-19, tanto por el Ministerio como por la Consejería de Sanidad.
Medidas que se están demostrando necesarias a pesar de las importantes repercusiones que están teniendo y van a tener en la economía, sobre todo, “para un sector tan importante para las islas como el turismo, que es el principal motor de la economía insular”, aseguró el presidente de la AMTC. A pesar de ello, Rodríguez Fraga, quiso recordar que esta no es una crisis turística “sino una crisis sanitaria global que tiene unas consecuencias económicas que, como no podía ser de otra manera, afectan al turismo; ahora se trata de que afecten de la manera más controlada posible”.
Volviendo a la principal solicitud que hacen los municipios turísticos, han hecho hincapié en que solo 7 de los 13 que pertenecen a la AMTC tienen congelados en los bancos 525 millones de euros que las actuales leyes de contención aprobadas durante la pasada crisis por parte del Gobierno de España impiden utilizar de manera racional para realizar inversiones y nuevos proyectos. Esa es la cantidad que acumulan en las entidades bancarias los ayuntamientos de Adeje, Arona, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Tías, Guía de Isora, Antigua y Yaiza, a lo que hay que sumar cantidades similares, pero aún sin certificar, de los otros cinco miembros de la AMTC: Pájara, Santiago del Teide, Puerto de la Cruz, Teguise y La Oliva, lo que supondría que la cifra global –solo de estos 13 municipios-, puede superar los 900 millones de euros. Esta cantidad generaría más de 2 millones de euros en gastos de intereses en cuanto se aplique la nueva normativa bancaria.
“No nos podemos permitir el lujo de no utilizar este dinero ante la situación que ya estamos sufriendo”, dijo al respecto Rodríguez Fraga. En ese sentido, la AMTC solicita al Gobierno de España que, de la misma manera que la Unión Europa ya ha mostrado su predisposición a ser flexible con el déficit de los países más afectados por la crisis del coronavirus, o igual que el Gobierno de España ha expresado que dará margen a las comunidades autónomas en cuanto a la contención del gasto, “se nos permita, a los municipios turísticos con superávit, usar ese dinero que tenemos en los bancos para tomar medidas directas que contengan y compensen las consecuencias económicas de la crisis”, según afirma la vicepresidenta de la asociación, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.
Una crisis que para la AMTC ya se comienza a vivir en el turismo, con más de un 20% de cancelaciones, según datos de las patronales hoteleras, que podrían incrementarse en los próximos meses y que va a afectar al empleo y a todos los estratos económicos relacionados con el sector.
El uso que la AMTC propone darle a ese dinero es, “muy claro y directo”, en primer lugar para tomar medidas que eviten la destrucción de empleo que las cancelaciones y anulaciones en el sector van a traer consigo. La intención sería fortalecer el tejido productivo más débil, pequeñas y medianas empresas, el comercio, los autónomos y aquellas empresas que más directamente sufran las pérdidas. Por supuesto, con el principal objetivo de que “la destrucción de empleo se minimice todo lo posible, con 900 millones de euros podemos tomar muchas medidas en ese sentido”, coincidieron todos los representantes municipales.
Poder utilizar parte o la totalidad del superávit acumulado en bancos para llevar a cabo medidas directas que contrarresten los efectos que la crisis del coronavirus está generando en el motor económico de las islas es una de las medidas que la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) solicita a las administraciones central y autonómica dentro de las decisiones que se están tomando o se tomarán en las próximas semanas en la lucha contra estos efectos.
Así lo decidió el pasado miércoles la Junta Directiva de la AMTC que preside el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, en una decisión que fue ratificada posteriormente por la asamblea de la asociación reunida en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura.
La imposibilidad de poder gastar el dinero ahorrado por los ayuntamientos es una decisión de ámbito estatal, que solo puede cambiarse mediante modificaciones legislativas en las Cortes Generales, y son producto de la llamada Ley Montoro, para cumplir con la estabilidad financiera del sector público y la regla de gasto, motivada a su vez por la política financiera de la Unión Europea.
