PLANETA CANARIO
El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo (Coalición Canaria) y el exdirectivo de Sacyr Pablo Abril Martorell han comparecido por vía telemática, en calidad de investigados, ante el Juzgado de Santa Cruz de Tenerife que instruye la causa penal por acordar la devolución, presuntamente ilegal, de 59 millones de euros abonados en su día por la citada multinacional al Ayuntamiento chicharrero para gestionar durante 25 años el servicio de aguas de Santa Cruz de Tenerife, a través de la antigua empresa pública Emmasa.
De esa cifra, el Ayuntamiento devolvía cada año a Sacyr a través de Emmasa 2,3 millones, hasta que, pagados ya unos 30 millones, ordenó parar los pagos el anterior gobierno municipal (PSOE-Cs).
Ambos imputados se acogieron al derecho a no declarar, según informa en un comunicado el grupo político denunciante, Unidas Podemos. Hay que recordar que Zerolo se encuentra en prisión cumpliendo pena por el caso Las Teresitas.
En un contundente informe, el Consejo Consultivo de Canarias dejó claro este año que «la cantidad abonada por SACYR correspondiente al canon era parte del precio del contrato» y asegura que el Consejo de Administración de Emmasa hizo en 2007 «una interpretación unilateral» del contrato con el consistorio, «sin solicitar la incoación del preceptivo procedimiento», y la comenzó a aplicar. A juicio de este órgano, «se deduce con claridad que la cantidad abonada por SACYR correspondiente al canon era parte del precio del contrato» y no tenía, por tanto que serle devuelto.
Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo) critica en una nota de prensa que el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), «no denunció en el Juzgado un caso de presunta corrupción extremadamente grave, rechazó personar al Ayuntamiento como acusación particular y rechazó constituir una comisión de investigación para averiguar las razones de que no se detectara un supuesto pago indebido a Sacyr, por unos 2,3 millones de euros al año, en el contexto de la desastrosa privatización del agua llevada a cabo por Coalición Canaria; sin embargo, el alcalde aceptó la personación civil, aunque no se personó la representación legal del Ayuntamiento en las tomas de declaración a los investigados».
Trujillo afirma que nada ha cambiado en Coalición Canaria y que siguen sin atreverse a contrariar a Miguel Zerolo, el ex alcalde nacionalista en prisión, que fue aforado por Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias y en el Senado con el efecto de retrasar el caso de Las Teresitas. El mensaje que Coalición manda a la ciudadanía es que no cuenten con ellos para combatir la corrupción.
En el pleno en el que el gobierno municipal (CC-PP) rechazó que el consistorio se personara como acusación en esta causa penal, el portavoz de CC-PNC, Alfonso Cabello, alegó que basan esta decisión en un informe de los servicios jurídicos municipales, en el que se estima procedente la personación en estas diligencias previas ante un juzgado como actor civil.
Y ante las críticas de la oposición, afirmó que el gobierno local «estará siempre en defensa de los intereses generales en base a informes de los servicios jurídicos cuando nos guste y también cuando nos parezca que no son los más adecuados», por lo que el Ayuntamiento «se va a personar en el juicio y lo hará para ejercer acciones civiles y pedir indemnizaciones si hay condena».
