PLANETA CANARIO
El colectivo ecologista Turcón-Ecologistas en Acción (EeA) ha elevado al Tribunal Supremo sus discrepancias con el proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo reversible Chira-Soria, en Gran Canaria, al presentar un recurso de casación contra el decreto del Gobierno de Canarias que autorizó la infraestructura energética.
La organización adopta esta decisión después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestimara sus pretensiones en una sentencia dictada el pasado 10 de abril de 2026.
El conflicto judicial se remonta al Decreto 114/2021, aprobado el 25 de noviembre por el Ejecutivo autonómico, mediante el que se acordó la ejecución del proyecto denominado “Central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria; reformado del proyecto de construcción. Modificado II”, promovido por Red Eléctrica de España SAU.
La medida permitió además suspender parcialmente el planeamiento urbanístico y territorial vigente para facilitar la implantación de esta infraestructura estratégica para el sistema energético insular.
Turcón cuestiona la legalidad del procedimiento seguido por el Gobierno de Canarias, al considerar que se recurrió a mecanismos excepcionales y sin precedentes para posibilitar el encaje territorial de la obra.
Según sostiene el colectivo ecologista, el proyecto afecta directamente a tres espacios integrados en la Red Natura 2000, además de generar afecciones indirectas sobre otros dos espacios protegidos, con especial incidencia en el barranco de Arguineguín.
Tras analizar la sentencia del TSJC, la organización ha optado por presentar dos recursos diferenciados: un recurso de casación estatal, que será resuelto por el Tribunal Supremo, y un recurso de casación autonómico, cuya tramitación corresponde al propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Según explica Turcón, esta estrategia jurídica busca diferenciar las cuestiones relacionadas con el derecho estatal y europeo de aquellas vinculadas a la normativa autonómica canaria.
Entre los argumentos centrales del recurso estatal figuran presuntas vulneraciones de la legislación ambiental europea y española, con especial referencia a la Directiva Hábitats, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el principio de no regresión ambiental, que impide reducir los niveles de protección ya alcanzados sobre el territorio y la biodiversidad.
El colectivo considera además que el caso trasciende el ámbito insular, al plantear un debate jurídico de alcance general sobre los límites de los procedimientos excepcionales para implantar infraestructuras energéticas en espacios ambientalmente sensibles y su compatibilidad con las obligaciones de conservación derivadas de la Red Natura 2000.
En paralelo, el recurso autonómico cuestiona la interpretación realizada por el Gobierno de Canarias sobre el artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias y el alcance de las facultades que dicho precepto atribuye a la administración para impulsar este tipo de proyectos.
Turcón sostiene que el litigio aborda uno de los grandes retos de la transición energética: compatibilizar el desarrollo de infraestructuras renovables con la preservación del patrimonio natural.
En este sentido, el colectivo asegura respaldar el cambio de modelo energético, aunque rechaza, según afirma, una implantación basada en grandes infraestructuras que afecten a espacios naturales protegidos y suelos rústicos de protección agrícola. La organización defiende, frente a ello, un modelo energético “sostenible, público, justo y descentralizado”.
La Plataforma Salvar Chira-Soria también ha anunciado que presentará un recurso de casación «porque los argumentos de la sentencia son muy discutibles y consideramos no entra en el fondo de la demanda».
Este colectivo recuerda que para que el bombeo reversible de Soria – Chira tuviera encaje urbanístico, en octubre del 2010 el Gobierno de Canarias suspendió transitoriamente las determinaciones urbanísticas del Plan Insular de Ordenación Territorial de Gran Canaria, del Plan de Uso y Gestión del Parque Rural del Nublo, del Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana y de las Normas Subsidiarias de Mogán, que garantizaban la protección medioambiental del espacio en cuestión.
«Es decir, que nuestras instituciones desprotegieron un espacio natural para legitimar la construcción de la obra en beneficio de Red Eléctrica con la complicidad y modificaciones de todos los hechos legales por parte de las administraciones Canaria, Nacional MITECO, CNMC, Comisión Europea entre otros y el liderazgo del Cabildo de Gran Canaria», subraya la plataforma.
