PLANETA CANARIO
La Asociación Agua para La Palma, tras las últimas declaraciones radiofónicas del gerente del Consejo Insular de Aguas (CIALP), Javier Peña, denuncia la “falta de voluntad política así como de conocimiento y experiencia en la materia” en este organismo, lo que “sigue condenando a la isla a un enorme gasto público alejado del interés general y fomentador del mercado especulativo de agua cara y de mala calidad, en lugar de adoptarse alternativas más beneficiosas para la sociedad y sostenibles desde un punto de vista económico y medioambiental”.
A juicio de la asociación, el cambio de gobierno en el Cabildo (ahora con mayoría absoluta de CC) no ha supuesto un cambio real de política hidráulica con respecto al anterior equipo gobernante (PP-PSOE), pues “se continúa dando prioridad” a la implantación de desaladoras (se prevé instalar una en Tazacorte y otra en Fuencaliente) y comprar, para reactivar, dos pozos no registrados (la legislación obliga a que estén inscritos en un registro oficial).
En cambio, el CIALP “no se da ninguna prisa para obras absolutamente necesarias”, reivindicadas desde hace años por esta asociación, como son reperforar el Túnel de Trasvase, que permitiría obtener más agua pública y de calidad, y el entubado de parte del Canal LP-1 para reducir sus pérdidas, “actuaciones que podrían declararse de emergencia”, como ha ocurrido con las adjudicadas tras la erupción volcánica de 2021.
Y esto es así a pesar de que “tanto el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, como el propio presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, han llegado a tachar estas pérdidas como inadmisibles”. Sin embargo, “no han averiguado dónde está el agua perdida, asunto que se agravaría aún más si encima se llegó a pagar por este recurso que nunca se recibió, llegando a insinuar el alcalde, durante una tertulia en un medio en marzo pasado, la posibilidad de que las galerías estuvieran vendiendo un agua que no tienen”.
COMPRA DE POZOS NO REGISTRADOS
Ante el anuncio por el gerente del CIALP de que este organismo comprará dos pozos que no están registrados (y así salvar el escollo legal que impide dar subvenciones a captaciones de agua que no hayan formalizado este trámite), la asociación denuncia falta de transparencia y quiere que la opinión pública conozca cuánto costará la adquisición y puesta en marcha de estos pozos, qué informes de viabilidad técnica, económica y jurídica justifican esa decisión -con los principios a los que obliga la Ley de Aguas-, así como el caudal que van a dar.
“Ya hay abierto un procedimiento judicial respecto al convenio con el pozo del Roque y veremos si nos toca ir contra el nuevo grupo de gobierno del Cabildo en la defensa del interés de los palmeros”, advierte este colectivo ciudadano.
Además, no cree que sea más rentable la compra de los dos pozos ahora privados, si además hay que invertir en su puesta en marcha, que realizar el trámite administrativo de registrarlos y luego suscribir el convenio entre la parte pública y la privada. Aunque de todos modos esta no sea la medida por la que aboga este colectivo, “sería siempre una opción más barata y preferible como prescribe la ley”.
La asociación recuerda que, según el informe sobre la sequía elaborado por los cuatro técnicos del CIALP y su gerente, la boca de Aduares, en el Túnel de Trasvase, ha estado cerrada una cuarta parte del año y la de Hermosilla está abierta solo al 60 % de su caudal, “con lo que, si se abrieran ambas bocas, se ahorrarían la compra de estos pozos de dudosa calidad y poco caudal”.
ENTUBAR EL CANAL LP-1: “HECHOS, NO PALABRAS”
Con relación a este asunto, la asociación recuerda al exconsejero insular de Aguas, Carlos Cabrera -en este mandato en la oposición del Cabildo-, que con las pérdidas en redes de distribución “el prodigio” con el que califica el rescate en 2020 de dos pozos durante su gestión se ha quedado en “un estrepitoso fracaso”.
El colectivo palmero recuerda que solo en un proyecto de telemetría en el canal Barlovento-Fuencaliente se van a invertir 2 millones de euros para localizar pérdidas, y si estas fueran del 10%, como afirma el gerente (cifra que otros cargos públicos han elevado a más del 50% y el 60%), estaríamos hablando de que, con la reparación de fugas que localizaran con la telemetría, “no necesitarían la desaladora”.
Aunque, según reitera la asociación, “la actuación que merece este canal es su entubado y telemetrizado, que, sólo con lo que evitaría perder y la potencia de transporte que tendría en poco tiempo, amortizaría la inversión”. Dicho esto, “si ahora disponen de 12 millones para instalar una desaladora sólo necesitarían 8 millones más y tendrían los 20 millones que dice el CIALP que necesitaría para entubar de Fuencaliente a la estación de bombeo de Aduares, según comentó el propio gerente, llevando a los fuencalenteros su agua de calidad”.
En la entrevista en 7.7 Radio La Palma, Javier Peña alude a que el CIALP busca la financiación para entubar el canal LP-1, obra esta reivindicada por la asociación y vecinos de Fuencaliente que se han movilizado contra el “malgasto” en una desaladora. Pero Agua para La Palma considera que “no basta con palabras para acallar esta reivindicación social, sino que debe demostrarse con hechos”.
“Dar largas a estos proyectos no hace más que evidenciar que el lobby que Marcos Lorenzo (hoy viceconsejero de Aguas del Gobierno canario) denunciaba en 2019 que manejaba el CIALP, lo sigue haciendo. Marcos Lorenzo sigue sin negar su existencia a pesar de que Juan Ramón Felipe San Antonio (consejero de Aguas de La Palma) lo negaba este mismo año”.
