PLANETA CANARIO
El Consejo de Ministros aprobó este martes 14 de abril el real decreto que pone en marcha la regularización administrativa extraordinaria de personas inmigrantes que ya residen en España.
Con esta medida, el Gobierno estatal prevé dar cobertura legal a alrededor de 500.000 extranjeros en situación irregular, según las estimaciones oficiales manejadas durante la tramitación.
En el caso de Canarias, uno de los partidos que sustentan al Ejecutivo estatal, Podemos, ha estimado que se podrían acoger unas 40.000 personas.
El procedimiento arrancará de forma inmediata. La presentación telemática de solicitudes se abrirá el jueves 16 de abril, mientras que la atención presencial comenzará el lunes 20, siempre mediante cita previa.
El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.
La autorización que obtengan los beneficiarios permitirá residir y trabajar durante un año en cualquier sector y en todo el territorio nacional, con incorporación posterior a las vías ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.
En el caso de los menores, la residencia se concederá por cinco años.
REQUISITOS PARA ACOGERSE A LA REGULARIZACIÓN
Para acogerse al proceso será imprescindible acreditar la estancia en España antes del 1 de enero de 2026, demostrar una permanencia ininterrumpida mínima de cinco meses en el momento de la solicitud y carecer de antecedentes penales, además de no constituir una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.
Además, deberán justificar al menos uno de estos tres supuestos: haber trabajado legalmente en España, formar parte de una unidad familiar con menores o ascendientes dependientes, o acreditar vulnerabilidad social.
Para esto último, podrán descargar un certificado de vulnerabilidad alojado en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para su presentación, este documento deberá estar acreditado y sellado por las autoridades competentes, bien las Entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX) o los servicios sociales.
Para absorber el volumen previsto de expedientes, el Ejecutivo ha diseñado un dispositivo extraordinario con 450 oficinas de atención presencial, refuerzo de más de 600 efectivos y tramitación telemática permanente las 24 horas, con apoyo de oficinas de Extranjería, Seguridad Social y Correos.
CÓMO SE SOLICITA
La cita previa será imprescindible para ser atendido presencialmente y se podrá solicitar desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mediante el sistema Cl@ve, a través de un formulario web, o llamando al teléfono 060, con atención en español.
Para realizar su solicitud de regularización, los ciudadanos podrán acudir a las oficinas de Extranjería habilitadas, a las oficinas de la Seguridad Social o de la Tesorería de la Seguridad Social, al menos una cada provincia, y a las oficinas de Correos de capitales de provincia y localidades mayores de 50.000 habitantes.
Las oficinas de Extranjería y de la Seguridad Social habilitadas estarán abiertas de lunes a viernes de 16:00 horas a 19:00 horas para estos trámites y las oficinas de Correos atenderán este trámite de lunes a viernes, desde las 08:30 horas hasta las 17:30 horas.
Para realizar la solicitud de manera telemática es necesario disponer de un certificado electrónico. Esta vía de presentación estará disponible de forma ininterrumpida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el periodo de solicitud
LAS ANTERIORES REGULARIZACIONES
La regularización extraordinaria de personas migrantes tiene precedentes en España. El primer gran proceso se aprobó en 1986, bajo el Gobierno del socialista Felipe González, y permitió regularizar a 38.294 personas. A este le siguió una nueva operación entre 1991 y 1992, también con González al frente del Ejecutivo, que alcanzó a 114.423 personas. Posteriormente, en 1996, en la etapa final del mismo presidente socialista, se impulsó otra regularización que benefició a 21.294 personas.
Con la llegada del Partido Popular al Gobierno, los procesos extraordinarios continuaron. En 2000, bajo la presidencia de José María Aznar, se regularizó a 264.153 personas, y solo un año después, en 2001, se aprobó otro procedimiento que afectó a 239.174 personas.
En 2005, durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se acogieron a esta regularización 576.506 inmigrantes.
CONTROVERSIA POLÍTICA
El Gobierno estatal sostiene que esta medida recoge el espíritu de la iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas y 900 asociaciones, que obtuvo 310 apoyos en el Congreso de los Diputados a su tramitación, y destaca el respaldo de sectores productivos como la construcción, la agricultura, la ganadería, el transporte y la hostelería, que llevan tiempo reclamando mano de obra, y también el respaldo de la Conferencia Episcopal.
El Ejecutivo vincula además esta regularización con la sostenibilidad del mercado laboral y del Estado del bienestar, al considerar que la aportación de trabajadores extranjeros resulta decisiva para sostener el crecimiento económico, rejuvenecer la población y garantizar la financiación futura de los servicios públicos.
En la actualidad, existe una profunda división política sobre esta regularización. En la votación de una moción impulsada por el Partido Popular para intentar frenar el proceso, la iniciativa salió adelante por 176 votos frente a 172, lo que dejó al Gobierno sin mayoría en esa votación concreta.
Los 172 votos contrarios a paralizar la regularización procedieron de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, BNG, Podemos, PNV y Coalición Canaria, que defendieron mantener abierta la vía extraordinaria para cientos de miles de personas ya integradas social y laboralmente en España
