VICENTE PÉREZ
Tres semanas después de que el Cabildo de Tenerife aceptara la donación de la casa y los terrenos del corsario Amaro Pargo en Machado (El Rosario) por parte de su actual dueño, el periodista Francisco Pomares, este asunto puede dar un giro inesperado: nueve personas aseguran ser copropietarias de esta antigua hacienda y mantienen que, en todo caso, quien la vendió al citado donante solo poseía una pequeña parte de este Bien de Interés Cultural (BIC) en ruinas.
Tan convencidos están de que esto es así que este lunes 27 de octubre acudieron al Ayuntamiento de El Rosario para exponerle al alcalde, Escolástico Gil, su sorpresa por la donación al Cabildo de la que consideran también su propiedad, noticia de la que se han enterado por los medios de comunicación.
Le han solicitad al consistorio que abra un expediente informativo para aclarar lo sucedido, según explica a PLANETA CANARIO uno de los portavoces de estas familias, José Gregorio Navarro.
«Toda la documentación, en regla», responde el Cabildo
El Cabildo de Tenerife, preguntado al respecto, asegura que ha aceptado la donación «gratuita» del BIC tras haber «comprobado que el propietario de la parcela tenía toda la documentación en regla, acreditada por Catastro y certificación registral».
El Ayuntamiento abrirá expediente informativo
El alcalde ha confirmado a este diario que ha mantenido esta reunión y que estos nueve ciudadanos le han mostrado escrituras elevadas a un Registro de la Propiedad de La Laguna.
El regidor municipal da fe de que, en la etapa de su antecesor en el cargo, Macario Benítez, se hicieron gestiones para intentar que la vivienda pasara a ser de titularidad municipal, y por ello en el consistorio consta que había un grupo amplio de propietarios de la finca de Amaro Pargo.
Ya con Escolástico Gil en la alcaldía, una de las propietarias ofreció al consistorio la adquisición del inmueble por unos 50.000 euros, aunque por entonces el Ayuntamiento no hizo más gestiones porque el Cabildo, en los años 2016 y 2018, mostró interés de comprarla, ya que previó una partida en su presupuesto para ello.
El gobierno rosariero pidió entonces al Cabildo que le aclarara si finalmente iba adquirirla, sin obtener respuesta, y fue entonces cuando la casa pasó a manos de Pomares, y la operación quedó frustrada.
Se da la circunstancia de que el gobierno insular ya aceptó formalmente la donación, de lo cual informó el Cabildo de Tenerife en nota de prensa el pasado 7 de octubre, y, por tanto, sólo queda pendiente estampar la firma de este acuerdo.
Sin embargo, según expone José Gregorio Navarro, las nueve personas que reclaman ser reconocidas como cotitulares de este bien, confían en que el Cabildo paralice la rúbrica de este acuerdo, una vez que el Ayuntamiento abra el expediente informativo y se dirija a la Corporación insular.
«Somos once propietarios»
Este portavoz de los afectados explica que se han dirigido al Ayuntamiento porque es la única Administración con la que en su día estas familias habían contactado, en tiempos del anterior alcalde, precisamente para donarle la vivienda, ya que le llegaron a manifestar a Macario Benítez que no hacía falta ninguna expropiación ni pretendían sacar ningún rédito económico.
Navarro señala que en total son 11 propietarios, de los que una vive en Madrid (quien, según su versión, fue la persona que realizó la venta a Pomares), de los cuales 9 mantuvieron este lunes la reunión con el alcalde rosariero y otra se encuentra en El Hierro.
Estas personas serían herederas de una participación de la propiedad que data de 1905.
«Queremos donar nuestras partes, pero al Ayuntamiento»
Por tanto, siempre según lo manifestado por este portavoz, la intención de estas personas que reivindican su condición de copropietarios no es impedir que la célebre hacienda del corsario sea donada a la Administración pública, sino que sean ellos mismos, como sus “legítimos dueños”, quienes realicen la donación de sus respectivas partes de la finca, las cuales sumadas -advierten- suman gran parte de su superficie.
En el caso de Navarro, confiesa que su ilusión es reconstruir las paredes de bancales y sembrar almendreros e higueras como los que había antaño en la parte de los terrenos que, según su versión, pertenecen a su familia, y luego no le importa que pasen a propiedad pública, “porque es un lugar maravilloso, lleno de historia, y me encantaría que fuera de uso público”.
Este copropietario aclara que los herederos de este BIC nunca han tenido medios económicos ni para rehabilitar la antaño imponente edificación ni para impedir el expolio de sus materiales y la destrucción de sus muros y techos por buscadores de un tesoro inexistente, ya que desde hace décadas se extendió la patraña de que el corsario había dejado parte de su fortuna escondida en este lugar.
Este portavoz de los afectados recuerda, a sus 57 años, que de niño llegó a ir a jugar incluso en la planta alta de los dormitorios de la casa, aún en pie a comienzos de los años 80 del siglo XX, y que ahora está en ruinas por esa constante, vandálica y desaprensiva búsqueda del quimérico tesoro.
Reuniones con el anterior alcalde
Rememora que en su día fue a hablar con el anterior alcalde en nombre de su madre, porque su parte de la propiedad pasó de su abuelo a su tío, y, al fallecer este, a su progenitora. Apostilla que Macario Benítez los citó con técnicos municipales en el Ayuntamiento en los años 1999 y 2000 así como en la propia finca.
Navarro deja patente que las nueve familias que se han unido para defender sus derechos sobre esta propiedad van de buena fe, hasta el punto de que incluso alguno de ellos ha llegado a pensar que el Cabildo ha recibido en donación solo una pequeña porción de la hacienda, la que correspondía a la copropietaria que vive en Madrid y que vendió hace unos años.
Sin embargo, confiesa que él personalmente estaría dispuesto a exigir responsabilidades, y, de hecho, desvela que ha puesto el asunto ya en manos de su abogada para que examine si se han cometido presuntas irregularidades, extremo que, de haber indicios suficientes, avanza que pondría en conocimiento de la Fiscalía.
Este diario ha ofrecido dar su versión a Francisco Pomares, de momento sin obtener respuesta. También ha optado por no hacer declaraciones por ahora sobre este asunto el matrimonio de aparejadores y profesores jubilados formado por Antonio Adán Peñalosa y Beatriz García, que desde hace dos años reivindica rehabilitar este BIC y que ha promovido un acuerdo entre las Administraciones públicas y la propiedad, los cuales en estos contactos con las instituciones públicas actúan en representación de Pomares.
