VICENTE PÉREZ
El dato produce escalofríos: 27.000 personas que tenían derecho a recibir una prestación económica o servicio en aplicación de la Ley de Dependencia, en vigor desde 2007, murieron sin recibir esta ayuda pública en vida. Ahora están en las tumbas de los cementerios. Pero más de dos decenas de miles siguen esperando.
Representantes de los tres partidos que han gobernado el área de Políticas Sociales en Canarias en los casi 13 años de vigencia de esta ley se han visto las caras en un debate organizado por Mírame TV a raíz de que, con datos del propio Gobierno regional, este canal publicara esa ingente cantidad de ancianos que no pudieron beneficiarse en vida de unos recursos a los que tenían derecho para tener mejores cuidados en sus últimos días.
En la mesa televisiva: las diputadas regionales Teresa Cruz (PSOE) y Josefa Luzardo (PP), portavoces de sus grupos parlamentarios en materia de Políticas Sociales, y la directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno canario, Eulalia García (CC).
No hubo acuerdo al diagnosticar por qué Canarias está a la cola en la gestión de las ayudas a la dependencia, ni mucho menos en atribuirse la respectiva cuota de responsabilidad en que más de 27.000 personas vieran cercenados sus derechos, pero sí coincidieron en la necesidad de tomar medidas urgentes para que este drama social no continúe, y para ello se prevé que la próxima semana se apruebe en el Parlamento regional una nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias.
La directora general no cuestionó la reveladora cifra publicada por Mírame TV, de la que se ha hecho también eco PLANETA CANARIO, porque se trata de un dato elaborado a partir de los propios aportados por el Gobierno canario.
Pero sí reprochó a los demás grupos que no apoyaran la continuidad del trámite de un decreto encargado por el Ejecutivo regional a una consultoría externa, y en el que, según apuntó, se pretendían corregir tres aspectos del procedimiento actual que perjudican a los ciudadanos: el primero, que solo se reconoce el derecho a la prestación de dependencia los fallecidos que ya tenían aprobado el programa individual de atención (PIA); el segundo, las incompatibilidades de estas ayudas a la dependencia con otras (un punto en el que la normativa canaria es «mucho más restrictiva que la estatal») y, por último, el que se les suspenda la prestación económica de dependencia a quienes inician una relación laboral.
CC: «No nos dejaron mejorar antes la normativa por decreto»
«Todo eso lo habríamos podido cambiar antes si se hubiera aprobado ese decreto, que estaba en consulta pública, pero no me dejaron, y ha habido que esperar a esta Ley nueva que al final va a salir adelante entre todos», manifestó García, a lo que le replicaron las diputadas de PP y PSOE que el decreto no era la vía, pues no siguió un proceso participativo, social y político.
Puestas a las soluciones, la directora general abogó por «simplificar» los trámites para el reconocimiento del grado de dependencia y recibir la prestación o servicio, y «descentralizar el sistema, hacia los ayuntamientos y los cabildos».
Desde el PP, que tuvo en pasados mandatos la responsabilidad en Políticas Sociales, cuando cogobernó con CC, Luzardo tachó de «fracaso» la gestión de la dependencia en Canarias, hasta el punto de haberse convertido en un «drama social», como prueban las cifras: 48.000 persona que ha solicitado acogerse a las ayudas de esta ley y «solo» 22.000 la tienen concedida.
PP: «Es un problema de mala gestión»
Tiene claro por ello la diputada popular que se trata de «un problema de gestión» y señaló que «el anterior Gobierno maquillo los datos en 8.000 personas».
A su juicio, el actual Gobierno canario (formado por CC en solitario desde fines de 2016, cuando expulsó al PSOE, hasta entonces al frente de Políticas Sociales) podía haber resuelto antes determinadas disfunciones en el procedimiento y se felicita de que los grupos políticos parlamentarios «le hayan dado la vuelta como un calcetín» al proyecto de Ley de Servicios Sociales que promovió el Gobierno canario, por lo que espera que salga por unanimidad la próxima semana.
Criticó la exalcaldesa de Las Palmas que el Gobierno canario se gastara 18.000 euros en un despacho privado para intentar reformar la normativa por decreto sin consultar a los profesionales del sector.
Comoquiera que uno de los motivos de atascarse la atención a la dependencia fueron los archinombrados recortes de Rajoy durante la crisis, Luzardo los defendió porque «fueron inevitables, y con ellos se evitó la intervención económica de España» por parte de la UE.
El PSOE discrepa de CC en que todo se resuelva con agilizar los procedimientos administrativos, pues Cruz sostiene que también hay un problema de falta de organización (mencionó que hay profesionales con expedientes apilados porque no tienen conexión a Internet y de financiación. La prueba es que hay 9.000 personas que están valoradas como dependientes pero que no reciben aún la prestación.
PSOE: «Hay falta de organización y de recursos económicos»
Al igual que el PP, Cruz aludió, con otro redondeo de cifras, a que 49.000 personas han hecho la solicitud para acogerse a la Ley de Dependencia pero apenas 21.000 tienen reconocido el derecho, lo que indica que hay un problema real también de falta de recursos humanos» para tramitar todas estas peticiones.
Para la diputada socialista, la insuficiente financiación para la atención a la dependencia «es un problema real» en las Islas, y puso como ejemplo Castilla La Mancha, que, con una población similar a la del Archipiélago, destina 321 millones de euros al año a este fin, por 177 Canarias.
A Cruz no le dolieron prendas en «asumir la responsabilidad» de la etapa 2008-2012, en que gobernó en España el PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente, porque debido a la crisis se rebajó el porcentaje que ponía el Estado para la dependencia del 50% al 30%, y se ha situado en la actualidad en el 20%, por lo que las comunidades autónomas ahora tienen que aportar el 80% (en el caso canario lo financian el Gobierno canario y los cabildos).
En este punto del dinero, la directora general intervino para afirmar que «no es cierto» el dato de inversión pública en Canarias que divulga el Observatorio Estatal para la Dependencia, pues, según argumenta la representante del Gobierno canario, no se incluyen la aportación presupuestaria de los cabildos: «No son 117 millones de euros, estamos en torno a 200 millones» al año.
Según la información publicada por Mírame TV y firmada por Esaú Henández, desde 2007 un total de 16.693 canarios murieron con el grado de dependencia reconocido, pero sin poder recibir la ayuda pública prevista en dicha ley. Y otros 10.591 ciudadanos fallecieron sin que ni siquiera se tramitara su solicitud. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que forma el Observatorio de la Dependencia precisa que, estadísticamente, el 80% de las personas que espera por ser valorada termina con un grado de dependencia reconocido. El resultado: más de 27.000 canarios han muerto sin beneficiarse de esta ley.
