El 12 de abril de 2005 la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) recurso contencioso-administrativo contra la aprobación, por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, del proyecto de obras de abrigo del puerto de Granadilla. Entre los argumentos esgrimidos por la asociación se señalaba la inviabilidad del nuevo puerto debido a los vientos reinantes en la zona, lo que dificultaría la maniobrabilidad de los buques y de las grúas; en tal sentido, en la fase probatoria del proceso, ATAN solicitó un peritaje judicial que fue realizado por el prestigioso capitán de la marina mercante, Fernando Lucas Correa, elegido por el Tribunal y costeado con fondos del voluntariado de la asociación.
El informe, como se señala en la sentencia del TSJC, “confirmó los extremos aducidos en la demanda”. Sin embargo, el recurso fue sorprendentemente rechazado e hizo prevalecer, por encima del peritaje independiente, la opinión de la ingeniero de la Autoridad Portuaria y, por tanto, parte interesada. Opinión compartida por el Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla (OAG), empresarios y por los principales partidos en Canarias. Como dejó claro el ex-alcalde del municipio, el socialista Jaime González Cejas, “en las costas de Granadilla, hay una ligera brisa que algunas personas interesadas llaman viento”.
ATAN recurrió la sentencia del TSJC y también fue rechazado por el Tribunal Supremo que condenó en costa a nuestra asociación a pagar una cifra superior a los tres mil euros, algo que supuso más de la mitad de nuestro presupuesto anual. Un golpe económico muy fuerte para una asociación que solo se nutre de las aportaciones de sus socios, y no acepta nada que ponga condiciones a su independencia.
Hace unos, días la cadena Ser, informaba de las declaraciones del responsable de la empresa Tenerife Shipyards dedicada al mantenimiento de las plataformas petrolíferas en las que “recuerda que los informes del Observatorio Ambiental del Puerto revelan que en la zona los vientos superan los 20 nudos durante más de la mitad del año.” Increible pero cierto, con los mismos datos se llegaban a conclusiones distintas, contradictorias e incompatibles entre sí.
El Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, estuvo dirigido por el ecólogo y defensor de la necesidad de un puerto, aunque ello supusiera sumir graves costos ambientales, el doctor Antonio Machado Carrillo. En el informe del año 2010 este señor afirmaba que “el proyecto de una nueva infraestructura portuaria en Granadilla, las instituciones legitimadas de la sociedad han otorgado prioridad al interés económico y social sobre el ambiental y han aceptado el impacto negativo sobre el medio natural como coste ambiental insoslayable del proyecto, al considerar que no hay otras alternativas factibles».
Tanto es así que este Observatorio reconocía , sin rubor alguno, que en la construcción se empleaban áridos procedentes de canteras ilegales. Por si esto fuera poco, el director del OAG afirmaba en una entrevista: “Ha tenido un valor positivo muy importante. Hasta ahora las obras públicas se hacían con cierta frivolidad ambiental, seguramente por tradición desde la época de Franco, donde nadie rechistaba, porque si se equivocaba el ingeniero se equivocaba Franco, siguiendo la cadena, y el jefe del Estado no podía errar. Granadilla, en ese sentido, ha sido un punto de inflexión, se ha cambiado de mentalidad.”
Tiene razón, Granadilla debe ser un punto de inflexión, es intolerable que estos señores no supieran el impacto que ocasionaba el viento en la operatividad de ese puerto. Lo que hace falta es que los informes del impacto ambiental de las obras públicas se hagan de manera más honesta y con más conocimiento de lo que es el medio ambiente. Los hechos demuestran quién tenía razón y quienes, como el OAG, los utilizaron para justificar una decisión disparatada desde el punto de vista ambiental y económico. El director del OAG es un experto entomólogo especializado en escarabajos, pero su labor al frente de este organismo ha demostrado que sabe poco del impacto que ocasionan estas obras sobre el medio ambiente y ni los condicionantes que el medio ambiente impone a un puerto de esas características.
Nada dijo sobre el desplazamiento a Granadilla de las plataformas petrolíferas, ninguna objeción al tráfico de gaseros para abastecer a las plantas suministradoras de electricidad y, sin embargo, los hechos vienen a demostrar que el puerto es inviable por un condicionante que caracteriza ambientalmente a esta zona: el viento.
Cuando tomó posesión de su cargo Antonio Machado, dijo (dejando así claro lo mucho que se aprecia) que él era la garantía de la independencia del OAG. Pero la realidad demuestra que solo era el mascarón de proa de los partidarios de la construcción del puerto. Los partidarios del sí al puerto consideraron que era el más capacitado para enfrentarse a los científicos de la universidad, a los ecologistas y a todos los que se oponían a esta obra.
Pero fue incapaz de “observar” el suministro de áridos ilegales ni de interpretar correctamente los datos meteorológicos. Según la legislación española los buques gasísticos no pueden operar en el puerto si el viento supera en la escala de Beaufort el grado 5 (vientos entre 29 y 38 km por hora). Por lo tanto, en base a los datos disponibles incluidos los aportados por el OAG, este puerto no es operativo más de la mitad del año para estos buques ni para los grandes portacontenedores.
Los responsables de la empresa que se dedica a la reparación de las plataformas, afirman que la autoridad portuaria les presionó para que trasladaran su actividad al nuevo puerto, una vez que fue inaugurado un ventoso día por el ex-presidente M. Rajoy. Ricardo Melchior, cuando era presidente del cabildo y, posteriormente como responsable de la Autoridad portuaria, dijo que el puerto de Santa Cruz se destinaba a los cruceros, al tráfico de pasajeros y graneles y que se trasladaría al de Granadilla el resto de las actividades portuarias; entre ellas todas las relacionadas con la reparación y mantenimiento de barcos y plataformas. Incluso estaba decidido que el dique flotante se ubicara en el puerto de Granadilla. La negativa de las empresas, y su amenaza de irse al puerto de Las Palmas, les obligó a cambiar de decisión. El traslado suponía la desaparición de la reparación naval en Tenerife y de sus centenares de puestos de trabajo.
Se empeñaron, contra viento y marea, en construir el puerto, ignorando que si escupes contra el viento el escupitajo te cae en la cara. Según la sentencia del TSJC el puerto de Granadilla es legalmente una ampliación (?) del puerto de Santa Cruz que cuesta al contribuyente más de 300 millones de euros, además los tres mil de ATAN. Los hechos demuestran que teníamos razón, que los datos validan el informe pericial y dejan en ridículo la sentencia del TSJC.
EUSTAQUIO VILLALBA MORENO,
portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN)
