«-Qué está usted haciendo -le pregunta.
-¿No lo ve? – responde con impaciencia-. Estoy cortando este árbol.
-¡Se le ve exhausto! ¿Cuánto tiempo hace que está en ello?
– Más de cinco horas y estoy molido. Esto no es sencillo.
-¿Por qué no hace una pausa durante unos minutos para afilar la sierra? -pregunta-. Estoy seguro de que cortaría mucho más rápido.
-No tengo tiempo para afilar la sierra -dice el hombre enfáticamente-. Estoy demasiado ocupado aserrando».
Stephen R. Covey, 1989
Dimitir. Hay cierta confusión entre gestión de lo público y acción política. Porque lo que ocurre en el ámbito de las administraciones no siempre atañe a los representantes electos. No vivimos en una democracia cualificada y cualquiera que sepa leer puede presentarse. Además, que haya trascendido, nadie comprueba si el candidato entiende lo que lee ni tampoco creo que alguien verifique si efectivamente maneja tal formación básica. La Administración Pública funciona porque hay funcionarios: primera perogrullada de 2021, permítame que lo recuerde dada nuestra avidez histórica por acabar con nuestras penurias pidiendo la dimisión de quien más asome la cabeza. Nos olvidamos de que los problemas se enfrentan de otra manera y de que aquí no dimite ni dios.
Evolucionar. Del presupuesto de ayuntamientos, cabildos y autonomías el noventa y largo por ciento está comprometido desde el ejercicio anterior. Pequeñísimo margen para dedicar dinero a cosas nuevas que -al mínimo despiste- se convierten en obligación para el año siguiente. Acometer mejoras en la gestión pública requiere reformular lo que ya existe y tal iniciativa es mucho más fácil de sugerir que de llevar a efecto. En el mundo de la empresa eso pasa constantemente, pensará usted, las empresas evolucionan, ofrecen nuevos productos y servicios: las que se adaptan se mantienen y las que se alejan de las necesidades de sus clientes desaparecen.
Comparar. Solo sirve para caer en la trampa porque las entidades públicas no cierran por muy ineficaces que sean. Ya lo intentó sin éxito el PP en 2013 con su aplastante mayoría absoluta mediante el
fomento de la fusión de municipios que no sirvió para nada. Promulgar leyes sí que está reservado para la política, en este caso con efecto práctico igual a cero. ¿Se ha preguntado por qué?
Motivar. Mordido el anzuelo, sigamos. Un empresario o un equipo directivo plantea innovación en su organización porque no le queda otra. Si no actúan malo, si fracasan malo también. Los trabajadores aceptarán las novedades con mayor o menor agrado, aunque imperará el espíritu de supervivencia. Para los palos en las ruedas -que siempre hay beligerantes- implicación en los procesos, más retribución o nuevas atribuciones de responsabilidades, y si no colabora se expide el pasaporte. Cuesta vencer la inercia de seguir con aquello que “siempre se ha hecho así”. Quién gobierna lo público puede decidir una reorganización por necesaria y derivar dinero a contratar expertos para redefinir procesos, eso sí, pero no dispone de esas u otras herramientas para la motivación del personal.
Procrastinar. Tiene poco castigo. ¿Que se incrementa la carga de trabajo?, se busca recursos, ¿que se retrasa la resolución de algún trámite?, idéntica solución en el mejor de los casos. Hay cierta resignación respecto a la operativa pública española. Y es de entender porque meterse en harina implica mucho riesgo, siempre genera conflicto y el promotor de los cambios se expone a la crítica interna y externa, más intensa en fases iniciales, crítica a la que hay que estar dispuesto. En cualquier caso, la política precisa de la gestión del sistema público para mejorar la vida de las personas, cuando ese es su propósito. Procede asumir el riesgo.
