VICENTE PÉREZ
La Audiencia Provincial ha dictado un auto en el que inicia la fase de embargo de los bienes del empresario Antonio Plasencia, uno de los dos empresarios que cumplen condena de cárcel por el caso Las Teresitas (el segundo, Ignacio González, falleció la pasada semana en prisión), para cumplir la sentencia que les obliga a devolver, en concepto de responsabilidad civil, los más de 52 millones pagados (más intereses) que recibieron del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2001, en una compraventa que fue declarada ilegal en vía penal y contenciosa por sobreprecio ilícito.
Por el momento, la Audiencia, a petición del Ayuntamiento santacrucero (gobernado ahora por PSOE y Cs con apoyo externo de Unidas Podemos), ha decidido, como medida cautelar, embargar de forma preventiva dos edificios de la empresa Carlacand SL, propiedad de la familia Plasencia, por valor de 50,2 millones de euros. La deuda la cifra la alcaldesa, Patricia Hernández, en 97 millones de euros, cantidad que “sigue subiendo por los intereses de demora”, según informó en rueda de prensa este lunes, con el auto en la mano.
Uno de estos inmuebles, de 13 plantas y situado en Cabo Llanos, frente al Auditorio de Tenerife, fue el que antes de acabar el pasado mandato el Cabildo (cuando CC dirigía el área sociosanitaria y cogobernaba con el PSOE) pretendió comprar por 23 millones, operación de la que luego se desmarcaron los socialistas.
El otro edificio está alquilado desde hace años por el Gobierno canario como sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en la avenida de Tres de Mayo de la capital tinerfeña, por la que el Ejecutivo regional paga 300.000 euros al mes, y existe la opción de comprarlo tras haber desembolsado en su arriendo decenas de millones. Patricia Hernández no ve inconveniente en que el Gobierno canario adquiera este inmueble, puesto que si la Justicia le da la razón al Ayuntamiento, ese dinero iría a parar directamente a las arcas municipales y no a las empresas vinculadas al condenado.
Plasencia transfirió a otra empresa suya 51 millones de la operación de las Teresitas
Las pretensiones para el embargo del Ayuntamiento son mayores, y lo que ha hecho la Sección Segunda de la Audiencia Provincial (presidida por Jaime Requena Juliani), es emplazar a las partes al resto de peticiones para el embargo preventivo de empresas de Antonio Plasencia. A saber, Promotora Punta Larga SA y la citada Carlacand SL ( se solicita además embargar como medida cautelar los fondos y las rentas de esta sociedad), así como decretar la administración judicial de ambas.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no ha mostrado su conformidad a la propuesta de liquidación presentada por los empresarios, porque tiene constancia de transferencias por valor de 51,7 millones de euros desde Inversiones Las Teresitas, ILT SL, (la empresa propiedad de los dos empresarios condenados que gestionó la compraventa) a Promotora Punta Larga (PPL), a la que el consistorio propone extender la responsabilidad civil de ILT a esta otra sociedad de Plasencia.
El consistorio solicita que se levante el velo sobre PPL, es decir, que no se utilice la personalidad jurídica de la sociedad como una tapadera para eludir el cumplimiento del pago de la responsabilidad civil pues en realidad se trata de empresas participadas por Plasencia y su familia.
Para ello, «se justifica la solicitud previa de un informe pericial que arroje luz sobre el alcance de las transferencias entre ILT y PPL (y que en contabilidad han superado los 51,7 millones de euros), la justificación de las mismas y de la posible compensación, y finalmente concurrencia de posibles indicios relevantes para resolver sobre la posible identidad entre ambas».
Promotora Punta Larga: solo 1,2 millones de beneficios, pero tiene 122 en reservas
En cuanto a Carlacand, el Ayuntamiento pide lo mismo, pues está participada por Promotora Punta Larga en un 72,4 % (Antonio Ramón Plasencia Santos sería titular de otro 13,79%; y el 13,81 % restante sería titularidad de personas vinculadas a este empresario). Existen diversos indicios que, según el criterio municipal, «evidenciarían un elevado grado de confusión entre todas ellas y ello pone de manifiesto que los formidables ingresos obtenidos por Inversiones Las Teresitas a partir de la venta del frente de playa al Ayuntamiento y luego, la venta a un tercero [Desurcic, promotora de Mapfre] del resto de los terrenos», en el Valle de Las Huertas habrían sido derivados, en primer lugar, a PPL (utilizando la vía de los préstamos no retribuidos entre sociedades), y luego canalizados mediante inversiones a otras empresas entre las que se encontraría Carlacand.
La sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial el 27 de abril de 2017 «ya detallaba las circunstancias que fundaban la íntima vinculación entre ILT y PPL, a la que habían sido desviados los beneficios ilícitos obtenidos por la primera mediante la venta del frente de playa al Ayuntamiento, modificación prevaricadora del Plan General y posterior venta a un tercero del resto del ámbito».
Pues bien, de la documentación aportada ahora por el Ayuntamiento, indica el auto, «se pone de manifiesto que a pesar de los formidables beneficios obtenidos, Promotora Punta Larga tiene solamente un capital 1,2 millones de euros, si bien dispone de unas ingentes reservas cifradas en más de 122 millones» de euros (el auto pone por error pesetas).
Carlacand compró sus principales activos justo tras la compraventa de Las Teresitas
A la Audiencia le «resulta llamativo que este pasivo esté materializado, entre otras, en una partida de casi 51 millones de euros correspondiente a inversiones en empresas del grupo de la que no ofrecen información más allá de generalidades sin contenido (la más destacable la que alude a la correcta valoración de estas inversiones y a la exclusión de la procedencia de cualquier deterioro) las notas a la misma contenidas en la memoria».
En estas condiciones, documenta el Ayuntamiento la existencia de la sociedad Carlacand, S.L., cuyo capital, como ya se indicó, es titularidad de la propia Promotora Punta Larga (72,4 %), del su hijo Antonio Ramón Plasencia Santos (13,79%) y de otras personas vinculadas al mismo integrantes de su núcleo familiar (13,81 %); la existencia de llamativas coincidencias entre ambas sociedades (identidad de administradores, solapamiento del objeto social, ocupación del mismo domicilio, celebración de Junta General y formulación de cuentas el mismo día); y, la disponibilidad por esta sociedad -situada ya en un tercer nivel tras ILT y PPL- de un capital social de 41,4 millones de euros.
Existe constancia, según subraya el auto,»de transferencias mediante préstamos no retribuidos (cauce habitualmente utilizado para la descapitalización de sociedades) desde Inversiones Las Teresitas a Promotora Punta Larga; la infracapitalización de esta última y la constancia de que casi 51 millones se han transferido a otras sociedades del grupo; y la coincidencia (sobre la que también la parte ejecutante llama la atención) de las adquisiciones de los principales activos de Carlacand en momentos próximos al cobro del precio de la compraventa del frente de playa y del precio del resto del ámbito tras la transferencia ilícita de aprovechamientos urbanísticos y la modificación prevaricadora del planeamiento» general en el valle de Las Huertas.
Un entramado societario del que sospecha la Audiencia Provincial
La Audiencia advierte también de que «constan indicios de que se ha dispuesto de tres niveles de sociedades a los que sucesivamente se han ido llevando los activos y, de hecho, esta ejecución incluye ahora dos incidentes de levantamiento del velo».
Al tiempo, alertan los magistrados, «la propia naturaleza de los activos de Carlacand (esencialmente dos bienes inmuebles) genera el peligro de posible transmisión de los mismos y la posible adquisición por un tercero» y «el efectivo eventualmente obtenido por las ventas podría ser distraído con facilidad a la vista del entramado societario dispuesto».
De los inmuebles objeto de embargo cautelar a Carlacand, uno de ellos está explotado en alquiler, y el otro mantenido en su activo sin que parezca que se le esté dando un destino productivo.
«CC miró para otro lado mientras los empresarios nos tomaban el pelo para no pagar»
La alcaldesa santacrucera afirmó que con la resolución de la Audiencia Provincial se demuestra “el entramado societario establecido para eludir el pago” por la sentencia del caso Las Teresitas y que los condenados “han movido bienes con la intención de confundir”, además de “tomarle el pelo a la justicia y la ciudadanía intentando no pagar la deuda durante años”, algo que “les ha sido fácil” porque el Ayuntamiento no pidió la ejecución de sentencia cuando procedía y “miraba para otro lado”.