Los municipios turísticos de Canarias que integran la asociación, trece de cuatro islas diferentes, se dirigirán al Gobierno de España y al de Canarias, en primer lugar, para mostrar su apoyo y colaboración ante las medidas tomadas para la contención de Covid-19, tanto por el Ministerio como por la Consejería de Sanidad.
Medidas que se están demostrando necesarias a pesar de las importantes repercusiones que están teniendo y van a tener en la economía, sobre todo, “para un sector tan importante para las islas como el turismo, que es el principal motor de la economía insular”, aseguró el presidente de la AMTC. A pesar de ello, Rodríguez Fraga, quiso recordar que esta no es una crisis turística “sino una crisis sanitaria global que tiene unas consecuencias económicas que, como no podía ser de otra manera, afectan al turismo; ahora se trata de que afecten de la manera más controlada posible”.
Volviendo a la principal solicitud que hacen los municipios turísticos, han hecho hincapié en que solo 7 de los 13 que pertenecen a la AMTC tienen congelados en los bancos 525 millones de euros que las actuales leyes de contención aprobadas durante la pasada crisis por parte del Gobierno de España impiden utilizar de manera racional para realizar inversiones y nuevos proyectos. Esa es la cantidad que acumulan en las entidades bancarias los ayuntamientos de Adeje, Arona, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Tías, Guía de Isora, Antigua y Yaiza, a lo que hay que sumar cantidades similares, pero aún sin certificar, de los otros cinco miembros de la AMTC: Pájara, Santiago del Teide, Puerto de la Cruz, Teguise y La Oliva, lo que supondría que la cifra global –solo de estos 13 municipios-, puede superar los 900 millones de euros. Esta cantidad generaría más de 2 millones de euros en gastos de intereses en cuanto se aplique la nueva normativa bancaria.
“No nos podemos permitir el lujo de no utilizar este dinero ante la situación que ya estamos sufriendo”, dijo al respecto Rodríguez Fraga. En ese sentido, la AMTC solicita al Gobierno de España que, de la misma manera que la Unión Europa ya ha mostrado su predisposición a ser flexible con el déficit de los países más afectados por la crisis del coronavirus, o igual que el Gobierno de España ha expresado que dará margen a las comunidades autónomas en cuanto a la contención del gasto, “se nos permita, a los municipios turísticos con superávit, usar ese dinero que tenemos en los bancos para tomar medidas directas que contengan y compensen las consecuencias económicas de la crisis”, según afirma la vicepresidenta de la asociación, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.
Una crisis que para la AMTC ya se comienza a vivir en el turismo, con más de un 20% de cancelaciones, según datos de las patronales hoteleras, que podrían incrementarse en los próximos meses y que va a afectar al empleo y a todos los estratos económicos relacionados con el sector.
El uso que la AMTC propone darle a ese dinero es, “muy claro y directo”, en primer lugar para tomar medidas que eviten la destrucción de empleo que las cancelaciones y anulaciones en el sector van a traer consigo. La intención sería fortalecer el tejido productivo más débil, pequeñas y medianas empresas, el comercio, los autónomos y aquellas empresas que más directamente sufran las pérdidas. Por supuesto, con el principal objetivo de que “la destrucción de empleo se minimice todo lo posible, con 900 millones de euros podemos tomar muchas medidas en ese sentido”, coincidieron todos los representantes municipales.
Poder utilizar parte o la totalidad del superávit acumulado en bancos para llevar a cabo medidas directas que contrarresten los efectos que la crisis del coronavirus está generando en el motor económico de las islas es una de las medidas que la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) solicita a las administraciones central y autonómica dentro de las decisiones que se están tomando o se tomarán en las próximas semanas en la lucha contra estos efectos.