Hay que tener en cuenta que el propio Peña reconoce que, al llegar a su puesto de gerente, ha encontrado en estado de abandono importantes obras hídricas de la isla, como el Túnel de Trasvase y los canales públicos.
SOBREEXPLOTACIÓN DE POZOS
En cuanto a la desaladora portátil anunciada para el verano próximo en Tazacorte, la asociación pone en duda la justificación dada por el gerente del CIALP (según el cual “por gases, se les han disparado las conductividades”, es decir, contenido en sales perjudicial para los cultivos) y considera que la explicación real del empeoramiento de la calidad del agua se debe a la sobreexplotación de estas captaciones subterráneas.
“El Consejo Insular ya se olvidó de la sostenibilidad para vendernos la necesidad casi vital y urgente de las desaladoras, minimizando, o directamente callando, la necesidad de arreglar las grandes pérdidas de las redes de distribución”, enfatiza Agua para La Palma.
“Además de falta de voluntad política”, añade la asociación, “han demostrado que no saben resolver el problema, despreciando la disponibilidad del ingeniero Carlos Soler Liceras para ayudar con obras como el Túnel de Trasvase, ofrecimiento al que han mostrado desprecio y hasta burla, además de desagradecimiento, pero la realidad no la pueden tapar con un dedo.”
INACCIÓN MUNICIPAL Y AUTONÓMICA CONTRA LAS PÉRDIDAS
La asociación igualmente se muestra muy crítica con los ayuntamientos -que además forman parte del CIALP-, ya que suelen dar largas de manera “irresponsable” a la pérdida de agua de más del 50% en redes de distribución, porque “son obras que van bajo tierra y no dan votos”.
“El abasto público es un servicio esencial competencia municipal, pero los consistorios han vivido de espaldas a esta escandalosa situación, prestando mucha más atención a las fiestas y nuevos proyectos más visibles”, expone Agua para La Palma, “y su política ha sido y es dejar bajo tierra los problemas de los que todos nos quejamos, de modo que la falta de agua no es tal si se dejara de perder el 50%”.
Para resolver esta situación “se requiere cambiar la planificación de los programas municipales que se basan en lo superficial por hacer cosas que realmente garanticen a los ciudadanos que el agua no les fallará”.
Observa la asociación que “no hemos oído más que noticias de que desde el Cabildo van a destinar dinero para proyectos que generen actividad económica; pero entendemos que no es tanto función de la iniciativa pública mantener de forma artificiosa, con subvenciones, la actividad económica en sus municipios, eso debe hacerlo la iniciativa privada”. La principal función a nivel municipal “debe basarse en dar una buena prestación de servicios municipales, entre ellos el agua”.
En este contexto, este grupo de ciudadanos señala que el plan aprobado para el Cinturón Verde dota de 14 millones a los municipios del Noroeste (Puntagorda, Tijarafe y Garafía), “pero no sabemos qué van a hacer con ese dinero”. En la misma línea, el PIDEL (Plan Insular de desarrollo local de Entidades Locales) se fija repartir 40 millones también a los municipios, pero tampoco se sabe “cómo lo van a regular”; en el supuesto de que dieran a todos los ayuntamientos lo mismo sería una media de 2.857.142’86 euros por municipio.
Sostiene la asociación que, a raíz de las quejas generales en la isla con la problemática del agua y dado que Sergio Rodríguez, Juan Ramón Felipe San Antonio y Javier Peña “hablaron de que se había contratado una auditoría sobre el estado de las redes municipales, se debería obligar a invertir ese dinero en actuaciones con las que resolver estos problemas, para que pueda notarse que su efecto ahorra agua de la que se pierde, priorizando las actuaciones en las redes que tengan más pérdidas”.
Y es que, para este colectivo, “no se puede estar gastando más dinero en fiestas mientras todo lo demás está sujeto con hilos, que ya no es siquiera un problema de dinero sino de falta de conciencia y responsabilidad”. Desde su punto de vista, “no se puede dejar sin resolver problemas viejos y luego soportar las soluciones de iluminados de bombilla con las desaladoras”.
La consecuencia de esta mala gestión, si no se corrige este rumbo, es que “llegará un momento en que el grifo del dinero público se cierre, otra crisis, y ese será el batacazo final para los que no se hayan preparado, como sucede de momento hasta ahora”.A escala autonómica, la Dirección General de Aguas merece igual reprobación de este colectivo ciudadano, debido a “su mal funcionamiento, dada su ineficacia con el problema del agua, que pretenden resolver solo con desaladoras, para negocio de las compañías eléctricas y todo el espectro empresarial vinculado a estas instalaciones, con mucho mayor coste del que la población debería soportar, despreciando siempre alternativas más sostenibles y baratas, que son además las que favorece la Ley a lo hora de elegir opciones».
Asimismo, la asociación observa que “la carencia de agua en el Noroeste de La Palma no era tan apremiante cuando se propuso desde septiembre de 2023 hacer tres sondeos en esa zona de la isla; se pidió respuesta a los ayuntamientos en octubre, y se reiteró en febrero de 2024 al viceconsejero de Aguas, Marcos Lorenzo, de la mano del propio Carlos Soler, y todas las Administraciones públicas hicieron oídos sordos, incluidos los alcaldes”.
