PLANETA CANARIO
Las sesiones del macrojuicio contra un grupo que organizaba peleas de perros en diferentes regiones españolas, entre ellas Canarias, continúa en Madrid, con dos acusaciones populares, una de ellas de Tenerife, ejercida en representación del antiguo grupo de Podemos en el Cabildo tinerfeño, que se personó en esta causa el pasado mandato, y que cuenta con el apoyo de la actual dirección de Sí Podemos Canarias siendo el objetivo de defender los intereses de las asociaciones protectoras que se hicieron cargo de los animales rescatados por la Policía Nacional en Güímar en 2017.
La abogada Francisca Gutiérrez, que desempeña esta acusación popular, afirma, en declaraciones a PLANETA CANARIO, que la postura de la parte que representa en el juicio es la de que se imponga a los acusados las mayores penas posibles, dada la gravedad de los hechos y en consonancia con el daño infligido a seres vivos sintientes, tal como ya los considera el ordenamiento jurídico Civil en España, aunque reconoce que tienen la limitación de las penas que señala el Código Penal para este tipo de delitos.
Durante las sesiones del juicio, que han sido públicas, se han podido conocer detalles y vídeos “muy desagradables, que muestran la crueldad que se cometió con los animales afectados” y hasta qué punto de inmoralidad se llegó con esta actividad ilegal.
Se encontraron en los registros cintas de entrenamiento para los perros, con utilización de cebos vivos como gatos o patos; y unas ruedas para entrenamiento de los animales; los ponían en piscinas amarrados con arneses para adiestrarles en técnicas de respiración, peleas organizadas delante de menores, etc…, según lo relatado en la sala por varios de los testigos que ya han declarado.
El juicio se celebra desde el pasado 7 de marzo en la Audiencia Provincial de Madrid, contra 23 personas (8 de Canarias, entre ellos un veterinario de Madrid, otro de Tenerife y un policía local de Adeje) acusadas de maltrato animal y pertenencia a una organización criminal que celebraba peleas de perros y que fue desmantelada por la Guardia Civil durante las que organizó en Güímar en febrero de 2017. Los agentes rescataron entonces 226 perros, la mayor parte en grave estado de salud, de los que murieron 42.
20 acusados reconocen los hechos para un acuerdo con la Fiscalía
La Fiscalía pidió en su día para los acusados penas que oscilan entre 7 años y 4 meses, y 3 años y 4 meses de prisión por los delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos, pero al inicio del juicio 20 de los encausados (incluyendo 7 de los 8 que residen en Tenerife) han podido acordar con el Ministerio Fiscal reconocer los hechos que les imputa a cambio de una reducción de esa petición de pena inicial.
Tras intentarse un acuerdo de conformidad que no habría sido aceptado por algunos de los acusados -entre ellos los dos veterinarios- se podría llegar a un pacto con la Fiscalía que, como explica la abogada Francisca Gutiérrez, “se sustenta en la aplicación de circunstancias atenuantes que puedan rebajar la condena, a cambio del reconocimiento de los hechos”.
Para la letrada, resulta preocupante, ya que la Fiscalía “se podría separar de las acusaciones populares en lo que puede ser la calificación del delito de organización a grupo criminal”. “Con la aplicación de las atenuantes, conllevaría menor pena que las pedidas por las acusaciones”, señala la abogada.
De ahí que la acusación popular a la que representa esta abogada de Tenerife intente acreditar ahora que los acusados deben recibir penas mayores.
El juicio continúa en los próximos días, con la declaración de peritos
Durante las sesiones del juicio han declarado inspectores de Policía y funcionarios que intervinieron en la investigación y en los registros practicados, y en los próximos días está previsto que comparezcan peritos.
Fueron varias las asociaciones protectoras y albergues que se hicieron cargo de los perros rescatados en Güímar: ADEPAC y FECAPAP (Valle Colino), además del albergue de Tierra Blanca, y varios colectivos que prefirieron mantenerse en el anonimato.
El actual Código Penal y la reforma que viene
La abogada de la acusación popular tinerfeña explica que, en general, las penas por maltrato animal en España aun raramente implican el ingreso en prisión de los condenados, pues a día de hoy son inferiores a 18 meses (solo se ingresa en la cárcel si la condena es superior a 24 meses y un día), que tengas antecedentes penales o no se haya satisfecho la responsabilidad civil.
En la práctica, casi de forma automática se suspenden las penas de condena de prisión menores a 24 meses, lo cual crea una sensación de impunidad frente a delitos de maltrato animal.
En este sentido, muestra su preocupación por que el Gobierno estatal tiene en preparación una reforma del Código Penal que, si bien aumenta de 18 a 24 meses las penas de prisión, para delitos de maltrato animal sigue estando por debajo del rango en que se prive de libertad al maltratador si no se tienen antecedentes, y con la modificación prevista, además, la condena de prisión se podría cambiar por el pago de una multa, que a mayor abundamiento podría realizarse a plazos, algo, para la abogada, «es inaudito porque es un paso atrás en la protección animal y no se causa el efecto disuasorio para delinquir”.