Así lo decidió el pasado miércoles la Junta Directiva de la AMTC que preside el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, en una decisión que fue ratificada posteriormente por la asamblea de la asociación reunida en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura.
La imposibilidad de poder gastar el dinero ahorrado por los ayuntamientos es una decisión de ámbito estatal, que solo puede cambiarse mediante modificaciones legislativas en las Cortes Generales, y son producto de la llamada Ley Montoro, para cumplir con la estabilidad financiera del sector público y la regla de gasto, motivada a su vez por la política financiera de la Unión Europea.
Los municipios turísticos de Canarias que integran la asociación, trece de cuatro islas diferentes, se dirigirán al Gobierno de España y al de Canarias, en primer lugar, para mostrar su apoyo y colaboración ante las medidas tomadas para la contención de Covid-19, tanto por el Ministerio como por la Consejería de Sanidad.
Medidas que se están demostrando necesarias a pesar de las importantes repercusiones que están teniendo y van a tener en la economía, sobre todo, “para un sector tan importante para las islas como el turismo, que es el principal motor de la economía insular”, aseguró el presidente de la AMTC. A pesar de ello, Rodríguez Fraga, quiso recordar que esta no es una crisis turística “sino una crisis sanitaria global que tiene unas consecuencias económicas que, como no podía ser de otra manera, afectan al turismo; ahora se trata de que afecten de la manera más controlada posible”.
Volviendo a la principal solicitud que hacen los municipios turísticos, han hecho hincapié en que solo 7 de los 13 que pertenecen a la AMTC tienen congelados en los bancos 525 millones de euros que las actuales leyes de contención aprobadas durante la pasada crisis por parte del Gobierno de España impiden utilizar de manera racional para realizar inversiones y nuevos proyectos. Esa es la cantidad que acumulan en las entidades bancarias los ayuntamientos de Adeje, Arona, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Tías, Guía de Isora, Antigua y Yaiza, a lo que hay que sumar cantidades similares, pero aún sin certificar, de los otros cinco miembros de la AMTC: Pájara, Santiago del Teide, Puerto de la Cruz, Teguise y La Oliva, lo que supondría que la cifra global –solo de estos 13 municipios-, puede superar los 900 millones de euros. Esta cantidad generaría más de 2 millones de euros en gastos de intereses en cuanto se aplique la nueva normativa bancaria.
“No nos podemos permitir el lujo de no utilizar este dinero ante la situación que ya estamos sufriendo”, dijo al respecto Rodríguez Fraga. En ese sentido, la AMTC solicita al Gobierno de España que, de la misma manera que la Unión Europa ya ha mostrado su predisposición a ser flexible con el déficit de los países más afectados por la crisis del coronavirus, o igual que el Gobierno de España ha expresado que dará margen a las comunidades autónomas en cuanto a la contención del gasto, “se nos permita, a los municipios turísticos con superávit, usar ese dinero que tenemos en los bancos para tomar medidas directas que contengan y compensen las consecuencias económicas de la crisis”, según afirma la vicepresidenta de la asociación, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.
Una crisis que para la AMTC ya se comienza a vivir en el turismo, con más de un 20% de cancelaciones, según datos de las patronales hoteleras, que podrían incrementarse en los próximos meses y que va a afectar al empleo y a todos los estratos económicos relacionados con el sector.
El uso que la AMTC propone darle a ese dinero es, “muy claro y directo”, en primer lugar para tomar medidas que eviten la destrucción de empleo que las cancelaciones y anulaciones en el sector van a traer consigo. La intención sería fortalecer el tejido productivo más débil, pequeñas y medianas empresas, el comercio, los autónomos y aquellas empresas que más directamente sufran las pérdidas. Por supuesto, con el principal objetivo de que “la destrucción de empleo se minimice todo lo posible, con 900 millones de euros podemos tomar muchas medidas en ese sentido”, coincidieron todos los representantes municipales.