En esa misma línea, destacó que si no se ingresa la cantidad de dinero adeudada, el Consistorio capitalino pasará de la acción civil a la penal y que eso “será pronto».
Además, Patricia Hernández añadió que se están analizando otros “negocios jurídicos de los condenados que pudieran ser constitutivos de delito” y lamentó la inacción del anterior equipo de gobierno. “No hicieron ninguna acción y el Ayuntamiento tiene el deber de investigar”, señaló la regidora municipal.
La cantidad adeudada al Ayuntamiento de Santa Cruz que la alcaldesa se ha comprometido a luchar por devolver a los chicharreros y las chicharreras podría ser afrontada en parte con ambos edificios embargados, cuyo valor total se estima en torno a los 30 millones.
Por último, sobre el pago de la parte de la condena que corresponde al empresario Ignacio González, fallecido en la cárcel la semana pasada, la alcaldesa ha indicado que el Ayuntamiento va a proseguir con las acciones y estará muy vigilante a su herencia. El Ayuntamiento, dijo, ya ha conseguido recuperar unos dos millones.
Carlos Alonso (CC) pide explicaciones al Gobierno canario por querer, como él, comprar a Plasencia un edificio
Se da la circunstancia de que el actual Gobierno canario ha reservado para 2020 una partida de 9 millones para la adquisición de inmuebles, cantidad con la que el Ejecutivo podría ejercer su derecho de compra de la sede que tiene alquilada a la familia Plasencia para la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y por la que ha pagado ya decenas de millones de alquiler.
Por ello,en vistas de la noticia del embargo, el expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, hoy portavoz de CC-PNC en esa corporación, pidió este miércoles una explicación del Gobierno canario en el Parlamento regional lo que entiende que es una previsión de compra de un edificio de Plasencia. Y espera que Podemos y PSOE «pongan el grito en el cielo» en la Cámara autonómico debido a que afirmó que no hay criterios de oportunidad para llevar a cabo la adquisición.
Alonso señaló que más allá de quién es el propietario del edificio el pasado año hubo una gran polémica cuando él era presidente del Cabildo y se quiso adquirir un edificio de Antonio Plasencia para alojar en él a los usuarios del Hospital Febles Campos, para hacer un traslado para reformar el hospital y añadió que el problema se mantiene.
La sospechosa operación de CC con el inmueble de Plasencia en Cabo Llanos
Lo que no dijo Alonso es que el expediente contenía sospechosas anomalías que llevaron a Podemos a advertir de que podría llevarlo a la Fiscalía, y al PSOE -socio de CC entonces en el gobierno insular- a retirarse de esta operación. Extraño fue entonces que el Cabildo, a través del Instituto de Atención Social y Sanitaria (IASS) eligiera a dedo a una empresa tasadora, Tinsa, que era la misma que infló el precio de los terrenos de Las Teresitas, en favor de Antonio Plasencia; que el precio fuera casi idéntico, unos cientos de miles de euros inferior al ofrecido por Carlacand; que la oferta de la familia Plasencia figurara registrada en diciembre cuando las gestiones para esta adquisición comenzaron en octubre; que el propio servicio del IASS que avaló la tasación de Tinsa había reconocido que no tenía conocimientos ni datos para hacer esta labor; que el interventor delegado previno de que no estaba bien justificada la urgencia del traslado del Febles Campos, porque no había en el expediente ningún informe técnico que corroborara el mal estado del inmueble, y que el Consejo Rector del IASS tuviera que aplazarse porque el interventor se negó a hacer su dictamen por las prisas con este expediente.
En este sentido, la alcaldesa de Santa Cruz criticó “el colmo del cinismo” que algunos representantes de Coalición Canaria muestran “cuando dicen ahora que la sede de la Consejería de Educación es de Plasencia, cuando ya lo sabían desde antes y no hicieron nada por impedirlo”.
