PLANETA CANARIO
La causa penal abierta sobre la devolución indebida de 59 millones a Sacyr por parte del Ayuntamiento chicharrero a través de Emmasa tiene ya tres investigados. A las ya conocidas imputaciones del exalcalde Miguel Zerolo (CC) -en prisión por el caso Las Teresitas- y de un ex consejero delegado de Emmasa en representación de Sacyr, Pablo Abril Martorell, se ha sumado la del secretario del Ayuntamiento, Luis Prieto, según informó en rueda de prensa el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, formación política denunciante del caso y que ejerce la acusación particular. Zerolo y Abril Martorell ya comparecieron telemáticamente ante el Juzgado, y se acogieron al derecho a no declarar.
La condición de investigado que ahora tiene este funcionario, según reveló Trujillo, se deriva de la declaración ante el Juzgado del exconcejal de Servicios Públicos Norberto Plasencia (CC), que testificó que en la sesión del Consejo de Administración de Emmasa (antigua empresa municipal que pasó a manos de Sacyr, salvo un pequeño porcentaje de acciones que mantiene el Ayuntamiento), celebrada en junio de 2007, en la que se acordó la devolución de esta «inexistente» deuda, se encontraba presente Luis Prieto, «entonces secretario general del Pleno».
El concejal de Unidas Podemos señaló que en la denuncia no apuntaron al secretario municipal «porque no constaba en el acta que estuviera en esa reunión». Y precisó Trujillo que el funcionario está investigado por presunta prevaricación administrativa y malversación.
Sacyr abonó 59 millones en concepto de canon por gestionar durante 25 años el servicio de aguas de Santa Cruz de Tenerife, del que se encarga Emmasa, empresa pública que daba beneficios cuando se privatizó su gestión. De esa cifra, el Ayuntamiento devolvía cada año a Sacyr a través de Emmasa 2,3 millones, hasta que, pagados ya unos 30 millones, ordenó parar los pagos el anterior gobierno municipal (PSOE-Cs), tras advertir técnicos municipales que tal abondo millonario carecía de justificación.
En un contundente informe, el Consejo Consultivo de Canarias dejó claro este año que «la cantidad abonada por SACYR correspondiente al canon era parte del precio del contrato» y concluye que el Consejo de Administración de Emmasa hizo en 2007 «una interpretación unilateral» del contrato con el consistorio, «sin solicitar la incoación del preceptivo procedimiento», y la comenzó a aplicar.
A juicio de este órgano jurídico de la Comunidad Autónoma, «se deduce con claridad que la cantidad abonada por SACYR correspondiente al canon era parte del precio del contrato» y no tenía, por tanto que serle devuelto.
La novedad de la imputación del secretario municipal se conoció en una reciente rueda de prensa en la que la oposición en bloque se quejó de la la negativa del alcalde de Santa Cruz y las «trabas formales «de Luis Prieto a la celebración de un Pleno extraordinario en el que se hablará del caso Sacyr-Emmasa. Los portavoces de PSOE (José Ángel Martín), Unidas Podemos y Ciudadanos (Matilde Zambudio) se quejaron de que vulneran así sus derechos fundamentales.
En esa sesión plenaria la oposición en el consistorio santacrucero pretende tratar, entre otros asuntos, esta devolución indebida del dinero que la multinacional pagó para gestionar el servicio municipal de aguas, de ahí que, a juicio de Trujillo, «el señor secretario que no cumple con lo que marca la ley con un pleno extraordinario es también parte en toda esta historia, pues vamos a hablar de algo que le incumbe». Y añadió el portavoz de Unidas Podemos que «demasiados años de CC gobernando Santa Cruz provocan la normalización de este desprecio a la democracia».
Por su parte, Martín señaló que el pasado 4 de noviembre solicitaron el Pleno extraordinario, que el alcalde tenía 15 días para convocar, un plazo que finalizó el pasado 25 de noviembre, por lo que se convocó de manera automática para el 13 de diciembre. “Pero se nos comunicó oficialmente que tenemos que subsanar unas firmas, ya con el Pleno convocado”, explicó Martín, para añadir que “no vamos a pasar por eso, si el señor alcalde no quiere hablar de los escoltas o de Sacyr que lo diga claramente, pero que no use la maquinaria del Ayuntamiento para tratar de evitarlo”.
Zambudio aseveró con ironía que nunca pensó que “al dedicarme a la política terminaría siendo una experta en derechos fundamentales, porque se vulneran un día sí y otro también”.
